Se suspendió la audiencia entre el Gobierno y el Correo

La audiencia prevista para hoy entre el Gobierno y el Correo Argentino por la deuda de la compañía fue suspendida a pedido del Poder Ejecutivo Nacional. Lo hizo a través de un escrito en el que solicitó que se suspendan los plazos del expediente por 120 hasta tanto se pongan en marcha los mecanismos de transparencia que anunció el presidente Mauricio Macri.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que las juezas de la Sala B de la Cámara Comercial, María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, aceptaron la suspensión de la audiencia y le pidieron al resto de las partes que opinen por escrito sobre la presentación del Estado.

Se trata de la causa en la que en junio pasado el Correo, de la familia Macri, llegó a un acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones para pagar la deuda que tiene desde 2001 cuando dejó de abonar el canon de concesión.

Ese acuerdo fue objetado por la fiscal de Cámara Gabriela Boquín por abusivo y perjudicial para los intereses del Estado porque implicaba una quita del 98,2 por ciento de la deuda ya que no se calcularon los intereses y así la condonación alcanza los 4.227 millones de pesos.

El caso generó una gran polémica porque el gobierno de Macri arregló una deuda con su propia familia y también con él mismo porque parte de las acciones del Correo las tienen sus hijos.

El Gobierno dio marcha atrás con el acuerdo y pidió una nueva audiencia para llegar a otro trato. La audiencia fue citada para hoy a las 11 horas.

Antes de la audiencia, Juan Bernabé Aráoz, abogado del Ministerio de Comunicaciones, presentó un escrito en el que solicitó que se suspenda la audiencia y todos los plazos de la causa por 120 días.

Lo hizo en base a que el Gobierno sacará en los próximos días decretos para reglamentar el accionar del Estado frente a un caso de conflicto de interés de sus funcionarios, como en este caso.

"La incidencia extrema de la reglamentación prevista para la eficacia de este proceso y que, en días nada mas, será dictada por parte del Poder Ejecutivo Nacional, se justifica la necesidad de la suspensión aquí solicitada. En participar, dado que ninguna posición podrá adoptar el Estado nacional en esta causa, ni en ninguna semejante, sin llevar a cabo el procedimiento de mayor transparencia y visibilidad que la reglamentación prevista dispone", sostuvo el letrado en el escrito.

También alegó que se espera que en esa reglamentación se le dé intervención en el caso a la Procuración del Tesoro de la Nación, el cuerpo de abogados del Estado.

En la audiencia estuvieron presentes los abogados del Estado y del Correo; letrados y contadores de la Sindicatura General de la Nación, de la sindicatura controlante, de la verificante; y la fiscal Boquín, que no había sido convocada a la audiencia en la que se llegó al acuerdo.

Las camaristas Díaz Cordero y Ballerini informaron a las partes de la presentación del Gobierno y aceptaron la suspensión de la audiencia. Las magistradas también les pidieron opinión a las sindicaturas del pedido de suspensión de los plazos de la causa, lo que contestaron por escrito. Luego, será el turno de la opinión de la fiscal.

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