Luego de meses de aplazamientos, el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta finalmente anunciarán hoy el traspaso de la Justicia Federal al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es acelerar el funcionamiento de los juzgados y cumplir con lo que marca la Constitución nacional hace 20 años, pero nunca se cumplió.
El acto será a las 9 en el Salón blanco de la Casa Rosada. Además de Macri y Larreta, del evento participarán los ministros de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y de la Ciudad, Martín Ocampo.
La decisión será el puntapié de un proceso de transferencia de los fueros Penal, Comercial y de Menores de la Justicia ordinaria a la órbita porteña. Se calcula que la transición será en principio de tres meses.
Según anticipó Ocampo, este jueves se firmará un convenio que "requiere la aprobación del Congreso y la legislatura". Desde el oficialismo confían en que no habrá mayores dificultades para que resulte exitoso el trámite legislativo.
Sin embargo, el macrismo deberá sortear el poder de veto de la poderosa Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn), que desde hace meses viene anticipando su rechazo al proyecto oficial y que lo impugnará en los tribunales y en el Poder Legislativo.
A través de un comunicado, la entidad profesional que agrupa a jueces y fiscales advirtió que, detrás de la iniciativa, existe "el riesgo de nombramiento futuro de magistrados de magistrados obedezca a razones políticas". El texto, además, advierte "la gravedad de enjuiciar y expulsar a esos magistrados con la mayoría simple de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad".
"Esta estabilidad precaria conspira sin duda contra el derecho de los habitantes de la ciudad a ser juzgados, acusados y defendidos por magistrados realmente independientes, resultando irreal que dicho traspaso pueda mejorar el servicio que a ellos se les presta, ya que seguirá siendo el mismo número de personas que en el mismo territorio atenderá idéntica cantidad de causas penales", sostiene la Asociación.
Un párrafo del escrito está dedicado a los fiscales y representa un guiño a la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó, al manifestar que el "traspaso previsto atenta contra las garantías de autonomía e independencia consagradas en el artículo 120 de la Constitución Nacional" de los funcionarios de esas dependencias.
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De concretarse el traspaso, la Ciudad tendrá a su cargo 490 personas, entre magistrados y empleados. Según las intenciones del macrismo, el convenio prevé que Nación le otorgue a la Ciudad los recursos económicos necesarios para administrar el nuevo personal.
Otro actor de peso que se opone a la reforma es el sindicato de empleados judiciales que conduce Julio Piumato. "Nuestra organización gremial reitera su contundente oposición al traspaso y ratificó el estado de alerta y movilización", indicó la Unión de Empleados de Justicia de la Nación en un comunicado.
El gremio expresó su preocupación porque considera, después de los traspasos que se anunciarán, le seguirá el del fuero laboral, el cual ha sido defendido meses atrás por dirigentes de la CGT. Por lo tanto, insistió que "desista de este debate que pretende avasallar los derechos del conjunto de los trabajadores".