José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), le envió una carta al presidente Mauricio Macri pidiendo la "inmediata liberación" de Milagro Sala, y se sumó así a otros pedidos que reclaman por la excarcelación de la dirigente social. Vivanco respalda su solicitud "a la luz de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU".
Asimismo, instó al Presidente a "presentar una propuesta legislativa para modificar la definición de 'sedición' en el Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro".
Al respecto, argumentó: "Los cargos contra Sala por participar en una manifestación pacífica violan el ejercicio de la libertad de expresión. Los señalamientos contra Sala, aun si fueran ciertos, no constituyen 'sedición' conforme a ninguna definición legítima de este delito. Como señalé en una columna publicada el 28 de enero de 2016, y en la reunión que tuve con S.E. en Buenos Aires en julio, el delito de sedición está definido de manera excesivamente amplia en el Código Penal de Argentina, y esto facilita su uso para limitar gravemente el ejercicio de la libertad de expresión".
Sin embargo, Vivanco recuerda que a Milagro Sala le revocaron la detención preventiva por sedición pero que aún así no fue liberada: "Otro juez dispuso su detención preventiva en relación con un nuevo caso en el cual un fiscal había acusado a Sala, el día anterior, por los delitos de 'extorsión', 'asociación ilícita' y 'defraudación en perjuicio del estado'. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que el sistema judicial de Jujuy utilizó 'acusaciones consecutivas' para mantener encarcelada a Sala y no justificó adecuadamente su detención preventiva".
Los cargos contra Sala por participar en una manifestación pacífica violan el ejercicio de la libertad de expresión
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"Si bien el Grupo de Trabajo no tiene facultades legales para obligar a su gobierno a cumplir con su decisión, se trata de un grupo de expertos independientes especializados en materia de detención arbitraria y sus opiniones tienen gran peso en la interpretación de las obligaciones jurídicas internacionales que deben cumplir los estados en este ámbito", expresa.
El director ejecutivo también mencionó que Argentina invitó al Grupo de Trabajo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitar el país, pero aclara que esto "no sustituye las medidas que su gobierno debe adoptar para cumplir a la mayor brevedad con la decisión" de liberar a Sala.
Del mismo modo, el director de Human Right Watch rechazó el argumento de la canciller Susana Malcorra, quien había explicado que el Ejecutivo no podía entrometerse en el poder judicial de Jujuy: "Si bien reconocemos las dificultades prácticas que plantea la estructura federal de gobierno en este caso, su gobierno tiene la responsabilidad jurídica de adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que Sala no permanezca detenida arbitrariamente. Las obligaciones de derechos humanos se extienden a todas las provincias o estados de una estructura federal de gobierno, sin exclusión".