El juez en lo contencioso administrativo federal Ernesto Marinelli rechazó hoy suspender la aplicación del decreto de necesidad y urgencia que permite a familiares de funcionarios públicos ingresar al blanqueo de capitales, algo que una ley del Congreso Nacional prohíbe.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado rechazó una medida cautelar que había presentado el diputado nacional del Frente Renovador, Felipe Solá, para suspender la aplicación del decreto.
"Acceder al dictado de la cautelar intentada, importaría anticipar juicio de mérito y, además, se estaría dejando vacío de contenido al proceso, al satisfacerse por medio de la cautelar aquello que es el objeto del amparo", sostuvo el juez en su resolución. El magistrado también anticipó que en breve resolverá si el decreto es constitucional o no.
"La sumarísima vía escogida (amparo ley 16.986) y la inminencia de su decisión descartan la existencia de perjuicio irreparable que torne ilusoria la futura sentencia", señaló el magistrado.
El fallo puede ser apelado por Solá para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. El dirigente del Frente Renovador presentó en diciembre un amparo contra el decreto 1206/2012 que le permitió a familiares de funcionarios públicos acceder al blanqueo de capitales.
El legislador pidió la inconstitucionalidad de la norma porque sostuvo que viola la ley 27.260 de blanqueo que en mayo aprobó el Congreso Nacional, en la que expresamente se excluyó a "los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados" de quienes entre el 1 de enero de 2010 a la actualidad hayan sido "Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernador, vicegobernador, jefe o vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o intendente municipal" o personal de organismos de inteligencia.
El presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, firmaron el 30 de noviembre el decreto que permite a familiares de esos funcionarios ingresar al blanqueo "exclusivamente respecto de los bienes que acrediten se encontraban incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha" en que sus parientes se incorporaron en la función pública.
El decreto generó el rechazo de la oposición, que sostuvo que el acuerdo político para aprobar la ley era que los familiares no puedan entrar al blanqueo para evitar la sospecha de que quieran legalizar bienes de los funcionarios. La principal crítica a Macri es que la medida buscaba beneficiar a su padre, el empresario Franco Macri.
En su presentación judicial, Solá pidió el dictado de una medida cautelar para suspender la aplicación del decreto ante la inminencia del cierre del blanqueo el 31 de marzo próximo. El legislador sostuvo que el acceso al blanqueo implica obtener un derecho que luego no se podrá quitar en caso que el decreto sea declarado inconstitucional.
El juez Marinelli rechazó dictar la medida cautelar y ahora debe resolver si acepta o no la inconstitucionalidad del decreto. Junto con la causa administrativa hay dos expedientes penales. Se trata de denuncias que presentó la oposición –una de diputados de Libres del Sur y otra del Frente para la Victoria– contra Macri, Peña y Prat-Gay por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.