Durante los últimos 25 años, Juan Carlos Bayarri fue por todo, en más de un sentido.
El 18 de noviembre de 1991, según él mismo denunció, un grupo de efectivos armados de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal introdujo a Bayarri por la fuerza en un auto junto a su padre, Juan José, en la intersección de las calles Centenario Uruguayo y Mitre en Villa Domínico, no muy lejos de dónde vivía. La supuesta pista que había llegado horas antes a Defraudaciones y Estafas, con el entonces subcomisario Carlos Alberto Sablich y el comisario Vicente Luis Palo como jefes operativos, era al menos incómoda: Bayarri, "El Pelado", un ex sargento primero que se había retirado hacia ya cuatro años de la PFA para dedicarse al negocio familiar de automóviles, tendría "algo que ver" con el secuestro de Mauricio Macri, ocurrido cuatro meses antes.
Diez años después, en agosto de 2001, luego de pasar una casi década en la cárcel de Caseros, Bayarri era finalmente condenado a reclusión perpetua como co-autor del secuestro de Macri por el juez Rodolfo Canicoba Corral junto a otros policías como José "El Turco" Ahmed, Carlos Benito y Miguel Ángel Ramírez. El futuro presidente de la Nación declaró como testigo en el proceso: no pudo identificar al ex sargento primero como a ninguno de sus captores. Para Bayarri, una supuesta confesión en la que se autoincriminaba era la única prueba decisiva en su contra con una pena excepcionalmente dura, aún más fuerte que la cadena perpetua pedida por el fiscal del proceso, Carlos Stornelli.
Pero la "confesión", en primer lugar, no había sido tomada por el magistrado original del caso, Nerio Bonifatti, titular del Juzgado de Instrucción N°25, sino por personal policial, algo al menos irregular. En ella, Bayarri no solo se hacía cargo de participar del secuestro de Macri; también se adjudicaba su parte en los principales hechos cometidos por la "Banda de los Comisarios" liderada por "El Turco" Ahmed y Alfredo "Poroto" Vidal, una grupo de policías ultraderechistas del área de Seguridad Federal de la PFA que durante la dictadura raptó -desde 1978 hasta comienzos de la democracia- a herederos y empresarios como Osvaldo Sivak con el supuesto fin de "hacer caja", sea para ellos mismos o para las altas esferas militares.
En esa "confesión" Bayarri reconoció ser junto a Benito y Miguel Ángel Ramírez "operativos, 'soldados' que recibíamos órdenes", con Ahmed y Alfredo "Poroto" Vidal acusados como jefes máximos. El "Pelado" incluso admitía haber cobrado su parte del dinero del secuestro del empresario Julio Ducdoc, raptado en noviembre de 1980. Ducdoc fue retenido durante nueve meses, su familia pagó un millón y medio de dólares; jamás volvió a aparecer. Bayarri hasta esclarecía con su presunto testimonio la suerte del empresario: "Después de cobrar mi parte, me enteré de que Ducdoc no había sido liberado, sino que 'los socios' habían dispuesto su eliminación, por falta de garantías en cuanto a que iba a reconocernos", habría apuntado el ex sargento.
Se agregaron dos constancias de puño y letra firmadas por Bayarri a las supuestas declaraciones hechas ante la Policía. Todo era de lo más conveniente. El secuestro de Mauricio Macri ahora no solo tenía un responsable; los raptos extorsivos a empresarios más crueles del proceso militar tenían su cierre casi perfecto. Pero, al fin y al cabo, la supuesta prueba que condenó a Bayarri, la supuesta prueba que lo vinculó al secuestro de Mauricio Macri y a varios de los raptos extorsivos más emblemáticos de la dictadura no sirvió de nada.
En su ampliación de indagatoria del 17 de marzo de 1992 ante el Juzgado N°25 del doctor Nerio Bonifati, hoy fallecido, Bayarri aseguró que esa confesión fue extraída bajo torturas. Narró que durante tres días y noches dentro del viejo Garage Olimpo, el ex centro clandestino de detención en Floresta convertido en una dependencia del Servicio de Mantenimiento de Automotores de la PFA, varios oficiales de Defraudaciones y Estafas lo habían hecho "cantar" a golpes en la cara y en el pecho. Declaro que le dieron puñetazos en la cabeza hasta reventarle el tímpano derecho, que le aplicaron el tormento conocido como "submarino seco", quitándole la respiración con una bolsa de plástico, y que, mientras estaba atado a un catre, le dieron descargas con una picana en el escroto y en el ano mientras le hablaban de su padre, raptado como él, en otro punto que desconocía. "Si te torturan así, vos confesás que mataste hasta a John Fitzgerald Kennedy", lanza hoy Bayarri.
Canicoba condenó en 2001 al ex policía a una posible muerte en la cárcel a pesar de dos expedientes judiciales en marcha que todavía no estaban resueltos. Un año después de ser detenido, el ex sargento había iniciado una causa por privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales que recayó en el Juzgado de Instrucción N°13, primero a cargo José Méndez Villafañe y luego a manos del doctor Luis Zelaya. En ella, Bayarri acusó no solo a Sablich y a Palo, sino también al ex comisario Carlos Jacinto Gutiérrez. El ex sargento aseguró reconocer a Sablich y a Gutiérrez por sus voces mientras era torturado en el Garage Olimpo. Dos años después de esa primera causa, en abril de 1994, elevó por carta una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica: su petición fue finalmente considerada admisible en enero de 2001, ocho meses antes del veredicto de Canicoba. Sus chances de que le creyeran eran al menos bajas.
