La fundación solidaria que creó el padre Grassi quedó envuelta en otra polémica

El padre Julio Grassi había dejado de existir hace mucho tiempo en la Fundación Felices Los Niños. Infobae visitó su sede en Hurlingham el 23 de marzo pasado, el día después de que la Corte Suprema confirmara la condena a 15 años de cárcel al cura abusador. El cambio de época era notable.

Felices Los Niños había caído en la ruina durante la década pasada. Cualquiera que pasara por el alambrado alrededor de sus 67 hectáreas podía verlo. El predio, marcado por el abandono, el óxido y la basura, se había convertido en una escenografía de The Walking Dead, en lo que había sido el corazón del imperio solidario más grande de la Argentina.

Los donantes habían desaparecido, pero los chicos no. Las escuelas todavía funcionaban entre vidrios rotos, la Fundación estaba asfixiada por juicios gracias a los desmanejos de Grassi y su equipo, por ejemplo, uno iniciado por la AFIP por dos millones de pesos en impuestos impagos que tramitó en la Justicia de San Martín.

El cura retenía su control sobre la Fundación a pesar de las atroces denuncias en su contra y una condena en primera instancia, enviando sus órdenes a los pocos colaboradores leales que le quedaban desde la quinta La Blanquita que alquilaba justo del otro lado de la calle en Hurlingham o desde la cárcel. Había pequeñas casas dentro del predio, sin luz ni gas: había también mujeres con hijos que calentaban pavas y ollas en braseros. "Grassi las mete, no le avisa a nadie, nadie controla", decía un colaborador. Varios centros a lo largo del país cerraron con el tiempo, fueron abandonados.

En 2015, un nuevo consejo tomó control del lugar, presidido por el abogado Juan Manuel Casolati, con fondos remitidos por la Secretaría de la Niñez bonaerense y Gabriel Vivaldi y el psicólogo Franco Lindon como director y vicedirector de la Fundación. Casolati afirmaba: "Grassi ya no tiene ninguna injerencia. No tiene nada que ver".

Del cura solo quedaba su vieja casa donde había cometido sus abusos, una ruina de cenizas tras un incendio, las viejas imágenes religiosas en la capilla, y un pasivo exorbitante de más de cien millones de pesos en impuestos impagos y juicios laborales. Sin embargo, la reconstrucción de la gestión de Lindon y Casolati le había ganado al recuerdo manchado de abuso sexual.

Al momento de la visita de Infobae, 1.500 chicos se educaban en las escuelas del predio, que dependen directamente del Gobierno provincial. 49 niños víctimas de violencia o negligencia familiar de uno a doce años eran criados en el seno de la Fundación, todos ellos supervisados por el Ministerio de Desarrollo Social y su correspondiente juzgado y asesoría pública, con el apoyo de un equipo técnico de psicólogos de la Fundación.

Ya habían sido concedidas siete guardas preadoptivas desde el comienzo de la gestión Casolati, luego de que ningún chico saliera del lugar durante la última década. Otros cuatros chicos ya habían sido adoptados por sus nuevas familias. Los vidrios rotos fueron recolocados y las paredes fueron pintadas; se encaró una fuerte tarea de desmalezamiento y fumigación.

Los fondos para sostener a la Fundación provenían del Organismo de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, presidido por Pilar Molina. Casolati reconocía un buen vínculo, hablaba con una sonrisa de un Estado provincial finalmente presente en Felices Los Niños.

Hoy, los directivos de la ex Fundación de Grassi y el Gobierno provincial están en pie de guerra. Felices Los Niños será intervenida, con una comisión controladora del Ministerio de Justicia a cargo de Gustavo Ferrari que reemplazará a la actual dirigencia para comenzar su "liquidación" por "falta de cumplimiento del objeto por el cual fue constituida".

La cuestión, básicamente, se reduce a papeles. Casolati, según aseguraron funcionarios del Ministerio de Justicia a Infobae, no entregó al Estado ninguna documentación contable y contractual de sus casi dos años de gestión, así como papeles que datan de la era Grassi.

La gobernadora Vidal misma entró de lleno en la polémica y afirmó esta tarde en un comunicado: "La Fundación es parte de 685 fundaciones que vienen siendo auditadas por el Gobierno de la provincia desde el mes de junio del año pasado. Son fundaciones que presentan irregularidades, que no han presentado una adecuada rendición de los fondos que reciben del Estado. Felices los Niños es una más que fue auditada y fue intimada en el mes de septiembre. En el mes de noviembre se comprometió a un plazo de regularización que no cumplió. Recibe un millón y medio de pesos por mes del gobierno de la provincia y desde el año 2008 que no ha presentado balances y no ha podido justificar cómo gasta los recursos que recibe de la provincia".

Lío de cuentas

Felices Los Niños recibió la notificación sobre su intervención el jueves 8 de este mes. El escrito llevaba la firma de Leonardo Jakim, director provincial de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y hablaba de históricos incumplimientos "reiterados y sistemáticos" a pedidos de documentación ante dictámenes del departamento de Inspecciones del Ministerio, con demoras e intimaciones, con estados contables finalmente presentados el mes pasado para los años 2007 y 2008. Otros papeles requeridos estaban ausentes. Según Casolati, asevera el acta, los libros se habían perdido en la Fundación, un incumplimiento a los ojos del Ministerio.

