Jaime Malamud Goti: “Está bien el fallo de la Corte, los grupos de DDHH no pueden desconocer garantías procesales”

A Jaime Malamud Goti se lo puede definir como un experto en transiciones difíciles: ha presenciado y asesorado en muchos y muy diversos escenarios de países en tránsito del conflicto a la paz y la reconstrucción.

Está sorprendido por el modo en que en la Argentina, a diferencia de otras naciones donde las modalidades adoptadas para procesar esos crímenes apuntan a una superación lo más rápida posible para concentrarse luego en la recuperación de la cohesión perdida, no existe ese norte. "Se ha sufrido bastante en Argentina, pero no se está mirando a futuro. No veo un movimiento colectivo hacia la construcción de una comunidad".  

Doctor en derecho, Jaime Malamud Goti fue convocado por Raúl Alfonsín en 1983, junto a su colega Carlos Nino y otras personalidades, para diseñar una política de respuesta a la violencia y a los crímenes cometidos por la dictadura durante los años de la represión.

Más tarde, desarrolló una tarea parecida para organizaciones como Amnesty International, Human Rights Watch y Ara Pacis, en Bosnia, Ruanda y Sudáfrica, entre otros países.

Volcó parte de esa experiencia en un libro reciente, Crímenes de Estado. Dilemas de la Justicia (Hammurabi, 2016). "¿Contribuyeron los juicios a afianzar la democracia argentina?", es un subtítulo, pero también una pregunta que pocos se hacen.

"Al centrar la culpa en un limitado sector de la población, los juicios de derechos humanos reinventan la historia –escribe-. (El) significado de la 'verdad' resultante, frecuentemente percibida como facciosa, es objeto de disputas inzanjables".

En su opinión, "la inculpación oficial por serios crímenes fomenta una concepción política sin tonalidades intermedias, un panorama de blanco contra negro". Y agrega que "la perseverancia de esta lógica dual en el reino de la política puede perjudicar eventualmente el logro de una comunidad integrada, pluralista y políticamente responsable".

No es que Malamud Goti esté en contra del enjuiciamiento de este tipo de crímenes (de guerra, lesa humanidad, etc.), pero considera que "la inculpación institucionalizada" debe ser "un paso crucial" hacia un "objetivo más amplio" que es el de "promover una conciencia general de los derechos y responsabilidad ciudadana", para "el desarrollo de una comunidad integrada y pluralista".

"Sin embargo –advierte-, cuando se prolonga en el tiempo más allá de cierto punto, el proceso de inculpación institucionalizada se vuelve contraproducente".

Esto se debe a que "desanima una más profunda inspección de los factores que contribuyeron a la brutalidad". "La lógica dual víctima-perpetrador desalienta una compleja y matizada concepción del rol desempeñado por los diferentes actores sociales", agrega.

Introspección ausente del debate público de la Argentina en estos años.

En esta charla con Infobae, Jaime Malamud Goti se explaya sobre otras experiencias de las que ha sido testigo en comparación con la Argentina y, sobre todo, expresa su desesperanza de que se logre "construir autoridad", es decir, consolidar instituciones que estén por encima de los vaivenes políticos y sean respetadas por todos.

— ¿Qué opina del fallo por el cual la Corte Suprema de Justicia opinó que correspondía el cómputo del dos por uno en una sentencia contra un militar de la dictadura?

— Estoy de acuerdo con el fallo, porque hay un momento en que los grupos de Derechos Humanos deben entender que no se puede desconocer todos los avances del derecho penal en materia de garantías procesales. Existen principios del derecho, como la imprescriptibilidad: no se puede juzgar a un viejito por lo que hizo a los 20 años… Y nadie puede estar detenido eternamente sin condena, como de hecho está pasando. Hay que computar de otro modo esos años. Además está el principio de igualdad ante la ley, que tampoco debería ser violado. Leí por ejemplo que uno de los argumentos en disidencia es que no hay peores crímenes que esos. Esa es una afirmación dogmática, digna de los tiempos políticos que vivimos, nada más.

