El juez de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, contó su experiencia judicial en el sur del país, confesó que en algún momento de su carrera recibió presiones e indicó qué cambios haría en el Poder Judicial.
En una entrevista que le realizó Marcela Losardo, en el ciclo Justicia Abierta, el magistrado se refirió a la función que comenzó a cumplir este año cuando fue nombrado presidente de la Junta de Titulares de Cámaras Nacionales y Federales del país.
A continuación la entrevista completa:
-¿Cómo es hacer justicia en Comodoro Rivadavia?
-Es bastante particular, y en mi caso, comencé mi carrera en el Poder Judicial Nacional, en la Corte Suprema, llegué al cargo máximo, secretario del Alto Tribunal, y en el año 2002, después de haber pasado por el sistema de concursos, llegué a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Mi trabajo es muy interesante por varias razones, en primer lugar porque se trata de la Cámara Federal con mayor competencia territorial del país. Tenemos competencia sobre las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bajo la Superintendencia de la Cámara hay siete juzgados federales, casi ocho, porque está por habilitarse el juzgado federal de Rawson. Se trata de tribunales de competencia múltiple, tenemos jurisdicción penal y civil, dentro del marco de la Justicia Federal. Algunos los llaman 'Tribunales de ramos generales', hacemos todo. Y tiene particularidades entretenidas, como el clima que hay en invierno. A veces me llama el juez de Ushuahia o el juez de Río Grande para decirme 'mire, doctor, tenemos que pedir feriado judicial porque la nieve acaba de hacer derribar un techo'. Tenemos que tomar medidas extremas en algunos casos, que obviamente en Capital Federal eso no ocurría. Tenemos una relación muy directa con los magistrados. La Cámara que integro está permanentemente en contacto con ellos para atender todo tipo de cuestiones que exceden lo meramente jurisdiccional.
-Usted es presidente también de la junta de camaristas nacionales y federales de todo el país, que se reúne a hablar de la administración de justicia y las particularidades que tiene cada uno.
-Hace aproximadamente 15 años se empezaron a unir los distintos presidentes de las Cámaras del país, nacionales o federales, para cambiar ideas sobre las distintas problemáticas que ocurrían en cada jurisdicción. Esas reuniones empezaron a tener algún grado de institucionalización posterior. Con buena aceptación de la Corte Suprema nos empezamos a reunir con el máximo tribunal. En 2007 nos institucionalizamos verdaderamente, establecimos un estatuto, y hoy tenemos un cuerpo con reconocimiento de la Corte Suprema, y que ha tenido a lo largo de estos años trascendentes funciones e intervenciones en el marco de la política judicial. Alguna de ellas, por ejemplo, fue la decisiva intervención que tuvo la junta de presidentes de cámara en 2013 cuando el Poder Ejecutivo remitió a consideración del Parlamento leyes llamadas 'de democratización de la Justicia'.
-Ahí jugaron un rol decisivo y muy importante
-Absolutamente. Nosotros expusimos las razones que considerábamos apropiadas hacer conocer a la Corte, nuestras diferencias o eventualmente alguna coincidencia, hicimos una presentación importante, tratando todos los tópicos que motivó que el alto tribunal se dirigiera tanto al parlamento como al Poder Ejecutivo, y se lograron modificaciones importantes, más allá de la suerte que tuvo este paquete de leyes que recibió la declaración de inconstitucionalidad en muchos de sus aspectos. Fue un aporte decisivo.
– Y recientemente presentaron con sus colegas el planteo de la cobertura de vacantes y la situación en que se encuentra la Justicia federal. Tengo entendido que de 990 jueces federales que hay en total, sólo hay 400 nombrados, y un 33% que están esperando. Y esto provocó un exhorto de la Corte.
-Nosotros venimos planteando esta situación desde hace un tiempo en nuestras reuniones, que hacemos cada mes con el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, con quien intercambiamos pareceres, lo que es riquísimo para nosotros. La posibilidad de plantearle cara a cara, tanto al presidente de la Corte, como a los funcionarios de las distintas áreas, los pareceres y los inconvenientes, siempre lo mencionamos como una bala de plata que no podemos perder. Esta necesidad impostergable de cubrir estas vacantes que hacen difícil el trabajo de todos los días. Hicimos una presentación manifestando los inconvenientes que esto genera. Usted lo mencionó, más de 300 vacantes sobre 900, es una enormidad. Una ley de subrogancias que la Corte fulmina como inconstitucional el año pasado a través del fallo Uriarte.
-Incluso con lo que significan en el sur los traslados, porque no es lo mismo subrogar en Capital…
-Le cuento una anécdota personal. Tenemos vacante el juzgado federal de Río Gallegos por una cuestión excepcional, ya que el Consejo de la Magistratura dispuso que seamos los propios camaristas los que subroguemos el tribunal, que está a 800 kilómetros de nuestra sede. Eso genera un esfuerzo enorme que hacemos y seguiremos haciendo, porque para nosotros que la administración de justicia en la zona permanezca no es negociable. Nos presentamos a la Corte, tuvimos un enorme eco. Fui secretario de la Corte muchos años, y no recuerdo que la Corte en pleno, que los cinco jueces se dirigieran al Consejo de la Magistratura manifestando la honda preocupación que tenemos. Esto sin atribuirle responsabilidades a nadie, manifestando 'esto hay que arreglarlo. Así la administración de justicia no funciona, y es menester'. ¿Por qué nos dirigimos a la Corte? Porque es la cabeza de nuestro Poder Judicial, la única que reconocemos como cabeza. Es menester que la corte intervenga, como lo hizo, y poner en conocimiento a los órganos del Estado esta circunstancia.
