El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez solicitó que se revoquen los sobreseimientos que se dictaron en la causa en la que se investigan irregularidades en la licitación del Plan Qunita.
El pedido es para que sean procesados el ex ministro de Salud de la Nación y actual gobernador de Tucumán Juan Manzur y los integrantes del Servicio Jurídico de la cartera sanitaria, Elisa Marta Gulberti, Carlos Alejandro Liz, Viviana María Bonpland y Alelí Claudia Polar García, quienes fueron sobreseídos por el juez federal Claudio Bonadío.
El fiscal Rodríguez sostuvo que se ha demostrado que la Licitación Pública N°4/15 del Ministerio de Salud de la Nación constituyó un plan único para defraudar al Estado. Además señaló que cada uno de los intervinientes hizo su aporte conforme a sus funciones y vigencia de su cargo.
El representante del Ministerio Público Fiscal señaló en su escrito que "el proceso licitatorio fue concebido con la clara e inequívoca intención de obtener un provecho espurio".
Rodríguez afirmó que los funcionarios del Servicio Jurídico del Ministerio de Salud tendrían que haber advertido las irregularidades y dictaminado en contra del pliego aprobado por Manzur el 30 de enero de 2015.
El fiscal señaló que la licitación viola los artículos 46 y 47 del Reglamento de Contrataciones de la Administración Pública Nacional "permitiendo la violación de la igualdad, concurrencia y transparencia, principios rectores de toda contratación del Estado".
En la presentación que hizo ante la Cámara Federal, Rodríguez aseguró que el pliego licitatorio restringía la oferta a unos pocos al llamarse a licitación pública por grandes cantidades de bienes en un único renglón y con cortos plazos de cumplimiento.
Según el fiscal, esta maniobra permitió dar curso al trámite de un proceso de selección formal, pero direccionado para favorecer a quienes finalmente resultaron adjudicados.
Rodríguez destacó en su escrito que "todo ello, como se viene afirmando, ha ocurrido en el período en que Manzur era ministro de Salud, razón por la cual corresponde se dicte su procesamiento al igual que los consortes de causa, a los fines que afronte el debate oral con el resto de los funcionarios involucrados".
La investigación judicial se inició a partir de una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña por sobreprecios en la compra de kits para recién nacidos. La principal beneficiaria del plan Qunita fue la sociedad comercial Fasano SRL dedicada al rubro inmobiliario que fue beneficiada durante el kirchnerismo a través de un contrato con el Ministerio de Salud de la Nación por el que iba a recibir un total de 903 millones de pesos de los cuales ya cobró 382.
En la causa están procesados con procesamiento firme el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, el ex ministro de Salud Daniel Gollán y otros 16 imputados.
Las actuales autoridades de la cartera de Salud dieron de baja en el mes de abril el plan Qunita luego de un informe del INTI que alertó sobre los riesgos y la peligrosidad de algunos de los elementos que se entregaban.
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