— Usted menciona principios muy básicos del derecho. Para reabrir los juicios, también se violó, con bastante ligereza, la irretroactividad de la ley penal, un pilar del sistema. El genocidio no prescribe. Pero lo dijeron 20 años después. Y lo hicieron valer hacia atrás…

— Es así. El propio (Raúl) Zaffaroni me lo dijo personalmente, a mí, que no sabía hasta qué punto estaba legitimado, cuando llegó el momento de declarar nulas las amnistías, amnistías sancionadas por el Congreso, además… Me comentaba eso y al poco tiempo sacan este fallo anulando las leyes de amnistía. Eso me pareció realmente contradictorio, porque no sólo era aplicar la ley retroactivamente sino ignorar la jurisdicción, la autonomía del Congreso.

— La misma Corte que había declarado constitucional la Ley de Obediencia Debida luego la declaraba inconstitucional. Y Enrique Petracchi, por ejemplo, firmó los dos fallos.

— Me llamó poderosamente la atención, me pareció cierta falta de integridad. Pero hablando más en general, es grave cuando no hay autoridad por parte de los jueces, cuando no se animan, cuando tienen miedo. Y eso es lo irreparable de la Argentina, que los jueces saben que cuando se dé vuelta la cosa van a sufrir una persecución política o arbitrariedades perpetradas en contra de alguien por inquinas personales. Es un tema difícil, complicado para resolver. Cómo realmente legitimar a los jueces, darles fuerza.

— ¿Cuándo y cómo lo convocó Raúl Alfonsín?

— Digamos que ya después de Malvinas, éramos un grupo, con Carlos Nino y otros –nuestro referente era Genaro Carrió- pensábamos realmente que era el principio del fin. Entonces empezamos a pensar en la cuestión del castigo. Yo no creía ni creo demasiado en Núremberg. Pero acá, las víctimas tenían razón, habían sido humilladas, habían visto vulnerada su dignidad, pero yo no creía en juzgar a más de 50 personas, a lo sumo, de modo que terminaran condenadas unas 20 ó 30. Yo sostenía que era conveniente que los militares juzgaran a su propia gente primero, para que ellos dijeran quiénes eran los peores entre ellos mismos, pero con apelación a los tribunales civiles. Mis antecedentes eran los coroneles griegos, un caso muy especial: eran militares juzgando a militares.

— Pero los militares no se juzgaron.

— El primer paso lo dieron. El Consejo Superior procesó a las juntas, a Videla, a Massera. Después la cosa quedó pendiente y creo que iba a una absolución. Entonces ahí lo tomó la Cámara y se armó el juicio que conocemos todos. Yo fui un poco el que diseñó cómo iba a ser, le recomendé a Alfonsín quiénes podían ser los miembros del Tribunal, que habían sido al mismo tiempo jueces o funcionarios del Poder Judicial durante la época militar; no era gente que entraba por la ventana. Pero el criterio fue que se hubieran comportado correctamente en esos años.

— Después de que Alfonsín manda la Ley de Punto Final, para limitar el número de procesado, a los jueces les da el frenesí de procesar a todo el mundo, 400, 500. Lo que llevó al levantamiento carapintada. Pero, ¿por qué cree que pasó eso? Los jueces estaban en hacerse…

—…las estrellas. Cuando se impone cierta moda todo el mundo quiere sobresalir.

— ¿Por qué fracasó aquella política? Pasaron ya 40 años del golpe y estamos discutiendo como si hubiera sido ayer.

— Sí. Mire, yo había estado en Serbia en la época de Tito, y de nuevo después, durante lo de Bosnia. Había hablado con unos académicos serbios y decían algo muy interesante. "Nosotros admitimos Srebrenica y otros casos, admitimos que acá hubo realmente crímenes tremendos, de guerra, crímenes de lesa humanidad; pero no queremos admitir que hubo genocidio porque no podemos construir una comunidad sobre la base de que hemos eliminado a un grupo religioso, a un grupo étnico, a un grupo racial". Entonces comparo con la Argentina, donde la gente se llena la boca hablando de genocidio y 30 mil desaparecidos, y no hubo ni uno ni otro, y me parece que en la Argentina tremendista, con afán de protagonismo, cada uno puede agregar un dato a ver cuánto más se ha sufrido en este país. Se ha sufrido mucho, pero lo que quiero decir es que no se está mirando a futuro. No veo que haya un movimiento general popular o un movimiento colectivo hacia la construcción de una comunidad nacional, como hay en Uruguay, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa.

— En Europa después de la guerra hicieron la Unión Europea. Y la hicieron esencialmente los dos países que más enfrentados habían estado, Francia y Alemania. Y no habían pasado 40 años…. Cuando Kirchner cedió la ESMA a los grupos de derechos humanos, allí funcionaban varios liceos y escuelas navales, y hubo padres de los alumnos que le pidieron al presidente que no los cerrara, que permitiera la convivencia. Era una oportunidad, considerando que se trataba de una generación completamente distinta. Pero no.

