La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal protagonizó este jueves un antes y un después en la historia judicial argentina. Resolvió la reapertura de la investigación iniciada por el fiscal fallecido Alberto Nisman sobre la ex presidente Cristina Elisabet Kirchner y otros funcionarios y dirigentes políticos por supuesto encubrimiento a los iraníes imputados por el atentado a la AMIA.
La Cámara integrada por la jueza Ana María Figueroa y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky decidió por unanimidad a favor de la reapertura de una causa reclamada durante casi dos años por diversos sectores políticos, funcionarios públicos y organizaciones como la DAIA. Asimismo, resolvió apartar del expediente al juez Daniel Rafecas, al considerar que su decisión de rechazar la reapertura de la denuncia fue "prematura, arbitraria y parcial". Mañana se realizará el sorteo para conocer el nombre del nuevo magistrado.
En un largo escrito de 249 hojas, la Sala I de Casación ordenó también medidas de prueba que habían sido solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita -que fue confirmado- y aceptó a la DAIA como querellante en la causa.
De esta manera, se reabrió una causa que pareció sepultada durante casi dos años. En el medio estuvieron presentes los rechazos de Rafecas y luego de los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Feller, de la Cámara Federal, quienes desestimaron la denuncia hecha por Nisman el 14 de enero de 2015, apenas cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su departamento del edificio Le Parc, en Puerto Madero. Ballestero y Feller también fueron apartados por la Sala I.
La Cámara de Casación atendió así al pedido de reapertura de una causa basada en dos elementos clave: la grabación de una llamada entre el entonces canciller Héctor Timerman y el ex titular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado y al hecho de que el famoso Memorándum de Entendimiento fuera declarado inconstitucional.
Asimismo, los magistrados desestimaron los argumentos que aportaron en los últimos días los abogados de Timerman, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, quienes en su momento reclamaron "la desestimación por inexistencia de delito" y "la invalidez de uno de los pretendidos elementos probatorios", en referencia al audio cuya grabación nadie se atribuyó.
La recuperación de una causa que parecía perdida
Alberto Nisman apareció muerto el 18 de enero de 2015 en su departamento del complejo Le Parc, en Puerto Madero, con un tiro en la cabeza, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrimiento a Irán por la masacre de la AMIA.
En su momento, el fiscal denunció "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina".
Los funcionarios y dirigentes cercanos al gobierno anterior fueron acusados de idear un plan para "fabricar la inocencia" de los iraníes acusados por el atentado de 1994 y así obtener acuerdos comerciales que incluyeran el intercambio de granos y carne por energía.
"La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (…) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Héctor Marcos Timerman", argumentó en su presentación.
Entre los denunciados también figuran como miembros del presunto plan de encubrimiento el piquetero Luis D'Elía, el jefe de Quebracho, Fernando Luis Esteche, el lobbista iraní Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, el diputado Andrés Larroque, el ex juez Héctor Luis Yrimia y el supuesto agente de inteligencia Ramón Allan Bogado.
Tanto Cristina Kirchner, como Timerman y los legisladores que votaron el Memorándum con Irán se enfrentan a una causa paralela por "traición a la patria", que se encuentra en el juzgado de Claudio Bonadio. De acuerdo con los abogados defensores del ex canciller, dicha acusación consistió en una "autopista paralela" para forzar la reapertura del caso.
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