La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, denunció que el fiscal federal Eduardo Taiano "ha tenido fuertes presiones" para imputarla y pedir su indagatoria en la investigación por la compra del edificio de la calle Perón.
La jefa de los fiscales aseguró que el expediente a través del cual se hizo la operación que ahora es analizada por la Justicia "es impecable" y lamentó que se haya tratado el tema con "liviandad".
"Hubo más oferentes que en las licitaciones anteriores. Ganó el que ofertó el mejor precio. No primó ningún puntaje. Cauando vemos la citación, habla de una sospechosa inclusión de un pedido de cochera y auditorio; la liviandad de los argumentos es parte de la misma operación", aseguró la funcionaria en radio Blue.
La "operación" -cree Gils Carbó- comenzó en diciembre de 2015, cuando asumió Mauricio Macri, quien durante la campaña electoral ya hablaba de la posibilidad de destituir al procurador para designar a alguien de su confianza. "Luego de eso vimos en este año y medio cómo fueron fracasando distintos intentos de controlar el Ministerio Público Fiscal", repasó.
La principal sospecha que tiene la Justicia sobre la operación de compra del inmueble se basa en una comisión millonaria que cobró Juan Carlos Thill, medio hermano de Guillermo Bellingi, un funcionario de la Procuración que fue suspendido luego de que explotara el escándalo.
Gils Carbó admitió que durante las auditorías internas que se realizaron no se detectó ese pago y lo que debieran investigar los tribunales es "si alguien vendió una influencia que no tenía".
El juez federal Julián Ercolini se pronunciará en las próximas horas sobre el pedido de indagatoria realizado por Taiano. Hay rumores que indican que el presidente Mauricio Macri espera dicha citación para avanzar con la remoción de Gils Carbó por decreto. El instrumento es discutido. El diputado Pablo Tonelli defendió la legalidad de la medida, Elisa Carrió y Sergio Massa la rechazan: dicen que sería "un mamarracho".
La procuradora adelantó que en caso de dictarse una medida en tal sentido continuará en su puesto porque su misión es defender la institucionalidad de un estamento autónomo que ostenta garantías constitucionales. "Si me destituyen por decreto es inválido, sería lo mismo que yo quisiera remover a un ministro de la Corte", sintetizó.
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