La suerte de Julio De Vido quedará en manos del Congreso, siempre y cuando el juez federal Luis Rodriguez haga lugar al pedido de desafuero solicitado hoy por el fiscal Carlos Stornelli en la causa que investiga irregularidades en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). En la actualidad, el oficialismo no tiene los números necesarios para aprobar esa medida. La ley de fueros exige dos tercios de la presentes en el recinto. "Es muy difícil en este momento", dijo a Infobae el diputado del PRO Pablo Tonelli. Sin embargo, el pedido podría atravesar, sin sobresaltos, la comisión de Asuntos Constitucionales, primera escala en el Congreso.
Según la Ley 25.320, promulgada en 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la solicitud de desafuero debe ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene un plazo de 60 días para emitir dictamen. En esa instancia, la norma requiere mayoría simple. Con el apoyo del Frente Renovador y del bloque Justicialista, el pedido se aprobaría sin sobresaltos.
En la Cámara de Diputados, el panorama es bien distinto, pese a los deseos de la Casa Rosada. La ley pone un plazo de 180 días para el tratamiento del pedido "aun cuando no exista dictamen de comisión", pero se requiere una mayoría especial de dos tercios de los presentes. "Es muy difícil en este momento", admitió Tonelli, que preside la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales. Dentro y fuera del oficialismo ya se pusieron a hacer las cuentas.
Carrió, que batalló durante años contra De Vido y su círculo íntimo, admitió las limitaciones del oficialismo en el Congreso: "Se perderá una vez, se perderán dos veces, pero me parece importante. La tercera van a tener que darle el desafuero y van a tener que ir presos", dijo.
El Frente Renovador anticipó que apoyará el desafuero, aunque las miradas están puestas en el Frente Para la Victoria. "Vamos a votar afirmativamente el desafuero de De Vido si la Justicia lo requiere", se apuró a decir Graciela Caamaño.
La ley de fueros no impide que un legislador o funcionario sea llamado a indagatoria en el marco de una causa penal. "El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad, pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político", dice la norma. Sin embargo, Stornelli pidió el desafuero antes de la indagatoria.
La situación procesal del ex ministro de Planificación ya había generado un debate legislativo cuando el juez Luis Rodriguez, el mismo que tiene la causa de YCRT, ordenó un allanamiento sobre su domicilio y el Congreso demoró casi dos meses en aprobarlo.
En aquel momento, el oficialismo impulsó una reforma para declarar inconstitucional el artículo que prohíbe el allanamiento de los domicilios y oficinas de legisladores nacionales. Pero el proyecto nunca se trató, ni tuvo dictamen. Ni siquiera el bloque radical facilitó el quórum en la comisión de Asuntos Constitucionales.
Aunque ya no tiene el blindaje en Comodoro Py que lo acompañó todos estos años, De Vido no pierde las esperanzas. Cuando un cronista de TN le preguntó por el trámite parlamentario del pedido de desafuero, el ex ministro se sonrió y le contestó: "Primero tiene que decidir el juez".
De Vido habló minutos después de sufrir una derrota, a manos del oficialismo, en la comisión de Energía, la cual preside. El ex ministro había convocado una reunión a las 16 horas para tratar dos proyectos del kirchnerismo. Pero los diputados de Cambiemos lo dejaron sin quórum y le generaron la segunda frustración de la tarde.