El ex jefe del Ejército César Milani declaró que los 200 mil dólares que le prestó un amigo para comprar su casa en San Isidro y por lo que está acusado de enriquecimiento ilícito, se los llevó "en un bolso chiquito" a un brindis de fin de año en el edificio Libertador.
Milani declaró en indagatoria ante el juez federal Daniel Rafecas y dio sus explicaciones de cómo obtuvo los 400 mil dólares que pagó por su casa en el barrio La Horqueta.
El militar reveló que su amigo de hace 40 años Eduardo Barreiro –bajo prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad– le llevó un "bolso chiquito" que contenía 200 mil dólares. Fue durante el brindis de fin de año de 2009 que el Ejército realizó en el séptimo piso del edificio Libertador, informaron a Infobae fuentes judiciales.
La misma versión sobre el bolso dio ayer Barreiro –acusado de ser partícipe necesario del delito de enriquecimiento ilícito– y ambos dijeron que había por lo menos otros seis militares que fueron testigos de esa situación y dieron sus nombres. Todos ya fueron citados por el juez Rafecas a declarar la semana que viene como testigos.
En su indagatoria, Milani dijo que le comentó a las personas que estaban allí que iba a poder comprar su casa y agregó que tenía el recuerdo que se hizo un brindis por eso.
No fue la única referencia que hizo Milani sobre bolsos. "Los bolsos de López son migajas ante lo que se fugaron las familias más poderosas de este país", dijo el militar en diálogo con los periodistas en referencia al ex secretario de Obras Públicas de la Nación detenido en junio pasado con bolsos y valijas con casi nueve millones de dólares.
Cuando ocurrió el hecho, Milani era jefe de Inteligencia del Ejército, cuya jefatura asumió a mediados de 2013 en el gobierno de Cristina Elisabet Kirchner.
Tanto Milani como Barreiro coincidieron en el préstamo del dinero por el cual firmaron un mutuo. Pero ninguno de los dos los consignó en su declaración jurada, así como el mutuo tampoco tiene fecha o firmas certificadas. "Pudo haber un error administrativo pero no un acto delictual", dijo Milani en diálogo con los medios sobre la falta de declaración del mutuo.
Si bien Barreiro reconoció que le prestó a Milani 200 mil dólares, no tiene un solo dólar declarado y sus ingresos son de entre 20 y 25 mil pesos como sueldo y de ocho mil como pensión de ex combatiente.
El militar acusado de crímenes de lesa humanidad declaró que con su hermano heredaron un local comercial de ocho metros cuadrados en la "Galería Belgrano" que vendieron en 2006 en 120 mil dólares. El dinero que obtuvo Barreiro tampoco fue declarado.
Milani está acusado de presunto enriquecimiento ilícito por la compra en 2010 de una casa de 450 metros cuadrados construida en un terrero de mil metros en el barrio de La Horqueta, por la que pagó 1.500.000 pesos, que para la época eran 400 mil dólares.
Según un peritaje de la Corte Suprema, el ex jefe del Ejército no puede justificar esa compra ni el nivel de vida que llevaba con los ingresos que tenía. Milani objetó ese peritaje porque no tuvo en cuenta el mutuo, su cancelación y la escritura.
Milani señaló que para comprar la casa firmó el mutuo con Barreiro y que le devolvió el dinero con la entrega de un departamento en el barrio de Belgrano.
En el mutuo no consta la entrega de ese departamento sino que se canceló en efectivo. Milani dijo que se trató de un error material y propuso que el escribano que participó de esa operación como la escribana que intervino en la compra de la casa en La Horqueta declaren como testigos en la causa.
También sostuvo que no tenía contador hasta 2010: "Tengo suficientes propiedades que heredé de mi familia y que usufructo con mi hermano". Ante el juez Rafecas explicó que heredó de su familia en Córdoba –nació en Villa Carlos Paz– terrenos, locales e inmuebles que alquila con su hermano, en muchos casos de palabra, por lo que no tiene contrato.
El ex jefe del Ejército declaró durante tres horas junto con su abogada Mariana Barbitta. Además de hacer una exposición oral, contestó preguntas y presentó un escrito.
Tras las indagatorias de los acusados, el magistrado tiene 10 días para resolver si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito.