El 31 de agosto próximo Alejandra Gils Carbó, jefa de todos los fiscales nacionales, declarará en indagatoria por un caso donde se sospecha que hubo corrupción en la compra de un edificio de la Procuración General de la Nación.
Gils Carbó está imputada en la causa en la que se investiga el pago de millonarias comisiones como producto de la compra-venta del edificio de la calle Perón 667 donde desde 2013 funcionan las principales dependencias de la Procuración General de la Nación.
La Procuración pagó $43.850.000 por el edificio de la calle Perón 667 que vendió el Grupo Bemberg. Como derivación de esa compra-venta, la firma Arfinsa (del Grupo Bemberg) le pagó a la inmobiliaria de Bárbara Jaureguiberry la suma de $7,7 millones de comisión. A su vez Jaureguiberry compartió ese dinero con un ignoto productor de seguros de la ciudad de La Plata sin relación alguna con el negocio inmobiliario: Juan Carlos Thill.
Thill resultó ser medio hermano de Guillermo Bellingi, el funcionario que Gils Carbó puso a cargo de la licitación del año 2013 y que tomó decisiones que, según los investigadores, favorecieron a la firma ganadora de la licitación.
Cuando Infobae reveló el cobro de comisiones por parte de Thill, Gils Carbó apartó a Bellingi, quien hasta este año revistaba en la Procuraduría que combate el lavado de dinero: Procelac. Cuando se terminó la suspensión Bellingi volvió a la Procuración, pero ahora trabaja en la Biblioteca.
El fiscal Eduardo Taiano, quien investiga el caso, pidió la indagatoria de su jefa y de otros imputados porque considera que se cometieron los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Según Taiano se direccionó la licitación para que Arfinsa fuera el ganador y se recibieron coimas.
Fue fundamental en el proceso licitatorio la intervención de Bellingi cuyo medio hermano apareció como intermediario en la operación y cobró 3 millones de pesos. Todo está documentado, con facturas y pagos registrados.
Thill deberá presentarse hoy a declarar en indagatoria ante el juez Julián Ercolini. Tiene que explicar cómo fue que terminó cobrando 3 millones de pesos (en julio de 2013) producto de su "asesoramiento" a la inmobiliaria que intervino en la operación de la compra-venta del edificio de la calle Perón 667.
Hasta ahora hubo varias declaraciones indagatorias. Pasaron por el juzgado de Julián Ercolini la semana pasada los directivos de Arfinsa Adrián González Fischer, Pedro Viceconte y Roberto Martino.
También declararon dos ex funcionarios del área de Administración de la Procuración, el lugar desde donde se manejaron las licitaciones. Héctor Zurita y Jorge Domanico revistaban allí y se habían encargado de las licitaciones con anterioridad al arribo de Bellingi, quien fue nombrado por Gils Carbó coordinador del área. Zurita y Domanico sostuvieron que Bellingi tuvo un papel preponderante en la licitación bajo investigación.
Además declaró Jaureguiberry, quien presentó un escrito en el que negó haber cometido delito. Incluso manifestó estar en "las antípodas" de Gils Carbó.
La agente inmobiliaria que cobró 7,7 millones de pesos de comisión señaló: "Soy consciente del contenido político que tiene esta causa, y que los daños que se me vienen infringiendo con mi involucramiento y con su amplificación a través de la prensa no son más que daños colaterales en una disputa en la que soy ajena, y en la que paradójicamente se me pretende vincular a una de las contendientes con las que, como ciudadana, siempre sentí en las antípodas de mis convicciones".
En el escrito de Jaureguiberry al que Infobae accedió a través de fuentes vinculadas al caso, la empresaria apuntó: "En todo el proceso licitatorio que culminó con la venta del inmueble de la calle Perón no tuve ninguna actuación irregular, percibí comisiones legales y en forma documentada por esa operación. Reflejé la contratación de Thill a través de un documento escrito, en el que consigné las tareas puntuales por las que se contrataba sus servicios, los que aboné también de modo documentado. Y el dinero que percibí de Arfinsa por esa operación tuvo un destino transparente. No existe una sola prueba que muestre que fui un instrumento doloso para el pago de comisiones indebidas destinadas a comprar la voluntad de un funcionario público"
Jaureguiberry asegura que no sabía que Thill –el hombre que se ofreció gentilmente a asesorarla en la licitación– fuera medio hermano de Bellingi, el subdirector de la Procuración que tenía a cargo la licitación.
En la causa está pendiente el resultado de un amplio peritaje informático pedido por Taiano para obtener los mails que intercambiaron los involucrados en el caso. A partir de los mails se podrá saber en profundidad qué sucedió en aquellos meses de 2013 en los que se concretó la compra del edificio de la calle Perón por parte de la Procuración.
Bellingi, apuntado desde el entorno de Gils Carbó como el empleado infiel que hizo una maniobra cuestionable, debe declarar el 28 de agosto.
Tres días después será la procuradora general de la Nación quien deberá contestar preguntas de un juez y de uno de sus subordinados: el fiscal federal Taiano.