El fiscal Federico Delgado acusó a Ricardo Jaime por la compra de trenes chatarra: "Fue un saqueo al Estado"

El fiscal federal Federico Delgado cumplió con el trámite judicial de acusar al ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime en la causa en la que se investiga la compra de trenes en desuso a España y Portugal. Pero su dictamen excede la formalidad de un mero escrito judicial ya que describe de forma descarnada la operación delictiva: "El Estado fue víctima de un saqueo", planteó.

Y cómo si esto fuera poco, según Delgado, aquella millonaria y ruinosa compra que hizo el Estado está ligada con la tragedia de Once. Para el fiscal, este es un caso en el que se demostró que "la corrupción mata".

Está comprobado que además de haber comprado material rodante –buena parte inutilizable- por unos 100 millones de euros hubo pago de coimas que llegó a manos de Jaime y su testaferro Manuel Vázquez. Jaime está preso en el penal de Ezeiza y Vázquez tiene prisión domiciliaria por cuestiones de salud.

El ex Secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner fue detenido en abril de 2016 por el juez Julián Ercolini quién está a cargo del expediente por la compra millonaria de trenes chatarra.

El juez dio por concluida la investigación. Una vez finalizada la instrucción de la causa el juez les pregunta a las partes si están de acuerdo con que el caso sea elevado a juicio. Una vez que las partes contestan el juez resuelve. Ercolini le dio vista a la querella en la causa la Oficina Anticorrupción (OA).

Pero Delgado, que tenía turno para acusar luego de la OA, se presentó ante el juzgado para pedir que Jaime, su testaferro Manuel Vázquez, un "prestanombre" llamado Ignacio Soba Rojo y Ricardo Testuri, un ex funcionario de la Comisión nacional de Regulación del Transporte (CNRT), quien inspeccionó el material que fue comprado en Europa.

El ex ministro de Planificación y diputado nacional por el Frente para la Victoria Julio De Vido fue procesado por el mismo caso, y la Sala I de la Cámara Federal no resolvió su apelación. Sin embargo, en el dictamen de Delgado tiene un protagonismo destacado. Para el fiscal fue fundamental la actuación del ex ministro: "Julio Miguel De Vido se reservó el control del desarrollo de los hechos. Se basó en un artilugio. De la mano de la formalidad jurídica delegó en Ricardo Jaime la capacidad de comprometer con su firma los intereses públicos. Pero se reservó el control efectivo de los hechos. Jaime firmaba, pero decidía con De Vido (de hecho, De Vido firmó personalmente dos de los convenios). Quien mejor lo reflejó fue Manuel Vázquez cuando sentenció que Jaime no iba al baño sin pedirle permiso a De Vido", señaló Delgado.

La compra de trenes europeos fue anunciada como un paso para mejorar el servicio ferroviario.

En su dictamen, Delgado describió la maniobra por la cual Jaime, Vázquez, Ignacio Soba Rojo y Ricardo Testuri fueron procesados por Ercolini y ese procesamiento fue confirmado por la Sala I del Cámara Federal.

La maniobra fue descripta por Delgado de la siguiente manera: "Grosso modo, en lo que aquí importa, Raúl Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, Ricardo Domingo Testuri e Ignacio Julián Soba Rojo pensaron una estafa y la ejecutaron. Armaron un escenario que permitió generar pagos ilegales desde el Estado Nacional. En este caso, a través de la  adquisición de material rodante en mal estado.  Primero se aprovecharon de la necesidad de recomponer los trenes. Luego de la necesidad de crear trabajo mediante la reactivación de los talleres ferroviarios. Con esa excusa compraron materiales en desuso y mal estado. Más tarde buscaron un mercado en el exterior y firmaron los convenios que luego viabilizaron decretos que terminaron con la liberación del dinero. Entre medio de ello, metieron a los 'consultores' para justificar el desvío del dinero. Finalmente, para que todo parezca legal hicieron opinar favorablemente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Como conclusión de la historia, se demostró que todo era mentira: no se reactivaron los talleres, los trenes no mejoraron, pero el Estado fue víctima de un saqueo".

El fiscal, además, señaló que "el Estado argentino pagó la suma de 76.313.108,85 euros en el caso de las empresas españolas, y de 25.639.896 en el de la portuguesa". Sin embargo, aclaró que "los acuerdos fueron la excusa formal para causar un perjuicio patrimonial millonario al Estado nacional".

"El acuerdo tenía dos dimensiones: comprar maquinaria y repuestos en pésimo estado, con la excusa de poner a producir nuevamente los talleres abandonados por las políticas de privatizaciones de los ´90. La otra, introducir la figura del "consultor" para generar obligaciones ficticias que escondían retornos", se agregó en el texto.

