Petri ponderó el hecho de que en este período fue posible debatir y sancionar varias leyes -algunas originadas en proyectos de su autoría, otras del Frente Renovador de Sergio Massa-, aunque lamentó que algunas hayan quedado pendientes.
"El alzamiento en los penales significa que esa ley iba a producir cambios sustanciales", dijo el legislador nacional por Mendoza (UCR) al hacer un balance de lo logrado en materia de leyes que buscan limitar la inseguridad y defender los derechos de las víctimas del delito, en la reunión mensual de la fundación Usina de Justicia.
Luis Petri aludió así a los proyectos que el Ejecutivo incluyó en las sesiones extraordinarias, y que tienen media sanción en Diputados pero el Senado se negó a tratar.
"La gente lo percibe como el problema principal -agregó-, pero el relato de estos años tapó la inseguridad y ni el Ejecutivo ni el Legislativo se ocuparon de eso; hubo un fortísima inacción. A comienzos de este año hubo más receptividad a la posibilidad de discutir la seguridad en el Congreso. Hubo algunas leyes sancionadas, como la de técnicas especiales de investigación [N.de la R: para el combate al crimen organizado, regula por ejemplo figuras como la del agente encubierto], la de flagrancia y la que crea la figura del arrepentido".
Para Petri, la Ley de Flagrancia, que habilita juicios abreviados para delitos con penas menores a los 15 años, "es muy importante porque agiliza los procesos en los casos en que no es necesario buscar pruebas, porque éstas están desde el comienzo".
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Esto evita además el otorgamiento de beneficios a delincuentes con antecedentes pero sin condena, explicó, ya que generando sentencias rápidas se crea el antecedente. "Sucede que hay delincuentes con 15 causas abiertas y ninguna condena que no son considerados reincidentes. Pero no es que el sistema se encaprichó en abrirle causas sino un signo de una vida dedicada al delito", dijo.
También destacó la aprobación de una reforma a la Ley de Estupefacientes para penar el desvío de precursores químicos hacia fines delictivos.
Pero el diputado hizo también referencia a "lo que quedó en el tintero", es decir el paquete de leyes que venía con media sanción de Diputados pero el Senado no quiso debatir.
"Primero, extinción de dominio [N.de la R: el Estado puede recuperar bienes ilícitamente adquiridos sin contraprestación], que para mí es clave, porque necesitamos condenas ejemplificadoras, necesitamos desfinanciar al crimen organizado, quebrar el poder económico que garantiza impunidad -dijo Petri-. Actualmente sólo se llega a los eslabones más bajos en el juzgamiento; tenemos que lograr incluir en el proceso penal a los organizadores. Procesar y desfinanciar a las cabezas de estas redes delictivas".
Puso el ejemplo de Colombia, donde más de 11 mil millones de dólares han sido recuperados del delito organizado. Y de otros países como México, Estados Unidos o Australia, donde también existe esta herramienta.
También abordó el tema de la Ley de Protección Integral a las Víctimas, un proyecto de Sergio Massa, y uno de los objetivos centrales de los miembros de Usina de Justicia y otras organizaciones de familiares de víctimas. "Creímos que esa ley no tendría problemas porque en los discursos de los senadores permanentemente hay pronunciamientos en favor de las víctimas. El objetivo era garantizar un piso de igualdad de derechos para la víctima respecto del delincuente, y no forzarla a constituirse en parte querellante".
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"No entendemos por qué no se trató -insistió-. No hay objeciones legales ni constitucionales. El objetivo era devolverle derechos a la víctima que hoy está desplazada, desinformada, cuando no estigmatizada".
Por último, abordó el tema de la ley que limita las excarcelaciones y que fue la más polémica por las protestas en los penales. Aunque no fue dicho oficialmente, la amenaza de varias cárceles amotinadas durante las fiestas de fin de año surtió efecto en los senadores.
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"Acá sí hubo objeciones constitucionales -explicó Luis Petri-. Y el alzamiento en los penales, que habla bien de la ley, porque significa que puede producir un cambio sustancial en la ejecución de la pena. Una objeción era que el proyecto de Sergio Massa pretendía establecer un estándar mínimo para todo el país y esto podía traer problemas, dado que cada provincia tiene su propio Código Procesal Penal".
Pero la idea de la ley era "sumar nuevos obstáculos a la recuperación de la libertad durante el proceso", además de los dos únicos vigentes hoy, que son el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Se buscaba sumar el peligro para la víctima, para los testigos y para la sociedad que puede implicar la excarcelación durante el proceso en determinados casos".
Cuando se presentó el proyecto en la Cámara de Diputados, desde el massismo dijeron: "Obligamos con esto a los jueces a respetar nueve pasos de hierro antes de conceder cualquier libertad. En la oficina del juez y antes de resolver, no sólo deberá estar el imputado, sino su historial criminal completo, los informes médicos y psicológicos actualizados, y la opinión de la víctimas entre otros elementos determinantes".
Luis Petri quiere también impulsar cambios en la ley de ejecución penal. "El objetivo es que cuando un tribunal dicta una condena ésta no sea burlada por el proceso de ejecución penal. Acá se confunden beneficios con derechos", explicó, aludiendo a las salidas transitorias y otros aligeramientos de la pena de prisión.
"Esto no viola la igualdad ante la ley. Porque el propio Código Penal establece diferentes penas según el delito. Del mismo modo, debe haber diferentes formas de ejecución según el delito. El tratamiento de una persona que cometió un hurto no puede ser el mismo que el que cometió robo a mano armada o violación", siguió diciendo.
Y, en respuesta a quienes sostienen que estas leyes incrementarán el número de internos en cárceles en las que ya hay hacinamiento, dijo que "es necesario construir nuevos establecimientos carcelarios", precisamente para que ese tema no sea usado como excusa para el incumplimiento de las penas. Por otra parte, negó que la Argentina tuviera una tasa de encierro elevada: "Nuestra población penitencia es de 72.000 personas, lo que equivale a 170 por cada 100 mil habitantes. En Cuba por ejemplo es de 500 por cada cien mil, muy superior. Hay que invertir en infraestructura carcelaria. Actualmente el 50 por ciento de los internos está condenado. La flagrancia puede contribuir a modificar ese porcentaje. Además, los cambios que proponemos en la Ley de Ejecución Penal se aplicarían a los que sean condenados a partir de su eventual aprobación, por lo que los efectos de la ley se sentirán recién 3 ó 4 años después, lo que da tiempo más que razonable para que se pueda aplicar".