Carlos Zannini abandonó la gestión kirchnerista sin conocer los tribunales de Comodoro Py. Ese privilegio le valió alguno enojo de su ex jefa, Cristina Kirchner, con tres procesamientos a cuestas. El segundo de Zannini, Carlos Liuzzi, no tuvo tanta suerte. Dos jueces lo sobreseyeron, pero sigue batallando para intentar demostrar que no se enriqueció de manera ilegal. No es un tarea sencilla. La investigación judicial avanza y suma nuevas pruebas. Un departamento en Punta del Este, cuentas bancarias, y campos en Mendoza, están ahora bajo la lupa.
Liuzzi arrancó la gestión kirchnerista con un patrimonio de apenas $190 mil, distribuidos en una casa, un terreno en Pilar, dos departamentos en Capital, un tiempo compartido en Bariloche y dos autos. Doce años después se fue rico. Llegó a comprar dos departamentos lujosos en Puerto Madero, campos en Mendoza y acciones de varias empresas. Según su última declaración jurada, de fines de 2015, tenía $8.940.611 (se duplica si se tiene en cuenta los valores de mercado de las propiedades).
Tras el cambio de gobierno, el juez Luis Rodriguez sobreseyó a Liuzzi aunque el perito contador de la Corte Suprema que estudió la evolución de los bienes del ex funcionario había dicho que se detectó un enriquecimiento patrimonial injustificado. Otro dato llamativo: el fiscal Ramiro González no apeló. Pero la causa fue a la Cámara Federal por impulso de la Oficina Anticorrupción.
En marzo del año pasado, la Cámara revocó ese fallo y le sacó la causa a Rodríguez, el mismo juez que ya lo había beneficiado con otros dos polémicos sobreseimientos. "Va a ser sobreseído en las tres causas", vaticinaban los meses previos desde el entorno de Liuzzi. No se equivocaron.
El primero sobreseimiento había sido por el llamado al juez Norberto Oyarbide para frenar un allanamiento en la financiera Propyme, de Carlos Greppi, amigo de Liuzzi.
A tres semanas de las elecciones presidenciales de 2015, Rodríguez sobreseyó nuevamente al ex subsecretario Legal y Técnico en la causa en la que se investigaban los millonarios contratos que le otorgó a la consultora ADCONSA, de Guillermo Benvenuto, un íntimo amigo de Liuzzi. Esa firma fue contratada por Legal y Técnica, desde 2006, para los trabajos de informatización en el Boletín Oficial y para desarrollar el sistema informático de NIC.ar, el organismo que maneja todos los sitios de Internet en el país.
La causa por enriquecimiento es la única que sigue en pie. Ahora está a cargo del juez Marcelo Martinez De Giorgi.
En los últimos meses, los investigadores se encargaron de reunir información oficial que nunca había sido pedida. Sobre las cuentas bancarias, por ejemplo, no se habían solicitado los últimos movimientos. Tampoco se había investigado el patrimonio de toda la familia de Liuzzi en el período correcto. Eso obligó a enviar oficios a los Registros de la Propiedad Inmueble y Automotor, entre otros organismos. Son elementos básicos para una causa por enriquecimiento. Pero no estaban.
También se profundizó la investigación sobre una propiedad ubicada en Punta del Este, que figuraba a nombre de la actual mujer de Liuzzi, Thaiss del Corazón de Jesús Hidalgo. Según su declaración jurada de 2012, el departamento tiene 48 m2 y costaba apenas $1.170.720. Pero la Oficina Anticorrupción denunció que se vendió en $3.420.000, pagados en 36 cuotas de $95 mil. El vendedor fue un ciudadano de origen español, Trinitario Casanova Abadia.
El organismo que conduce Laura Alonso también reclamó que se investigue cómo se pagaron las expensas a partir de 2011 (tal como se hizo con el country "Los Lagartos", donde vivía Liuzzi con su ex esposa), y que se llame a declarar como testigo al vendedor. Las medidas podrían ser activadas ahora por Martínez de Giorgi a través de un exhorto a Uruguay.
El juez recogió en los últimos meses información de las cuentas bancarias de Liuzzi y de sus tarjetas de crédito. Hasta ahora, no surgieron movimientos sospechosos. Sin embargo, los datos deberán ser estudiados, en profundidad, en una nueva pericia.
Por la vía del exhorto, Martinez de Giorgi también obtuvo documentación oficial sobre las inversiones en la localidad de Tupungato (Mendoza), donde Liuzzi adquirió varios terrenos. Las respuestas de la Inspección General de Justicia (IGJ) y del Registro de la Propiedad local hasta ahora no arrojaron datos sustanciales. Según esos informes, el ex funcionario no tiene ningún emprendimiento vitivinícola a su nombre.
La mala noticia para Liuzzi es que la causa sigue viva. La buena es que ya pasaron cinco años. Y que es más difícil encontrar una prueba contundente. "Hay cajas de seguridad (algunas abiertas y otras cerradas) que nunca fueron revisadas", grafica un investigador.
A eso se suman las idas y vueltas en el submundo de Comodoro Py. Por esta causa, Liuzzi fue sobreseído dos veces. Primero se encargó el polémico ex juez Oyarbide, el mismo que tuvo que contar que lo conocía. La excusa para sobreseerlo fue un informe de la Oficina Anticorrupción (en manos del kirchnerismo). El escándalo de la llamada permitió reabrir el expediente. Pero el juez Rodríguez otra vez hizo lo suyo. ¿Habrá una tercera oportunidad?