Amado Boudou, procesado por la compra de autos de lujo en Economía

El ex vicepresidente debe presentarse a una nueva indagatoria por un desprendimiento de este caso

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Amado Boudou, otra vez complicado por las investigaciones de la Justicia. (Foto: Adrián Escandar)
Amado Boudou, otra vez complicado por las investigaciones de la Justicia. (Foto: Adrián Escandar)

El juez federal Sergio Torres dictó el procesamiento del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou por la compra de 19 autos de lujo realizada cuando ocupaba el cargo de ministro de Economía.

Después de varios años de investigación, para Torres quedó demostrado que cuando Boudou estuvo al frente de Economía se hizo una compra "antojadiza" e "infundada" de autos de alta gama a finales del año 2009 y por eso lo procesó por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

En diciembre de 2009 el ministerio de Economía compró 19 autos de alta gama por un valor de 2.131.400 pesos. Lo hizo mediante una subasta privada. El juez determinó que el procedimiento se acomodó a tal punto que la concesionaria Volkswagen "Guido Guidi S.A" convocó a aquella subasta por los autos una vez que Economía decidió hacer la compra. Se compraron tres Passat, tres Vento y 13 Bora.

En el expediente se comprobó que se saltearon los procedimientos legales para realizar la compra, y que el negocio se hizo con celeridad. La premura tenía un objetivo: utilizar el dinero que Economía tenía en 2009 dentro de su presupuesto y que no iba disponer al año siguiente.

En la resolución a la que Infobae accedió en fuentes judiciales, Torres también procesó a Benigno Vélez, colaborador de Boudou quien fuera secretario Legal y Administrativo del ministerio de Economía y que estuvo a cargo del procedimiento de compra. Para el juez, Boudou y Vélez fueron co-autores de la maniobra.

En tanto, Fernando y Guido Guidi, dueños de la concesionaria involucrada en la operación, fueron procesados como partícipes necesarios del hecho. Boudou apareció junto a Guidi en una foto tomada en el despacho del ex ministro de Economía, meses después de la compra.

Daniel Reposo, quien estuvo al frente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) durante el kirchnerismo y avaló desde ese organismo -mediante documentación falsa- los precios de la compra, fue procesado como partícipe necesario en la defraudación. Y también Álvaro Palencia Reffino, quien fuera director de Asuntos Administrativos, Laborales, Contractuales y Financieros del ministerio de Economía.

Para Torres: "La impronta otorgada al trámite de ese expediente, en cuanto a la urgencia y tenor de las deficiencias detectadas, como los actores del mismo, pone claramente la decisión en cabeza de la máxima autoridad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, en el caso, el licenciado Amado Boudou".

En sus respectivas indagatorias todos los procesados negaron haber participado en una maniobra ilegal.

El juez Torres estableció que:

  • La compra no se hizo por licitación o concurso sino mediante subasta privada no habilitada por ley.
  • Se realizó con urgencia para aprovechar el dinero que el ministerio de Economía tenía en 2009.
  • Economía había iniciado el trámite para comprar 20 autos pero compró 19 que eran los ofrecidos por la concesionaria.
  • Días después de la compra Economía cedió a otras reparticiones 10 de los 19 autos que el ministerio a cargo de Boudou había dicho que necesitaba con urgencia.
  • Los autos se pagaron más caros de lo que indicaba el valor de mercado para compras corporativas.
  • Reposo, quien desde la SIGEN avaló los precios a pagar por los autos, se quedó con uno de ellos de inmediato. Luego lo devolvió ante la inminencia del escándalo.
  • Uno de los autos comprados por Economía -un Passat 3.2 patente INI 533- quedó para uso de Boudou durante casi dos años mientras fue vicepresidente.

El juez, en su decisión, hizo una síntesis de lo sucedido: "… fondos públicos que debían ser destinados por el titular del Ministerio de Economía a las múltiples necesidades que ya para el 2009 compelían al Estado Nacional, fueron dirigidos a una antojadiza y por tanto infundada adquisición de parque automotor, nada menos que de una empresa afín a la cabeza de dicha cartera, para lo cual, de manera por demás sobreactuada y sorprendentemente muy ágil, se generaron un expediente administrativo (…) y circunstancias de hecho que le eran perfectamente correlativas -como anillo al dedo, en la jerga-, pero claramente irregulares en su integridad, tal como se ha probado en detalle a lo largo de este exordio. Más ello, abonando a la postre, claro está, mayor dinero que el que hubiera correspondido, insisto, de haber sido necesaria la adquisición, y en ese marco de realidad, se hubiera instruido un procedimiento también real. E importando incluso, en la lógica pergeñada, la intervención también por demás irregular y actuada que se figuró desde un organismo externo, esto es, la Sindicatura General de la Nación, cuyo titular llamativamente advirtiera su necesidad de un vehículo de la partida, del que desistió, también casualmente en tiempo cercano a las denuncias que dieron inicio a la presente".

Amado Boudou se mostró públicamente por última vez en una marcha en apoyo a Hebe de Bonafini
Amado Boudou se mostró públicamente por última vez en una marcha en apoyo a Hebe de Bonafini

Torres sobreseyó a José Carlos Valdivia Campos, quien trabajaba en el área de Precios Testigo de la SIGEN y reveló cómo fue el procedimiento-cuestionado por Torres- seguido en el organismo de control que debe establecer si los precios que se pagan en compras estatales están acordes a los de mercado.

Durante la investigación se determinó que Reposo -quien fue candidato del kirchnerismo a procurador general de la Nación en 2012- falsificó una nota mediante la que avaló el precio de dos autos que se incorporaron a último momento al lote a comprar. Por este hecho, todos los procesados-Boudou incluido- tienen que volver a declarar en indagatoria ante Torres.

El ex vicepresidente de la Nación fue embargado en 3.000.000 de pesos y sumó un nuevo procesamiento en la justicia federal donde tiene ocho causas abiertas.

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