El Programa Qunita comenzó a funcionar seis meses antes de que terminara el gobierno de Cristina Kirchner. Casi al mismo tiempo se inició una investigación judicial que terminó con los procesamientos de varios ex funcionarios nacionales y los empresarios que participaron de la millonaria licitación.
En 2015 el juez Claudio Bonadio llamó a indagatoria. En febrero de 2016 dictó los procesamientos del ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, de dos ex ministros de Salud, Juan Manzur y Gollán, y del ex viceministro de Salud y militante de La Cámpora Nicolás Kreplak. También procesó a los empresarios que se quedaron con un negocio de 1100 millones de pesos para proveer 140.000 kits del Programa Qunita.
Para Bonadio la licitación había sido amañada, y se habían elegido empresas que no tenían antecedentes en el rubro de los artículos para recién nacidos. El caso más notorio fue el de la empresa Fasano, que se quedó con un contrato de 900 millones de pesos y el año anterior casi no había tenido actividad comercial. Esa empresa -que fue la que cotizó el precio más alto- se quedó con el contrato para proveer al Estado de 115.000 kits de los 140.000 que originariamente iba a tener el Programa Qunita.
La Sala II de la Cámara Federal confirmó todos los procesamientos salvo el de Manzur, actual gobernador de Tucumán. Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron por qué confirmaron los procesamientos de Fernández y Gollán: "Que la licitación en estudio fue llevada adelante con las irregularidades señaladas que irrogaron un perjuicio económico considerable a las arcas del Estado en tanto permitieron la afectación abusiva de una partida presupuestaria por un monto de $ 1.097.259.250 (para 140.000 kits) cuando la prevista originalmente para la operación era de $ 675.000.000 (para 150.000 kits). Tan injustificada elevación del presupuesto inicial, aunada a la firme sospecha en punto a la selección preordenada de las empresas que, careciendo de todo antecedente o experiencia en el rubro, resultaron a la postre ganadoras, son circunstancias que emergen con claridad del trámite licitatorio y que impiden admitir los descargos a través de los cuales tanto Gollán como Fernández aspiran a deslindar su responsabilidad en los hechos".
El kit que se entregaba a beneficiarias de la Asignación por Embarazo tenía una cuna de encastre, un colchón, un juego de sábanas, un acolchado reversible, un juego de toallas, dos enteritos de manga larga, dos enteritos de manga corta, dos pantalones tipo osito, dos pares de medias, un abrigo, un par de escarpines, dos sacos de dormir, un babero, un porta-bebé, un cambiador portátil, un bolso materno, un camisón, una bata de mangas largas, un par de pantuflas, una frazada, un neceser, un chupete, un mordillo, un termómetro digital, un sonajero, un cunero móvil, un paquete de algodón hidrófilo, un paquete protector mamario descartable, una crema hidratante y una crema caléndula.
Un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) producido durante el gobierno anterior señaló que la cuna del kit tenía falencias de seguridad. Algo similar sucedió con la Sociedad Argentina de Pediatría. Se cuestionaron las condiciones de seguridad de la cuna (hecha de fibrofácil) y de la bolsa de dormir.
El Caso Qunita va camino hacia el juicio oral y público. Alrededor de esta investigación se dio una discusión en los últimos días. El ministerio de Salud del actual gobierno nacional le consultó a Bonadio qué hacer con los objetos del kit. El juez señaló que los que se podían reutilizar se reutilizaran y el resto se destruyera. Hay 60 mil kits almacenados y la decisión de Bonadio fue cuestionada. Entre otros, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner -enfrentada con el magistrado- criticó a Bonadio y comparó su decisión con la "desperonización" de la sociedad que encaró la autoproclamada Revolución Libertadora tras derrocar a Juan Domingo Perón en 1955.
El fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien solicitó que el caso sea enviado a juicio oral y público, pidió que se reacondicionaran las cunas y las bolsas de dormir -los dos artículos cuya seguridad fue cuestionada y destinados a la destrucción- pero Bonadio rechazó ese pedido.
Según pudo confirmar Infobae en fuentes vinculadas a las defensas de los imputados, en el expediente se presentó el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Sergio Provenzano.
En un escrito de una carilla, Provenzano dijo que: "Diversas agrupaciones Políticas estudiantiles de esta Facultad han elevado a este Decanato la preocupación por lo resuelto por VS al ordenar la destrucción de algunos elementos de ese kit. Al respecto manifiestan que la mortalidad materna e infantil en nuestro país es un indicador que habla de la inequidad social y sanitaria, siendo muy superior en la población de menores ingresos. En ese marco el Programa Sanitario conocido como Qunita tendría por objeto la reducción de esa mortalidad en la población más necesitada y buscarla alcanzarlo mediante el estímulo de la realización de controles de embarazo adecuados y oportunos, los nacimientos en maternidades seguras y la reducción del colecho, además de proveer elementos de primera necesidad para el recién nacido. Es inquietud de esta casa de estudios este tema particular y apoyamos toda iniciativa que tenga que ver con la disminución de la mortalidad infantil" .
"Es por esto que aconsejamos a VS-le dijo al juez- si así lo considera, la participación académico científica a través de profesionales de esa casa, para evaluar elementos que componen el kit y que no han demostrado peligrosidad, para que no sean descartados". El decano ofreció realizar una evaluación para que el juez la considere. Ahora tiene la palabra Bonadio.
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