De vuelta al presente en Felices Los Niños, el documento firmado por Jakim también asegura que la Fundación no cumpliría su razón social. El Ministerio afirmó que "no existe pieza informativa alguna que dé muestra cabal de la aplicación de los fondos (…) no se puede saber cuánto es el dinero total que maneja la Fundación y en qué lo gasta" y que la Fundación "se encuentra en la práctica incumpliendo el objeto que motivara su creación".

Así, el control de Felices Los Niños quedará en manos de esta "comisión liquidadora". El funcionario asevera: "El proceso va a tender a determinar el activo y pasivo, así como liquidar activo para afrontar el pasivo, que según Casolati es de cien millones de pesos. Hay que ver qué pasó. No tiene balance, memoria, estados contables, no podemos fiscalizar el destino de los bienes".

El director de Felices Los Niños, niega las acusaciones en diálogo con Infobae. "La falta de balances es un cargo falso, pues ya habíamos dado inicio a este proceso. La Fundación debía balances desde 2007 y nuestro consejo directivo derivó este defecto de origen, complejo de solucionar. A pesar de ello, el año pasado comenzamos la tarea de sanear este cuestión, comenzamos a buscar información hacia atrás, reconstruyendo documentos hasta lo posible, logrando este año hacer las primeras presentaciones ante el Ministerio", asevera.

Casolati continúa: "Argumentan en su resolución que la entidad no cumple su misión. Es increíble acusarnos de esto cuando los avances, las obras y las tareas están a la vista. No hay motivo de intervención razonable. La decisión es discrecional, arbitraria y está estrictamente relacionada a reducir gastos en la provincia".

Sin embargo, los dardos más fuertes del actual jefe de la fundación creada por el cura Grassi no son al ministerio conducido por Gustavo Ferrari. Felices Los Niños depende de fondos del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, que financia y controla a los más de 200 hogares y centros de infancia en la provincia. Su jefa es Pilar Molina.

El domingo por la tarde, Casolati radicó una denuncia penal contra Molina que recayó en la UFI Nº 2 de Morón. El delito: incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Se está intentando asfixiar económicamente a la Fundación. Desde enero que no pagan las becas del hogar", asegura. Es decir, según Casolati, la entidad estatal que debería dar la plata para que los niños de Felices Los Niños vivan, simplemente dejó de pagar.

Fuego cruzado con chicos en el medio

No solo eso: el abogado, en su presentación ante la Justicia, aseguró que Desarrollo Social, además de no enviarle dinero, nunca dejó de enviarle chicos al hogar, entre ellos un bebé portador de VIH de tres meses. Casolati urgió a la Justicia que requiera al Ministerio las liquidaciones de los pagos de enero en adelante "que acreditarán sin duda alguna que mientras recibíamos derivaciones para cobijar niños y niñas se nos vedaba la recepción de fondos respectivos para hacer frente a nuestras obligaciones", asevera la denuncia ante la UFI Nº 2.

El abogado también aseguró que este supuesto desfinanciamiento no solo afecta a Felices Los Niños sino que "está provocando el colapso de los servicios locales de niñez" y que "muchos hogares convivenciales han cerrado sus puertas".

Pilar Molina, por su parte, no designó un abogado para defenderse: todavía no fue notificada de las acusaciones hechas por Casolati. Por su parte, las niega. "No es cierto que no cobraron. Desde enero hasta acá cobraron un millón de pesos por mes. Una vez que lograron presentar la documentación que se les exigía, el trámite se liberó. Cobraron un millón en vez de un millón y medio. De los doce convenios que tiene hubo retraso de documentación en algunos. No es cierto que están desfinanciados".

Molina también carga fuerte contra Casolati sobre el ingreso de nuevos menores: "No fueron derivados por nosotros. Aun cuando los chicos van por orden judicial, los jueces hacen ingresos a través nuestros, los últimos ingresos los acordó Casolati con equipos municipales sin dar intervención a la provincia", sostiene la funcionaria.

Casolati también denuncia algo peor que un desfinanciamiento. El megapredio de Felices Los Niños parecería ser el botín final: son 67 hectáreas de posibles negocios inmobiliarios premium en la zona oeste.

Las palabras del director son lapidarias: "La única finalidad que se persigue es la de hacer morir Felices Los Niños para recuperar las 67 hectáreas sobre la que se asienta la entidad y llevar adelante allí emprendimientos por el altísimo valor de esas tierras". Un alto funcionario bonaerense se ofusca ante la idea: "El predio ni siquiera es de la Fundación, es del Estado nacional. No se puede liquidar, no se puede convertir en un country, necesitarías una ley que nadie en su sano juicio haría, no hay ni miras a hacer eso".

¿Felices Los Niños cierra sus puertas? "Cierre" parece ser la palabra tabú en todo este proceso. Pilar Molina, desde Desarrollo Social, se niega a usar el término; habla de "proceso" de que "la comisión" haga "su trabajo". "Disolución" es el eufemismo empleado desde el Ministerio de Seguridad: "Si las cosas siguen como están, la Fundación tiene que ir a la disolución y la liquidación. Puede desaparecer la personería jurídica de la Fundación. Los más de cincuenta chicos que están no van a ser trasladados, los colegios son del Estado, no se van de ninguna manera".

Casolati, por su parte, afirma que apelará la decisión en la Justicia platense. La pelea puede ser larga.