El Gobierno no consiguió los votos para darle la media sanción que le falta en la Cámara de Diputados al régimen de participación público-privada que regula la obra pública. El Frente para la Victoria logró que el proyecto vuelva a comisión, gracias al apoyo del Frente Renovador, que ahora salió a aclarar su posición y sus condiciones para avalar la reforma de un decreto de 2005 que lleva la firma de Néstor Kirchner.
Desde el kirchnerismo, el ex ministro de Economía Axel Kicillof sostuvo que el proyecto de Cambiemos es "peligroso" y "equivocado", porque "convierte al Estado en un rehén del sector privado". Y aunque admitió que "en la Argentina la mejora en infraestructura es muy necesaria", advirtió que "en este tipo de regulaciones es conveniente hacerlo por una ley, de manera de darle mayor transparencia".
En ese sentido, desde el espacio que lidera Sergio Massa coincidieron en que "Argentina necesita captar grandes inversiones para mejorar su deteriorada infraestructura, que hoy es uno de los principales factores que atentan contra su competitividad" y que como se trata de un proyecto que le da mucho poder al oficialismo hay que incluir seis "ejes de transparencia y control".
- Crear una comisión bicameral de seguimiento de los proyectos, con capacidad de acceder a toda la información (incluyendo los contratos, donde no podrá interponerse ninguna cláusula de confidencialidad, como ocurrió en el caso YPF-Chevron).
- Limitar la probabilidad de cesión, impidiendo que se produzca antes de transcurrido el 20% del proyecto, y requiriendo en todos los casos la intervención de la Procuración del Tesoro.
- Los contratos deberán poseer, aparte de riesgos, aporte y utilidad, los contenidos técnicos mínimos y con qué indicadores se lo monitoreará.
- Establecer que las propuestas deban ser comparables, y para ello el Estado provea los supuestos y proyecciones sobre las cuales se elaborarán las mismas.
- Previo a efectuar una licitación, deberá realizarse un dictamen que contenga toda la información relevante del proyecto. Dicho dictamen debe ser público al menos 30 días antes del llamado a licitación.
- En dicho dictamen deberá explicitarse el cálculo del costo-beneficio y la distribución de aportes y riesgos entre el Estado y la contratista.
En total, el massismo propone una veintena de modificaciones, que ahora volverán a ser discutidos en las comisiones de Legislación General y Presupuesto.