Este miércoles el Gobierno podría tener buenas noticias desde el Congreso. Entre otros temas, se tratará el proyecto de ley de Presupuesto 2017, que tuvo dictamen de mayoría en la reunión de comisión luego de una serie de modificaciones que realizó Cambiemos a raíz de las críticas presentadas por la oposición, como el Frente Renovador o el bloque peronista.
Entre otras, se destaca un refuerzo de 1.290 millones para el área de Ciencia y Tecnología y 5.000 millones adicionales para las provincias mediante el Fondo Federal Solidario. En este sentido, y tras la movilización de la comunidad científica y universitaria del jueves pasado frente al Congreso, Cambiemos aceptó aumentar el presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología en 1.290 millones de pesos, de los cuales 800 millones serán destinados a la cartera conducida por Lino Barañao.
Por otro lado, el massismo introdujo otros cambios como, por ejemplo, limitar los "superpoderes" al 7,5 por ciento, prohibiendo además que el jefe de gabinete arme programas transitorios que se usan para desviar partidas. También, se habilitó un sistema de mejora para contratar científicos para desarrollo argentino.
Además, se mejoraron en 1029 millones los fondos de inversión en infraestructura universitaria, y se priorizaron obras por 25 mil millones en regiones que necesitaban refuerzos de inversión, con eje en el conurbano y el norte argentino.
También a instancias del Frente Renovador, se puso un mecanismo de control a fondos "que hasta ahora no tenían control, porque o se armaban fideicomisos o no se rendían con la excusa del financiamiento externo", de acuerdo con lo que se informó en un comunicado, y se facultó a la Auditoría General de la Nación a revisar las cuentas de Aerolíneas que hasta ahora no tenían control.
Otro de los puntos modificados en el dictamen es la imposición de la obligación al Ministerio de Hacienda de presentar el plan financiero cada 90 días para controlar que no se emita deuda para financiar gasto corriente, y también el acuerdo de un mecanismo para que el Estado nacional y municipios recuperen y exploten inmuebles abandonados con acuerdo de proyectos y división de ingresos.
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