El gobierno de Mauricio Macri trabaja en un objetivo político y con plazo: pretende que en marzo el camarista federal Eduardo Freiler sea suspendido en su cargo y enviado a juicio político por mal desempeño de sus funciones.
En ese tema trabajan los representantes del macrismo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encargado de la selección y acusación de los magistrados nacionales y federales.
Freiler es juez de la Sala I de la Cámara Federal y está investigado por presunto enriquecimiento ilícito, tanto en el Consejo como en una causa penal. El magistrado califica su investigación como "plagada de irregularidades" y promete dar pelea. "De ninguna manera voy a renunciar", le dijo a Infobae.
El camarista fue uno de los primeros integrantes de Comodoro Py –el edificio donde están los jueces federales, quienes llevan las causas políticas– al que apuntó el gobierno de Macri cuando asumió en diciembre de 2015. El otro era Norberto Oyarbide, que renunció en abril del año pasado.
El Gobierno entiende que el enriquecimiento de Freiler es apreciado y que no puede justificar. Detrás también hay un motivo político: lo que entienden es su explícita cercanía con el kirchnerismo que llevó a la práctica en fallos judiciales, le dijeron a este medio funcionarios nacionales que trabajan en la acusación contra el camarista. Freiler es prioridad 1 para el macrismo en el Consejo y por eso en febrero, cuando regrese la actividad judicial, se reactivará el proceso.
En diciembre pasado, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo dispuso una treintena de medidas de prueba. Entre ellas, pedidos de informes a tarjetas de crédito del camarista, al Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la Inspección General de Justicia, a distintos registros de propiedad y a la Dirección Nacional de Migraciones. Además, se abrieron los anexos reservados de las declaraciones juradas del juez. Casi todos los oficios ya fueron contestados pero restan algunos.
La denuncia contra Freiler la presentaron el abogado Ricardo Monner Sans –quien también lo denunció penalmente – y el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, tras publicaciones periodísticas que daban cuenta del fuerte incremento patrimonial del juez.
Freiler declaró ser dueño de una casa de 1.200 metros cuadrados frente a la quinta presidencial de Olivos, de dos vehículos, dos autos antiguos, de caballos de carrera, de un velero y de propiedades y hectáreas en distintas localidades, entre otros bienes. Para los denunciantes, eso no se adquiere con el sueldo de camarista federal que, según la antigüedad, puede estar entre los 90 y 100 mil pesos por mes.
La denuncia penal contra Freiler primero fue desestimada a pedido del fiscal Ramiro González, quien luego pidió reabrirla ante una nueva presentación de Monner Sans. El expediente lo lleva el juez Sebastián Ramos.
Quienes trabajan en el Consejo sobre la acusación contra Freiler son el diputado nacional del PRO Pablo Tonelli y el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques. El legislador es el consejero que lleva la investigación y el segundo es el encargado de buscar los nueve votos que se necesitan para enviar a juicio a un juez.
El bloque del macrismo y sus aliados son ocho: Tonelli, Mahiques, los radicales Angel Rozas y Gustavo Valdes, los abogados Adriana Donato –presidente del Consejo en 2017– y Miguel Piedecasas y los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes. Los restantes miembros del Consejo son los kirchneristas Rodolfo Tailhade, Virgnia García y Ruperto Godoy, la jueza Gabriela Vázquez y el representante del sector académico. Estos dos últimos son aliados del bloque del Frente para la Victoria pero en el último año se diferenciaron en algunas votaciones en las que acompañaron al macrismo, por ejemplo en la elección de Donato como presidenta del cuerpo.
"¿El pedido de fusilamiento ya se votó?", dijo, irónico, Tailhade en diciembre, en defensa del juez cuando se aprobaron las medidas de prueba. El mes de marzo es la fecha preciada por el Gobierno, le dijeron a Infobae fuentes del Ministerio de Justicia de la Nación, donde siguen de cerca el caso. "No hay margen para que no haya juicio y creemos que vamos a tener una holgada mayoría", dicen con entusiasmo en el macrismo.
Pero algunos en el Consejo prefieren la cautela. "Se están recibiendo las últimas medidas de prueba, después tenemos que ver si necesitamos ampliar alguna. El caso es complejo", analiza a futuro un consejero. La actividad en el cuerpo vuelve el 1 de febrero.
"El juicio es viable pero hasta ahora a mí no me mostraron ninguna prueba", dice otro consejero. Por su parte, Cabral sostuvo que "la causa está en un período de prueba y una vez que la hayamos analizado tomaremos una decisión". El consejero en representación de los jueces consideró que "es conveniente que no haya demoras en la cuestión".
Una vez que la prueba esté reunida, el consejero Tonelli deberá decidir si hace un dictamen acusatorio que a su vez debe ser aprobado por la Comisión de Disciplina y Acusación. El paso siguiente es citar a Freiler a una suerte de declaración indagatoria para que se defienda. Después, el Consejo ya sí quedará en condiciones de tomar una decisión.
Si se aprueba el juicio político, Freiler quedará suspendido en el cargo por seis meses, plazo en el que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados deberá realizar el proceso. El jurado tiene que decidir si aprueba la destitución o rechaza la acusación.
"No voy a renunciar". Freiler lo dice seguro: "De ninguna manera voy a renunciar", reafirma. La dimisión es una de las salidas que muchos magistrados utilizan cuando saben que están cerca del juicio político. El último caso fue el del juez del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, Carlos Rozanski, quien renunció en octubre pasado, cuando estaba bajo investigación por maltrato a los empleados del tribunal y por presuntas irregularidades en la contratación de un teatro donde se realizaron juicios por delitos de lesa humanidad. Esa salida le permite al juez no pasar por el juicio y también mantener su jubilación, que pierde si es destituido.
"Es irregular la investigación, desde el diputado Tonelli que me investiga, y que los medios sepan todo lo que está llegando a la causa antes de que lo sepa yo", dice Freiler.
La crítica a Tonelli es porque ocupa un lugar en el Consejo que le corresponde al Frente para la Victoria, pero un acuerdo entre distintos bloques de Diputados y una interpretación de la ley del Consejo le permitió al legislador su llegada al Consejo.
"Está plagado de irregularidades desde el comienzo porque no hubo denuncia sino una nota periodística en la cual un supuesto Colegio de Abogados se presenta junto con otro abogado, un denunciante profesional, que dicen que hay que investigar lo que dice el diario Clarín", critica Freiler y sostiene que "es un manoseo total".
También defiende su patrimonio y dice que puede justificar todo, como ya lo hizo en la causa penal. Tendrá la oportunidad de hacerlo cuando la causa avance en el Consejo. El Gobierno quiere que sea en los próximos meses.