Juan Carlos Thill es productor de seguros. No tiene relación alguna con las grandes operaciones inmobiliarias pero terminó cobrando 3 millones de pesos por el asesoramiento que brindó a otra empresa que participó de la intermediación de la compra-venta del edificio de la Procuración General de la Nación.
En 2013, la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó autorizó la compra del edificio de la calle Perón al 600 donde tiene sus oficinas quien dirige el Ministerio Público Fiscal. Se mudó del histórico edificio de la calle Guido en Recoleta al de Perón 667 en el centro de la ciudad.
La compra se realizó por 43.850.000 pesos y el inmueble fue vendido por la firma Arfinsa SA, integrante del Grupo Bemberg. En la operación hubo una comisión de 7, 7 millones de pesos que Arfinsa le pagó a una inmobiliaria cuya principal cartera de clientes es de la zona norte del conurbano: Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios. En el pliego de licitación la Procuración especificó que si se pagaba intermediación por gestión inmobiliaria la suma no saldría de las arcas públicas.
El caso de la compra del edificio de la Procuración está bajo investigación judicial a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano. En esa causa está imputada Gils Carbó, quien se presentó en el expediente y explicó su actuación. La Procuradora dio detalles del proceso licitatorio y aclaró que ninguna de las empresas vinculadas al negocio tiene relación con Héctor Alonso, su ex marido y padre de sus hijas, como se informó cuando se conoció la noticia del inicio de la investigación preliminar sobre el caso.
Es llamativa la secuencia de la contratación de y entre los intermediarios. El 1º de marzo de 2013 Arfinsa contrató a la inmobiliaria Jaureguiberry para que intervenga como asesora inmobiliaria para la venta del edificio de Perón 667. Se pactó una comisión de acuerdo al valor final de la venta.
Pero el 4 de marzo, Jaureguiberry contrató a su vez a Thill, quien vive en Los Hornos, La Plata, tiene 50 años, es hincha de Gimnasia y no tiene contacto aparente con el mercado inmobiliario porque es productor de seguros patrimoniales y de vida. Su matrícula, según el registro de la Superintendencia de Seguros de la Nación es la 47338.
En el contrato -al que accedió Infobae a partir de fuentes vinculadas al caso- entre Jaureguiberry y Thill se explica que "…'La Contratante' está interesada en la contratación de los servicios a ser prestados por 'El Contratado' y su grupo de trabajo a fin de gestionar los trámites relacionados con la presentación de la licitación Pública 1/2013 a la que convoca la Procuración General de la Nación, para la adquisición de un inmueble en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, según lo establecido en el pliego que rige dicho llamado". El contratado –Thill- se comprometió a hacer gestiones y a acompañar al personal de la Procuración al edificio en caso de pre adjudicarse el inmueble para la compra.
En ese contrato pactaron un 50 y 50. Cada parte se quedaría con la mitad de lo que pagara Arfinsa si la Procuración-como sucedió- le compraba el edificio. Un negocio redondo.
Lo sospechoso del contrato entre los dos intermediarios es que fue firmado aunque la licitación pública aún no había sido formalizada, hecho que recién ocurrió el 6 de marzo mediante la Resolución Administrativa 317/2013 rubricada por Gils Carbó. Luego de esa resolución se invitó a varias inmobiliarias y cámaras del sector para participar de la licitación. Bárbara Jaureguiberry quien firmó el contrato por la inmobiliaria y Thill ya sabían inclusive hasta el número que llevaría la licitación.
No existe relación aparente entre Jaureguiberry -una inmobiliaria de Acassuso– y el productor de seguros de La Plata. Salvo que hayan sido presentados por alguien que conocía el negocio de la compra del edificio desde adentro de la Procuración.
El proceso licitatorio continuó. Hubo cinco ofertas. Fueron analizadas por la Comisión de Preadjudicación de la Procuración. El edificio de Arfinsa, por el que se pedía 43,8 millones de pesos, fue cotizado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en 45 millones: es decir que estaba en precio.
En mayo se determinó que ganó Arfinsa. La operación llegó a buen puerto en julio. Arfinsa cobró los más de 43 millones de pesos -8 millones de dólares de entonces- por parte de la Procuración. Arfinsa pagó 7,7 millones de pesos de comisión. Un porcentaje alto para el mercado inmobiliario: 17, 5%.
Pero Jaureguiberry no se quedó con todo, le pagó el 12 de julio de 2013 a Thill la suma de $ 3.019.054, 85. El productor de seguros emitió su factura 1-00000252 y a partir de ello cobró la suma millonaria. Todo se hizo en blanco. Todo se facturó y se cobró de manera legal.
La explicación de la participación de Thill en el negocio de la comisión cobrada por la compra del edificio parece ser sólo una: es hermano por parte de madre del contador Guillermo Bellingi, subdirector general de la Procuración en el momento de la licitación del edificio.
En el inicio del expediente de la licitación del edifico de Perón al 600, Bellingi, el 25 de febrero de 2013, firmó una sugerencia para que los oferentes pudieran presentarse sin la necesidad de haber obtenido el "certificado fiscal para contratar con el Estado" porque favorecería "la concurrencia de oferentes". En ese mismo documento Bellingi redujo la superficie mínima requerida del edificio que iba a comprar la Procuración. El por entonces subdirector conocía los entresijos del llamado a licitación.
Bellingi aún trabaja en la Procuración General de la Nación: revista en el área técnica de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), el sector del Ministerio Público que lucha contra el lavado de dinero.
La Procelac es una de las dependencias de la Procuración a las que Gils Carbó dio más relevancia desde que fue puesta al frente de los fiscales nacionales por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. Allí fue designada gente de su entera confianza.
La última actividad pública realizada por Bellingi, hermano por parte de madre del productor de seguros que se hizo millonario a partir de la compra del edificio de la Procuración, fue una capacitación sobre operatorias off shore.
Informe: Andrés Ballesteros