-Es un tema que viene de siempre el atraso del Consejo de la Magistratura. Pero cada día parece que se está haciendo más lento, y esto impacta en la administración de justicia.
-Es cierto lo que usted dice, además hay otro ámbito que también merece observación, que (el Consejo de la Magistratura) tiene la administración y ejecución del presupuesto del Poder Judicial. Tenemos problemas con esto, por diferentes situaciones que desconozco los insumos a veces no llegan, las erogaciones en materia edilicia, se atrasa en materia de tecnología, y esto sin duda posterga los fines que tenemos para poder administrar justicia. A partir de una reforma que es absolutamente imprescindible, que está en el Congreso, la del Código Procesal Penal, que va al paradigma del sistema acusatorio. Para que este sistema logre los objetivos loables que tiene, es imprescindible contar con recursos, tener salas de audiencias, designar jueces, si no, va a ir al fracaso. No podemos permitirnos otro nuevo fracaso.
-Tienen con el Código procesal una experiencia piloto. Cómo están trabajando con la capacitación, con lo tecnológico. Porque uno puede hacer la reforma que quiera, pero cuando uno no tiene el equipamiento y las condiciones, va al fracaso.
-Vamos a hacer experiencias piloto en la implementación del Código en la jurisdicción de la Cámara Federal de Salta, y en la Patagonia en la jurisdicción de toda la Cámara que presido. Ahora empiezan los cursos de capacitación para la implementación del nuevo Código. Hay que capacitar al personal, a los funcionarios y a los magistrados. En Salta comenzó hace una semana la primera jornada. Van a ser cuatro de diez horas cada una, sumamente intensas, con profesores que vienen de la escuela judicial y del Consejo de la Magistratura. Esta es la capacitación. La implementación definitiva dependerá de todas estas cuestiones que conversamos.
-Hubo una reunión en la Corte con la Dirección de Captación de Comunicación, llamadas las escuchas legales. Cómo se viene trabajando, porque ahora lo tomó la Corte, pero hay una nueva dirección. ¿Qué significa?
-La vieja 'ojota', la oficina de escuchas de observaciones judiciales, forma parte del Poder Ejecutivo, de la vieja Secretaría de Informaciones del Estado. En 2014 o 2015 pasó al ámbito de la procuración general, y el Poder Ejecutivo dictó un decreto a fines del año pasado por el cual traspasó la dirección de captación de comunicaciones al ámbito de la Corte Suprema. La Corte lo toma, desarrolla un reglamento y designa por sorteo para dirigir esa oficina a dos camaristas con competencia penal. Uno soy yo, y el otro es el doctor Martín Irurzun, presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional. La Corte apuntaba en la acordada que nos designa a dos paradigmas: la transparencia y la confidencialidad. Ha sido muy criticada esta dependencia, siempre, por escuchas ilegales. Con Irurzun nos centramos en estos dos conceptos. Cómo fuimos adelante con la transparencia. En primer lugar, abrimos en un lugar público a la sociedad esta oficina que parecía un secreto muy bien guardado.
-¿Cómo es esto de abrir al público?
-Invitamos a ONG a concurrir a la dependencia. Cuando nos juntamos con estas organizaciones, los acompañé a visitar el edificio, pasando por todos lados. Abrimos el lugar para que vieran lo que quisieran. Se mostraron entusiasmados, asombrados.
-¿Pero qué mostraban?
-Mostramos cómo llegan los pedidos de interceptación de comunicaciones. Hay una dependencia que se llama de 'Escucha Directa', para aquellos casos en los que se está trabajando en un secuestro extorsivo, donde un minuto que se pierda puede hacer perder una vida, o un minuto que se gane puede hacer salvar una vida. En ese momento se estaba haciendo una escucha, entonces presenciaron cómo se estaba trabajando sobre ese asunto. Cómo llegaban los pedidos de interceptación de comunicaciones, cómo se vuelcan en determinados soportes magnéticos y luego se llevan a los juzgados, cuáles son los locutorios para escuchar.
La segunda "visita" que tuvimos fue hace 15 días cuando invitamos a los representantes del Senado, vino el senador Pichetto, vinieron representantes de todos los bloques del Senado, y de la misma manera los invitamos a que vean absolutamente todo. Consideramos que esa es la mejor manera de transparentar la gestión.
Confidencialidad, el otro apotegma que la corte proponía… en realidad lo que hicimos fue convenios de confidencialidad con cada uno de los agentes que integran la dirección de captación de comunicaciones.
