La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (en carácter de presidente del tribunal), Mariano Hernán Borinsky y Liliana E. Catucci, declaró inadmisible un recurso extraordinario federal que había interpuesto por la defensa de Lázaro Báez.
La defensa del empresario patagónico pretendía impedir la entrega de los rodados y maquinarias pertenecientes a las empresas "Austral Construcciones" y "Kank y Costilla" a la Dirección Nacional de Vialidad, en carácter de depositario judicial.
Son tractores, retroexcavadoras, volcadoras, camiones y camionetas a las que el Ministerio de Transporte envió a distintas provincias para cumplir con un ambicioso plan de obra pública. De las 986 máquinas incautadas, 451 están en buenas condiciones, reveló una auditoría realizada en abril.
Según informaron fuentes oficiales a Infobae, las máquinas que están en condiciones se utilizarán en una primera instancia para atender el mantenimiento de 14.105 kilómetros de rutas nacionales no concesionadas, que equivale aproximadamente a un tercio de la red de vialidad.
En la causa, Báez se encuentra procesado por el delito de lavado de activos, con relación a la realización de maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa, en perjuicio del Estado Nacional.