Fiscales en actividad y retirados expusieron en la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público los fundamentos de sus denuncias contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por presuntas irregularidades en la designación de fiscales y en la compra de un edificio.
En una reunión impulsada por legisladores de Cambiemos, desde donde Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra la jefa de los fiscales que hasta ahora no logró prosperar, la procuradora fue puesta en tela de juicio por varios de los funcionarios que están a su cargo.
El primero en abrir el fuego fue Carlos Rívolo. Repasó las supuestas faltas en la designación de titulares en las fiscalías de General Pico (La Pampa), Tartagal (Salta), Santiago del Estero y Goya (Corrientes), pese a que los juzgados aún no están en funcionamiento.
"La designación de un fiscal es un acto complejo, constitucional, en el que interviene mediante el acuerdo el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo les asigna un lugar específico como un acto administrativo", explicó Rívolo. Y argumentó: "La Procuración no debería pasar por encima estas cuestiones y mucho menos designar fiscales en lugares que están inactivos".
En la comisión bicameral que preside la diputada massista Graciela Camaño, Rívolo aseguró que les consta que hay casi 1.500 personas que se incorporaron durante esta gestión "sin respetar el principio de oportunidad y proporcionalidad".
Guillermo Marijuán, quien actúa en la causa que investiga a Lázaro Báez, se explayó sobre su desplazamiento en 2014 de la Unidad Fiscal para la Investigación de delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES) y su reemplazo por fiscales relacionados con el kirchnerismo.
Las preguntas fueron realizadas en su gran mayoría por los legisladores de Cambiemos Laura Rodríguez Machado, Silvia Elías de Pérez y Lucas Incico. Rodolfo Tailhade fue el único representante del kirchnerismo en la reunión.
Otro convocado fue Luis Santiago González Warcalde, quien renunció en 2013 como procurador fiscal ante la Corte Suprema. Dijo no tener "ninguna animadversión" contra Gils Carbó; "al contrario".
"Antes de dejar el cargo cancelé un sumario que tenía abierto desde hacía cinco años porque consideré que era una espada que uno tiene permanentemente contra una persona sin resolver una situación", repasó.
Sobre la compra de un inmueble para la Procuración que hizo Gils Carbó, que también fue denunciada por sectores que pretenden su desplazamiento, González Warcalde indicó que en el lapso que le tocó reemplazar al procurador general se enteró de que estaban buscando un nuevo edificio.
El fiscal Raúl Plee, quien estaba a cargo de la Unidad Fiscal especializada en lavado de dinero antes de que fuera reemplazado el organismo por la PROCELAC, dijo que su sucesor, Carlos Gonella, integrante de "Justicia Legítima", fue puesto en el cargo con funciones de fiscal pese a que "en ese momento era secretario de una fiscalía de un tribunal de Córdoba".
También Plee relató las frecuentes negativas que recibió de la Procuración General a los pedidos que realizó para aumentar la dotación de personal de su fiscalía. Por último, el fiscal Germán Moldes cuestionó a la procuradora haber efectuado designaciones de gente en las fiscalías "sin la especialización adecuada".
Camaño condicionó la fecha en que concurrirá Gils Carbó a hacer su descargo, que iba a ser el 18 de mayo, a la prórroga de los plazos que se le darán a la procuradora para que responda nuevas preguntas por escrito que le hizo llegar la comisión a propuesta de legisladores de Cambiemos.