Maximiliano Ferraro: "La ley de transparencia reivindica un proyecto histórico de la Coalición Cívica"

Maxi, me llamó la atención haber visto en las redes sociales, que la ley de transparencia la habías hecho vos. Sé que en la Ciudad ya había un proyecto, un poco recortado en relación a lo que quería la gente especializada en transparencia pero un proyecto al fin. Es decir, fue una ley consensuada más que una ley propiamente tuya.

Reivindica un proyecto histórico de la Coalición Cívica en la legislatura de la Ciudad y no solamente el proyecto, sino también una prioridad de agenda que nosotros veníamos planteando desde hace un tiempo. Lo que sí debo reconocer, es que la nueva ley de acceso a la información de la Ciudad de Buenos Aires, es producto de un amplio acuerdo que pudimos lograr con el Gobierno de la Ciudad, con un trabajo muy importante de quien era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Cecilia De la Torre, y con el bloque de SUMA + . Este ley viene a modificar la ley 104, que de por sí era una ley de avanzada del año 98.

¿Cuáles fueron los aportes tuyos, específicos, que la ley no contenía?

Los aportes que nosotros establecimos fueron el tema de transparencia activa, es decir, que los distintos poderes del Estado están obligados a publicar cierta información, a brindar información de todos los concesionarios que están en la Ciudad, la obligación de producir información en el que caso de que no la tengan, y que ninguno de los organismos de los distintos poderes del Estado se puede negar a brindar información.

Ahora, en esa ley hecha en conjunto, aparecen dos cosas que a mí me preocupan: la primera es el garante, quien garantiza no puede ser alguien elegido por el Ejecutivo, y la segunda, el hecho de que no exista una penalización real, ya sea jurídica o administrativa, para asegurar que si un funcionario a mí no me da la información, sea penalizado.

Son dos temas que estaban en nuestro proyecto, tanto el tener un único órgano que estuviera por fuera de la decisión de un jefe de gobierno o del Consejo de la Magistratura para el poder judicial o de la Legislatura, y que quien estuviera al frente de ese órgano tenga los requisitos profesionales de independencia y de transparencia como así también el tema de las penalidades. Nosotros intentamos pero el oficialismo de la Ciudad, en sintonía también con la ley que se votó en el Congreso, no quisieron avanzar. Yo creo que son las dos grandes deudas que tiene esta nueva ley de acceso a la información.

Me resulta abstracta el resto de la ley si no cumplirla no es un problema para el funcionario, y de hecho un poco pasa, vos fijate que las contrataciones directas no figuran y se podrían haber puesto perfectamente. Por otra parte, tenés a la propia sindicatura reteniendo información.

Yo en parte coincido, pero no quisiera que no se pongan en valor algunas cuestiones que se lograron. Lo de transparencia activa y la obligación de publicar cierta información sí o sí, sin ser requerida, es importante. La obligación de producir la información si no la tiene, también es importante. Creo que quedó pendiente, y esto estuvo presente en el debate parlamentario, la sanción a los funcionarios que violen el espíritu de lo que establece esta nueva ley.

¿Qué significa "falta grave"? Porque si un funcionario no entrega la información estaría, según la ley, cometiendo una falta grave. Eso también es muy abstracto.

El funcionario brinda la información, y en todo caso, si no lo hace, se considera una falta grave. Aunque no están las penalidades para ese funcionario como nos hubiera gustado, sí para lo que es cualquier otro empleado por la ley 471 de empleado público, entonces se aplicará el código penal vinculado a los incumplimientos de deberes de funcionario público. Como sucedió en el proceso de transición republicana entre un gobierno y otro donde tampoco se pudieron establecer claramente las penalidades para el funcionario dentro de la propia ley, sino que quedó establecido según el código.

Se deduce de lo que estamos hablando que hay gente que quiere que la transparencia sea total, como debería ser en cualquier parte del mundo, y gente desde adentro del gobierno, que pone palos en la rueda para alcanzar esta transparencia total. ¿Por qué suponés que esto pasa?

Me parece que hay dos cosas que atraviesan a los distintos poderes sean de color político que sean: uno es agarrar para sí y no largar la información ni distribuir el poder, porque información es poder…

¿Pero saber cuánto se paga un café es poder?

No, eso no, pero estamos hablando de otro tipo de publicaciones, licitaciones, contrataciones directas.

Poder es tener información de otra naturaleza. Ahora, cuando lo que vos estás tapando es cómo hiciste una licitación, no es poder eso, es corrupción. Vos estás encubriendo corrupción, o tenés miedo de que haya corrupción y entonces no mostrás por si te encuentran algo…

Obvio que puede haber corrupción, pero también puede haber un manejar y no distribuir la información para vos tener el poder sobre las decisiones. Esto lo han hecho todos los gobiernos de turno. Dos prácticas que son transversales a todos los poderes: tener para sí la información y la publicidad oficial. Son los dos grandes temas, donde los distintos poderes se tienen que proponer y auto-imponer esas limitaciones.

Por último, y saliendo un poco del tema de transparencia aunque está íntimamente ligado, la pregunta tiene que ver con las grúas que acarrean vehículos. Las mismas empresas están hace años, se sigue prorrogando y prorrogando y además hacen mal su trabajo. Por ejemplo, al auto que no pagó el parquímetro pero que no está entorpeciendo el tránsito se lo acarrea igual, por lo tanto lo que más demora la circulación es la grúa, cuando en realidad debería sólo hacer la multa. ¿Por qué esto no cambia?

Bueno, tiene que empezar a cambiar a partir del año que viene. La legislatura votó en el 2013 una nueva ley que establece la cantidad de espacios de estacionamiento medido. Se cayó en el medio todo el proceso de licitación vinculado a los nuevos parquímetros y a las nuevas zonas vinculadas al estacionamiento medido y acarreo, y se acaba de votar un nuevo pliego para terminar con la impunidad de estas dos empresas, que pagan un canon que da risa desde hace más de 20 años, que hacen lo que quieren, que tienen solamente un fin recaudatorio y no de ordenamiento del tránsito y cuidado del medio ambiente como debe ser concebido el criterio de estacionamiento medido.