— Esto se relaciona con la construcción de la historia a través de mentiras y de omisiones. Esta cuestión de focalizar los juicios en un grupo, en los militares casi exclusivamente, implica decir que esta gente apareció como si fuera de Uganda, "cayó" en Argentina no se sabe cómo. En Argentina hubo mucha aprobación al golpe.

— Podemos incluso comparar con la región. En Uruguay y en Chile hay una visión más ecuánime, que reconoce errores de ambos lados, que admite que también desde los partidos de izquierda y desde la guerrilla se contribuyó a la escalada de la violencia. Acá la versión es dual, como señala usted en el libro, una lógica víctimas-perpetradores y punto.

— Por eso soy escéptico. En un libro mío anterior, digo que culpar, y además culpar formalmente en los tribunales, lo que hace es mandar al trasfondo a todos los actores contribuyentes. O sea, en la Argentina había que asumir muchas más responsabilidades que esas. El Proceso no salió de otro lugar que de aquí. Es un hecho del cual la Argentina tiene que hacerse cargo.

— En el libro, usted señala otras consecuencias graves de eso, en el plano institucional del país, ¿no?

— Sí. Lo que me preocupa enormemente en el país es la construcción de autoridad. Yo viví afuera muchos años, en Caracas, en Alemania, en Estados Unidos. Lo que me llamaba la atención es que cuando condenaban a alguien, después podía ocurrir que un Tribunal de Apelación descubriera una falla o lo que fuese, pero mientras tanto se mantenía la idea de que el juez, el jurado, cuando había dicho algo era porque realmente representaba algo. Lo mismo pasaba con la policía. Acá es muy difícil, porque no se sabe si el policía que actúa en la calle tiene respaldo y no sea que lo echen porque detuvo a un diputado o a un ministro. No creo que Estados Unidos sea la panacea ni mucho menos, pero estas cosas funcionan. O sea, a un empleado no se lo lleva por delante alguien porque sea ministro, senador o gobernador; porque el jefe de este hombre, empleado o funcionario, lo va a defender. Hay toda una cadena por la cual el empleado puede exigir que lo trate bien un cliente. Por eso soy un poco pesimista en cuanto al futuro del país realmente.

— ¿Qué cree que se podría hacer? Otra iniciativa de Raúl Alfonsín de la que usted participó fue el Consejo para la Consolidación de la Democracia, un ámbito plural -ahora no hay ninguno-, para aconsejar al gobierno. ¿No sería una alternativa útil para reunir experiencia e inteligencia al servicio del país?

— Es muy posible. Tenemos un Poder Judicial malo, tenemos un país donde la gente no cree en el Poder Judicial. Así como los militares decían que los juicios en su contra eran la continuación de la subversión o algo por el estilo, ahora los seguidores de Cristina Kirchner consideran que hay una especie de venganza política por parte de los poderosos en contra de ella… Realmente me preocupa mucho el tema de la autoridad. En la Argentina esta cuestión de "si no estás conmigo, estás contra mí" es un criterio que ha rondado a través de los años y que no solamente ha sido patrimonio de los gobiernos militares. Y eso no da lugar a la autoridad. El que me pregunta o acusa de algo pasa a ser automáticamente un enemigo. Con ese criterio, la autoridad es imposible; no hay lugar para la neutralidad, para la parcialidad.

— En este último libro también habla de otras transiciones…

— Es una compilación de artículos ya publicados, aquí y en el exterior, sobre el tema de los tribunales internacionales. La idea es que, si no juzga el país, que se metan los tribunales internacionales; la cuestión es no dejar a esa gente sin juzgar. Entonces objetan amnistías, por ejemplo, objetan la forma en que los países van escribiendo su historia, la escribe Uruguay de una manera,  Argentina y Chile de otra.

— En su opinión, ¿corresponde dejar que cada país haga su proceso?

— Totalmente. Cada uno construye su historia como puede y uno además construye su historia de acuerdo a si está mirando hacia el futuro o si se quiere aferrar al pasado. Nosotros nos aferramos al pasado y todavía estamos discutiendo a Perón. Perón tiene medio siglo de muerto. Es como discutir a Julio César.

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