"Estamos en el mejor de los mundos", aseguran desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo encargado de controlar a las obras sociales, una de las cajas que Mauricio Macri le entregó al sindicalismo apenas llegó al Gobierno. Es que en las oficinas de Diagonal Norte al 500, a metros de la Casa Rosada, las buenas noticias fluyen. A horas de la marcha convocada al Congreso por organizaciones sociales, de la que participará la central obrera, y después de la media sanción en el Senado de la Ley de Emergencia Social, los gremios balancean el ajuste y su relación con Macri con un engrosamiento de las cuentas: según confirmaron a Infobae desde la SSS, el organismo dirigido por Luis Scervino, hombre de José Luis Lingeri, embolsó por estos días 950 millones de pesos extra correspondientes al primer pago de los intereses por la colocación en bonos de una parte de los miles de millones del Fondo Solidario de Redistribución que el Gobierno le devolvió a los sindicatos en agosto pasado. Una especie de bono de fin de año vital para los gremios destinado al pago de prestaciones médicas.
Desde que Macri desembarcó en la Casa Rosada, los gremios calmaron parte de la ansiedad política y social con el reintegro de una buena porción de los 27.000 millones de pesos que el kirchnerismo tenía retenidos hasta diciembre del año pasado, destinados por la Superintendencia de Servicios de Salud para el pago de tratamientos médicos de alto costo de las obras sociales o para financiarlas. En agosto, el Presidente oficializó con un multitudinario acto en Casa de Gobierno, rodeado de la primera línea sindical, la devolución de los fondos: 4.500 millones destinados a una cuenta de emergencia para asistir financieramente a las obras sociales y 15.000 millones colocados en BONAR 20, que ahora dieron su primer rédito trimestral de 950 millones de pesos de intereses que ingresarán al Fondo Solidario de Redistribución. Una cifra monumental si se tiene en cuenta que, por ejemplo, el costo fiscal del bono de fin de año para los empleados estatales anunciado ayer por el ministro Andrés Ibarra es de 350 millones de pesos.
Para colmo, Scervino, de diálogo directo con Macri, también había recaudado 2.704 millones de pesos de excedente del 2015 correspondientes al pago de prestaciones de alto costo del Sistema SUR (Subsidios por Reintegros), ex APE (Administración de Programas Especiales), el programa que cobró notoriedad hace unos años por la denominada "mafia de los medicamentos", la megacausa que involucró a varias de las obras sociales de los gremios y a ex funcionarios K.
La decisión del Gobierno de entregarle a los sindicatos el manejo de la jugosa caja de las obras sociales significó un vuelco de 180 grados en la manera de pararse respecto a los gremios en relación a la anterior gestión. Después de la pelea con Hugo Moyano, Cristina Kirchner designó al frente de la superintendencia a Liliana Korenfeld, una funcionaria del sur de su extrema confianza que tuvo un paso intrascendente y deslucido por el organismo y que se dedicó solo a escatimarle dinero a los sindicalistas. Korenfeld suplió su incapacidad de gestión con el nombramiento de funcionarios: dobló la cantidad de empleados -la plantilla está hoy en alrededor de 1.150-, abrió la tranquera para militantes de La Cámpora y hasta ubicó a su hijo en la Gerencia de Sistemas, de las más sensibles del organismo. Antes de cortar relaciones con Moyano, el matrimonio Kirchner le había entregado la SSS al ex líder de la CGT con el nombramiento de Juan Rinaldi, entonces aliado del camionero, después de la expulsión de Héctor Capaccioli, salpicado por la "mafia de los medicamentos" y los aportes a la campaña K del 2007. Duró poco.
Ahora, Macri buscó domesticar a los gremios a través del reintegro de los fondos de las obras sociales, un histórico reclamo sindical, y del nombramiento de Scervino. Su jefe, Lingeri, del sindicato de Obras Sanitarias, es uno de los que balancea la relación de la CGT con la Casa Rosada. Scervino controla la superintendencia junto a Oscar Cochlar, asesor de gabinete, que ya había tenido un paso de peso por el organismo: debió irse con un procesamiento de la Justicia por el supuesto reparto discrecional de más de 40 millones de pesos en planes preventivos a las obras sociales, luego anulado por la Cámara Federal porteña. Cochlar volvió en febrero pasado, nombrado a través de la resolución 043/16.
Desde el edificio de Diagonal Norte explicaron a Infobae que ahora la cúpula del organismo se abocó al análisis de cómo repartir los 4.500 millones de pesos destinados a asistir a las obras sociales.
En ese sentido, los gremios tienen más de un motivo para festejar. Las conclusiones del Observatorio de Precios lanzado hace unos meses por Scervino respecto de los medicamentos, los insumos y las prestaciones del sistema SUR son esclarecedoras: "el 46% de las obras sociales compran en un alto porcentaje de casos por encima del valor promedio" y "un 11% de ellas compran sistemáticamente a precios de muy por encima de los valores esperados".
Según la auditoría, "el dinero gastado en excesos equivale al costo que insumiría la construcción de 50 centros médicos de última generación" o a "dos hospitales de alta complejidad con 150 camas". Es una de las razones por las que Graciela Ocaña fue expulsada del Ministerio de Salud allá por el 2009: la resistencia de algunos gremios, en especial de Camioneros, respecto de la implementación de un sistema unificado de compra por parte del Estado que eliminaba la relación promiscua entre obras sociales sindicales y droguerías, y que afecta directamente a las arcas estatales por el descontrol en la devolución de los millones que la superintendencia les gira a los gremios. Es una incógnita la decisión que tomará la actual conducción del organismo, que depende en los papeles del ministro Jorge Lemus, respecto a las conclusiones del mencionado Observatorio de Precios. Consultados por este medio, se excusaron en que aún están en período de análisis.