Con la intención de paliar la crisis energética, el kirchnerismo importó barcos de Gas Natural Licuado (GNL) para abastecer las plantas de Bahía Blanca y Escobar. El GNL que se descarga de los barcos en estas terminales en estado líquido, es regasificado en un buque que hace las veces de planta, para luego ser inyectado a la red de distribución que llega hasta los hogares e industrias para su consumo. Esas compras están bajo investigación judicial porque se sospecha que hubo negociados.
Entre el año 2008 y diciembre de 2015 llegaron a los puertos de Bahía Blanca y Escobar un total de 497 barcos con GNL. De ese total, 232 amarraron en Bahía Blanca y 265 en el puerto de Escobar. El Estado pagó miles de millones de dólares para abastecer de gas a la red.
El negocio millonario detrás de la importación de GNL está bajo investigación judicial en el juzgado a cargo de Claudio Bonadio. El caso comenzó en 2014 con la denuncia de quienes entonces eran legisladores de la oposición: Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso. Los entonces legisladores del PRO hicieron una denuncia para que se investigase si hubo pago de sobreprecios y de comisiones innecesarias a intermediarias en las sucesivas compras de barcos que se realizaron desde 2008 en adelante.
Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, el expediente avanza hacia una zona de definiciones. Bonadio espera el resultado de un peritaje contable destinado a determinar si se pagaron los precios correctos por las millonarias compras: se estima que por cada uno de los barcos se abonó alrededor de 50 millones de dólares. La unidad de medida del GNL es el millón de BTU y los investigadores calculan que se pagó a 17 dólares la unidad. Otros países pagaban una cifra cercana a la mitad. También se pagaron los gastos de las operaciones de los buques regasificadores y de las maniobras de los servicios marítimos y logística portuaria. Se sospecha que allí también pudo haber habido negociados.
Las compras estaban bajo la órbita del ministerio de Planificación que encabezó el actual diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido. El ex ministro es uno de los imputados en el expediente. La misma situación le corresponde a Roberto Baratta quien estuviera a cargo de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión en Planificación. Esa subsecretaría era la unidad ejecutora del Programa de Energía Total y tenía la responsabilidad del plan de provisión de GNL. Las compras se realizaban a través de la empresa estatal Energía Argentina S.A (ENARSA), por eso están imputados en la causa dos de sus ex presidentes: Exequiel Espinosa y Walter Fagyas, quien lo sucedió en el cargo.
Roberto Dromi, aquel que fuera ministro de Obras y Servicios Públicos durante el menemismo e impulsor de las privatizaciones de los años 90, es otro de los imputados. Es que estuvo cerca de la gestión De Vido y su firma Dysan (basada en España) cobró comisiones por asesorar a compañías que vendieron barcos de GNL a la Argentina. Por esto mismo su hijo Nicolás Dromi figura también entre los investigados por Bonadio. En la lista de imputados se agrega Jorge Samarín, presidente de la Marítima Meridian S.A que obtuvo buena parte de los contratos por servicios de "agenciamiento marítimo" –que implica las tareas referidas a la registración aduanera, el ingreso y salida de los puertos, las autorizaciones de Prefectura y Migraciones y los permisos técnicos y administrativos para la llegada de los barcos. Esa empresa intervino en los trámites de 385 barcos de los que están bajo investigación judicial.
Entre las empresas que proveyeron el GNL se encuentran Gas Natural Fenosa, Gazprom Global LNG, BP Gas Marketing Limited, Shell International Trading Middle East Limited, Petrobras Global Trading BV, Morgan Stanley & CO. International PLC y Repsol Comercializadora de Gas S.A.
En el expediente se tomaron declaraciones testimoniales para intentar saber cuál era el precio que debió haber pagado por el GNL y se sumó información producto de varios allanamientos y del análisis del contenido de las computadoras de los involucrados.
El juez tiene en su poder mucha documentación. Cuando termine el peritaje contable, tal vez comiencen las indagatorias
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