Vázquez, asesor y hacedor de negocios turbios para Jaime, tenía una consultora llamada Controles y Auditorías Especiales (CAESA). Jaime, mediante una carta  autorizó a CAESA a cobrar comisiones (coimas) por realizar tareas vinculadas a la compra del material rodante. El costo de esa intermediación la pagó el Estado argentino. Y CAESA no hizo ninguna tarea. Soba Rojo que presidía CAESA es un octogenario que Vázquez puso al frente de su "empresa" porque como había sido condenado judicialmente no podía operar comercialmente en la Argentina.  No había necesidad técnica de que una consultora realizara ningún asesoramiento: salvo el de la coima.  Las coimas fueron facturadas y eso figura en el expediente judicial. Según la acusación de Delgado CAESA "En rigor de verdad, fue un vehículo para obtener dinero de una manera ilegal".

Testuri, que fue inspector de la Subgerencia de Concesiones Ferroviarias de la CNRT fue quien inspeccionó el material a comprar y fue partícipe de la maniobra. Como representante de la Secretaría de Transporte inspeccionó y firmó las actas de entrega y conformidad del material rodante comprado en Europa "pese al estado paupérrimo en el que se encontraba", remarcó Delgado.

Todo este entramado de negocios oscuros y coimas quedó al descubierto cuando en el año 2010 el diario Clarín reveló el contenido de los miles de mails hallados por la justicia en las computadoras de Vázquez. Una maniobra político judicial del kirchnerismo anuló los mails y los casos fueron cerrados.

Pero en 2013 luego de un informe lapidario de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la compra de los trenes chatarra, se abrió la causa judicial por la que Jaime está preso.

La AGN había detectado una enorme cantidad de irregularidades en aquella operación. La AGN determinó que hubo sobreprecios de entre el 117 y el 171% y además "el 44% del material rodante adquirido se encontraba fuera de servicio, deteriorado, sin que se hubieran realizado las tareas de reparación necesarias para su uso". Buena parte de ese material está abandonado a la intemperie en un avanzado estado de deterioro.

Según el fiscal los imputados deben ir a juicio oral y público por el delito de defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública y cohecho. Jaime fue el autor y  Vázquez, Soba Rojo y Testuri, fueron partícipes necesarios.

El fiscal también le pidió al juez que solicite que la Procuración del Tesoro procure recuperar el dinero que se quedaron los imputados. Señaló que "el patrimonio del Estado por una astucia de la ideología lo percibimos como ajeno. Como algo externo. Sólo vemos que lo deshojan como una margarita y en el mejor de los casos vemos la flor marchita o seca. Pero el patrimonio público es parte de la riqueza que generamos todos. Tan sólo confiamos la administración de esos recursos a los gobiernos. Por eso el código Penal sanciona a los funcionarios infieles, como estos imputados. El corolario de este recorrido es recuperar el dinero mal habido. El Estado tiene resortes y recursos para ello. Por eso vamos a requerir a VS que confiera atribución al Señor Procurador General del Tesoro para que evalúe iniciar las acciones legales de recuperación; es decir, para traer al tesoro público el dinero del que se apropiaron los imputados y eventualmente las empresas que firmaron los contratos".

Al comienzo de su dictamen Delgado hizo una síntesis de lo que iba desgranar: "La historia que vamos a narrar, es la historia de un grupo de personas que a caballo de la necesidad de refundar el servicio de trenes tomó por asalto el presupuesto estatal. Esa decisión de tomar por asalto tuvo múltiples consecuencias. Una de ellas fue la sustracción del patrimonio público. Otra, la subsistencia de un servicio de trenes en pésimo estado. Una más y muy cruel: la tragedia de Once. El 22 de febrero de 2012, a las 8.33 de la mañana, en la estación "Once de Septiembre", 51 personas perdieron la vida. Las causas sociales de ese hecho se vinculan con estos. Quizá no hay relación de causa a efecto para los que son expertos en esas fórmulas a veces esotéricas que llaman derecho penal. De todas maneras, es inevitable no ligar los hechos. También es inevitable no proponer leerlos como un puente que une una gestión a cargo del servicio de ferrocarriles y  concluir, con una base empírica indiscutible, que la corrupción mata".

"La corrupción mata", dijo Delgado que además de ser el fiscal del caso de los trenes chatarra fue-al inicio de la investigación- el fiscal en la causa iniciada a partir de la Tragedia de Once.