Como el de la Policía Federal, anunciado hace justo un año en el mismo salón de la Casa Rosada por los mismos protagonistas, el traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la ciudad de Buenos Aires deberá atravesar un largo proceso hasta hacerse efectivo. En los hechos, no se materializará ahora ni en los próximos meses.
Tras el acto de este jueves a la mañana, encabezado por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, el oficialismo enviará el proyecto del traspaso de la Justicia al Congreso Nacional y a la Legislatura porteña, en simultáneo. Para que el anuncio surta efecto, el convenio firmado por el Presidente y el jefe de Gobierno deberá ser refrendado por ambos parlamentos. La idea del macrismo, según confiaron, es debatirlo en paralelo, aunque con una diferencia sustancial: el PRO en su versión porteña no espera complicaciones en la Legislatura. Aún es una incógnita el destino de la ley en el Congreso Nacional.
A pesar del evento de ayer por la mañana en Casa Rosada, el macrismo no tiene apuro en discutir el traspaso. Al menos no la misma premura con la que aprobó la cesión de la Policía Federal a la Ciudad hace un año, en sesiones extraordinarias, en la Legislatura, que no necesitó refrendarse por el Congreso, producto de la Ley Cafiero. "No vamos a convocar a extraordinarias. Tenemos pensado discutirlo e intentar aprobarlo entre fines de marzo y principios de abril", aseguraron desde el bloque PRO porteño. "Tampoco nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando que el Congreso lo apruebe. Lo haremos en paralelo", agregaron.
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Según calcularon desde el Gobierno porteño tras el anuncio, el traspaso de la Justicia ordinaria, que será en etapas, demandará entre 300 y 400 millones de pesos, que serán cedidos por Macri a Rodríguez Larreta.
Los primeros traspasos, si es que son refrendados por el Poder Legislativo, serán los de los juzgados nacionales en lo criminal y correccional que hoy están vacantes. La elección no es aleatoria: el PRO dejó las vacantes para una primera etapa porque al no tener jueces designados no ofrecerán resistencia. Es uno de los escollos a sortear: la presión de un sector de la Justicia que no quiere perder el estatus nacional.
Si bien es una demanda de 20 años -tras la reforma constitucional de 1994- que equipara a la Ciudad con el resto de las provincias, los jueces, como los policías -o un sector de ellos- se oponen al traspaso. La incógnita es cómo repercutirá en el debate. En la Legislatura, al menos, no debería tener efecto: "Es muy difícil oponerse a la autonomía", explicaron.
La cesión de la Justicia penal -quedarán para otra etapa los fueros civil, comercial, laboral y de familia y el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia- se empezó a pergeñar el año pasado tras el paso de la Policía, que recién ahora empezó a materializarse, y cuya implementación sigue en carrera tras un año traumático, plagado de tironeos entre la Nación y la Ciudad. La burocracia, a veces, dificulta los procesos: el Ministerio de Seguridad porteño todavía no pudo comprar 25.000 teléfonos celulares para dotar a los efectivos de calle, que deberán dejar sus equipos personales en las comisarías antes de salir en servicio. ¿El objetivo? Nada de mensajerías instantáneas ni redes sociales. Habrá que ver también en esa instancia, que a priori parece menor, el nivel de resistencia.
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