Sebastián Casanello y Guillermo Marijuan, juntos en Uruguay detrás de la ruta del dinero K

El juez que instruye el expediente por lavado de dinero está en el país vecino para conseguir información sobre un campo de Lázaro Báez

Campo “El entrevero”, de Lázaro Báez

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan trabajaron juntos en Uruguay para obtener información en la causa por lavado de dinero conocida como "ruta del dinero K", en la que está preso el empresario Lázaro Báez.

La intención de Casanello era conseguir más información sobre la investigación uruguaya del campo "El Entrevero", unas 152 hectáreas ubicadas en una de las regiones más caras del este uruguayo, entre José Ignacio y Punta del Este, de cuya compra participó Leonardo Fariña, el arrepentido de la causa.

Ante la consulta de Infobae, el fiscal Marijuan dijo que la reunión fue "positiva" y destacó el compromiso que existe entre ambas naciones para compartir información.

En diciembre la Corte Suprema de Justicia autorizó el viaje de Casanello, luego de obtener el visto bueno de la Sala II de la Cámara Federal.

Casanello está en Uruguay con el secretario de la causa, Ariel Ignacio Sabán, para entrevistarse con las autoridades de ese país en el marco de "los procesos de cooperación jurídica internacional que el mencionado juzgado se encuentra promoviendo con las autoridades de ese país", según dice la resolución de la Corte Suprema.

El fiscal Marijuan también solicitó autorización a la Procuración General para viajar, y consiguió el visto bueno.

La justicia uruguaya ya aportó información a la causa sobre transacciones bancarias que involucran a sociedades anónimas y personas vinculadas a Lázaro Báez. Allí aparecían datos de las firmas SGI, Helvetic Service Group y Teegan (controlada por uno de los hijos de Báez), además de información sobre los procesados como Federico Elaskar y Fabián Rossi.

Casanello ya viajó a Suiza en busca de información y ahora emprende viaje a Uruguay, mientras busca apurar el juicio oral a Báez y al resto de los procesados, por los hechos que ya fueron confirmados por la Cámara Federal.

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