El encuentro tuvo lugar el sábado a las 9:30 de la mañana en las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos. Luego de la reunión fallida del miércoles pasado, el ministro de Justicia Germán Garavano recibió al abogado que representa a la empresa Odebrecht en el país, Guido Tawill. Otras cuatro personas fueron testigos de la cumbre, pudo saber Infobae en fuentes oficiales. Y es parte de la negociación paralela que puso en marcha el Gobierno para intentar desplazar a la procuradora Alejandra Gils Carbó del manejo de los datos sensibles.
La primera reunión ocurrió el martes pasado, en la sede del Ministerio de Justicia, aunque un día antes se había anunciado un encuentro formal para el miércoles. Garavano se adelantó 24 horas y sorprendió hasta a sus propios funcionarios. En ese primer acercamiento, Odebrecht ofreció un acuerdo de colaboración. "Los representantes legales de la empresa acercaron al Ministerio de Justicia una propuesta que deberá ser evaluada por el estado argentino a los efectos de destrabar la entrega de información correspondiente a la investigación", informó luego el Ministerio de Justicia.
Al día siguiente estaba previsto otro encuentro, pero se terminó suspendiendo a último momento por un allanamiento en las oficinas de Odebrecht, ordenado horas antes por el juez Sebastián Casanello. A esa reunión también habían sido convocados la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el flamante procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien se enteró minutos antes pese a que su nombre circulaba por los medios desde el lunes a la noche.
La negociación con Odebrecht quedó en suspenso hasta el sábado a la mañana. Garavano esta vez optó por las oficinas del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex Esma), donde funciona la Secretaría de Derechos Humanos. En ese encuentro, hasta ahora desconocido, el ministro de Justicia estuvo acompañado de dos asesores: Eugenio Curia (coordinador de Asuntos Internacionales) y Marcos Salt. El abogado de la empresa, Guido Tawill, también decidió ir acompañado. Según los registro oficiales, estuvieron los abogados Pablo Maggio y Edgard Abreu Rocha Silva.
Según pudo saber Infobae, luego de la reunión, los abogados de la constructora entregaron un nuevo documento, que fue girado ese mismo día a la Procuración del Tesoro y a la Oficina Anticorrupción. Esos dos organismos deben ahora dictaminar sobre el polémico acuerdo de colaboración. La definición es inminente.
Desde el Gobierno ya dijeron públicamente que no van a firmar el acuerdo porque otorga impunidad a los directores de la empresa, que aspira a mantener los contratos vigentes. Pero la negociación sigue en marcha.
Hasta ahora, la estrategia oficial de correr a la procuradora Gils Carbó del medio fracasó. En la últimas horas, la funcionaria hizo filtrar un documento de la Procuración General de Brasil donde le advierte que los datos aportados por directivos "arrepentidos" no pueden ser revelados públicamente, tal como pretende el Gobierno.