Con Irurzun nos preguntamos hace un tiempo 'esto mal no funciona, por qué?'. Porque hace un tiempo se criticaba prácticamente a diario la función de la oficina. No se habló más. Significa que las cosas están funcionando bien. Y advertimos y pusimos a consideración de la corte que las escuchas son un aspecto de esto, pero nosotros, y a partir de nuevos requerimientos que estamos haciendo en materia presupuestaria y de tecnología, podemos brindar otra función a los magistrados. Con otras tecnologías podemos ayudar a develar delitos complejos, informáticos… Le sugerimos a la Corte 'ampliemos la competencia'. Tuvimos la suerte de ser oídos por la Corte, que creó una dirección que involucra hoy la oficina de las escuchas, que se llama algo así como Dirección de Ayuda a la Justicia en Delitos Complejos y delitos relacionados con el crimen organizado.
-Usted y el doctor Irurzun quedaron a cargo. Eso no se modificó, exactamente. Tienen apoyo tecnológico.
-Tenemos apoyo tecnológico, en el presupuesto hemos requerido para el año que viene aportes dinerarios para reformular las áreas informáticas. ¿Cómo se corona esto? El acto de hoy se refería a la suscripción de un convenio con el Congreso a través del cual se resuelve que el Congreso produzca un seguimiento de la transparencia, la confidencialidad, de la manera que el Congreso quiera hacerlo.
-O sea que van a tener un protocolo, pautas a seguir.
Absolutamente, y la Corte prestará toda la colaboración necesaria para que el Congreso pueda llevar adelante su función. Le expliqué al ministro de Justicia y a representantes del poder legislativo cómo es esta situación, a qué apunta esto. Les comenté un poco cuál iba a ser la tarea, y qué era lo que se iba a suscribir. Recordé el viejo principio de colaboración. Para lograr políticas de Estado, es necesaria la cooperación de los poderes del estado. El poder ejecutivo traspasó a la corte esta oficina, la corte la toma, elabora el reglamento, y lo trabaja, y el congreso nacional la audita.
-Los delitos cada día son más complejos. Ojalá que el objetivo que tuvo en mira el tribunal se cumpla.
-Cuando fue secretario de la Corte tuvo una actividad especial y tuvo un reconocimiento por parte de la comunidad judía por su participación en la investigación del atentado a la AMIA.
-En realidad me dejó un sabor más agrio que dulce. En 1994, cuando se produce el atentado, estaba a cargo de la secretaría de superintendencia de la corte, y una de las dependencias a mi cargo era la morgue judicial. El reconocimiento se debe… una mañana me pidió una entrevista el gran rabino de la república Argentina, me plantea crudamente y con muchísimo dolor la situación por la cual estaban pasando muchos miembros de la comunidad judía a raíz de que, con motivo del atentado, era muy difícil el reconocimiento de los cuerpos. Y por una cuestión vinculada a la religión necesitaban la identificación de los cuerpos para poder darles sepultura. Se logró el objetivo a través del cuerpo médico forense y del sistema de antropología forense. Con mucha sorpresa recibí en mi despacho un sobre del rabinato en el que me agradece muchísimo esta actividad, y me produjo una emoción muy grande. Haber podido colaborar en esos momentos fue muy gratificante.
-La Cámara Federal tuvo que resolver cuestiones bastante delicadas. ¿Ha sentido presiones? ¿Ha trabajado siempre muy tranquilamente?
-Sí, mentiría si dijera que no. Que intentan presionarnos, es probable, pero ante el defecto de pedir, está la virtud de no dar, decía mi abuela, y lo voy a mantener siempre. Además saben a quién presionar. Hemos tenido causas trascendentes. El tribunal que integro procesó al jefe del Ejército, causas de lesa humanidad de muchísima trascendencia pública, resolví los procesamientos referidos a la masacre de Trelew, que ocurrió en el año 72.
-¿Qué cosa cambiaría del poder judicial? ¿Cuáles son los impedimentos que tiene el poder judicial?
-Algunas han cambiado, pero creo que hay que profundizarlas. Cuando empecé en el poder judicial, era imposible pensar que un juez iba a estar siendo entrevistado. Hoy la sociedad requiere que le contemos lo que estamos haciendo, no es ningún secreto.
Hace poco escribí un artículo en La Justicia Online, sobre la relación entre el periodismo y la justicia. Los jueces nos teníamos que acostumbrar a que, por un lado, íbamos a ver a un señor con cola de caballo y algún piercing, y seguramente el periodista iba a ver del otro lado a un caballero con el traje raído, peinado con gomina, una señora peinada de peluquería y con un traje sastre de la década del 50, y teníamos que convivir con eso, y empezar a soltarnos. Últimamente está ocurriendo, hoy ya no es llamativo que se entreviste a un juez, no es llamativo que el presidente de la Corte haga declaraciones, y me parece sano esto. Yo lo profundizaría. Otro cambio, estamos yendo hacia el expediente digital. Tener millones y millones de hojas que lo único que hacen es producir ratas y piojos ya no va. Eso implica también un cambio de conciencia, y los abogados somos bastante formalitos, pero vamos aprendiendo. El camino está abierto y tenemos que seguir transitándolo.