Eventualmente, Bayarri ganó: fue, en cierta forma, cuestión de insistencia. En junio de 2004, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani absolvió a Bayarri y le dio la libertad: los jueces dieron por probadas las torturas que sufrió el ex comisario. "Los hechos demostrados por la Justicia de instrucción de la Capital no pueden ser tildados de excesos policiales en la utilización de la fuerza pública imprescindible para cumplir con el deber legal de detener a una persona sobre la que pesa un pedido de captura. En este caso, se ha acreditado que la aplicación de tormentos sobre la persona de Bayarri tuvieron por finalidad arrancar una confesión autoincriminante", razonó la Sala en su decisión.
La doctrina jurídica aplicada fue la del "árbol venenoso"; la forma en que fue obtenida la "confesión" que aseguró su condena viciaba el resultado del proceso y la volvía inválida. El 30 de octubre de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidía a favor de Bayarri. Tras demandar al Estado argentino, la CIDH también reconocía las torturas sufridas por el ex sargento en una sentencia de más de 60 carillas y ordenaba al país, tal como hizo con el caso del conscripto Walter Bulacio, a una reparación.
De acuerdo al fallo, la Argentina debía resarcir a Bayarri por sus padecimientos y sus trece años de cárcel con una compensación monetaria que fue finalmente unos 295 mil dólares y eliminar su nombre de todo registro público con antecedentes penales. Ya no quedaba ningún tipo de margen para discutir jurídicamente si Bayarri había sido torturado o no: la Comisión Interamericana tiene jerarquía constitucional por sobre cualquier tribunal del país.
La suerte para los comisarios acusados de torturar al ex sargento, por su parte, no iba a cambiar. En su sentencia, la CIDH ordenó también al Estado que concluya "el procedimiento penal iniciado por los hechos que generaron las violaciones del presente caso", la causa en el Juzgado de Instrucción N°13 en la que Bayarri es querellante. El juez Zelaya había sobreseído en tres ocasiones a Sablich, Palo y Gutiérrez: la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones revocó cada uno sus fallos y ordenó que ampliara las investigaciones.
En mayo de 2005, Zelaya envió a los comisarios finalmente a juicio oral y ordenó la detención de los ex jefes de Defraudaciones y Estafas. Para ese entonces, Sablich había perdido el uniforme. Tuvo que dar un paso al costado en 2004, en medio de un escándalo de proporciones nacionales por el secuestro de Axel Blumberg. Por "resguardo a su seguridad", según fuentes judiciales, Zelaya dispuso que Sablich y los demás imputados no sean enviados a una cárcel común: fueron destinados por dos años al Cuerpo de Policía Montada. Gladys Romero, la última fiscal en la causa, encontró motivos suficientes para subir la calificación contra los ex policías: la carátula de apremios ilegales se convirtió en tormentos, con una pena mínima de ocho años de cárcel. Vicente Palo, un hombre algo obeso, murió a fines de 2013, poco antes de que comenzara el proceso en su contra.
En mayo de 2014, el Tribunal Oral Criminal N°19 con el doctor Eduardo Marina como fiscal de juicio condenó a Sablich y Gutiérrez a 16 años de cárcel. Eduardo Albano Larrea, secretario de Bonifati durante la instrucción de la causa Macri, fue condenado a tres años por encubrimiento. El fallo luego fue revisado en septiembre de 2015 por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por el juez Mariano Borinsky: la Sala ordenó reducir las penas a los comisarios al considerarlas excesivas, pero no ordenó eliminarlas. El 12 de julio último, la Corte Suprema desestimo un recurso de queja de la defensa de Sablich, tal como lo había hecho ya en marzo de 2013. A simple vista, el camino judicial está casi agotado.
Sobre torturas, jueces y silencios
Bayarri se encuentra con Infobae en un café céntrico el viernes 12 de agosto, no muy lejos de Tribunales. Es articulado al hablar, con términos precisos, vehemente, algo desconfiado al comienzo. Escribió un libro, "Los Frutos del Árbol Venenoso", publicado por él mismo en 2014 –"hicieron todo lo posible para pisotearlo", lanza– donde cuenta la historia de su encierro y libertad y su llegada hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice que tiene otro preparado, que en cualquier momento lo completa. "Si yo logré engañar a tanta gente, entonces estás hablando con un tipo tremendamente inteligente. Hubo cualquier cantidad de jueces en todos estos 25 años, cualquier cantidad de fiscales. Se hizo de todo para que esto no prosperara", reflexiona.
–Fue hasta el fondo, por así decirlo.
-Es que un sargento primero no puede meterse con comisarios. Menos con un comisario inspector. ¿Me metí con quién no se tenían que meter? No, fueron ellos quienes se metieron con quien no se tenían que meter. La condena es un hecho, el delito fue probado. Es irreversible. Yo fui, soy y seré inocente.
"Me metieron preso a los 42. Mi hija tenía 9 años, las pasó todas", recuerda Bayarri. Habla de cosas dolorosas al pasar, como las muertes de su padre y su hermano mayor, Osvaldo, por ejemplo. No pudo asistir a sus velatorios en 1995 y el 2000: el Servicio Penitenciario Federal apenas le permitió pararse esposado junto a sus tumbas el día que los enterraron, con apenas un saludo a su madre. Para el segundo funeral, el de Osvaldo, un penitenciario le tuvo piedad y le quitó las esposas por algunos minutos. "Estuve adentro trece años, pero nunca me acostumbré al tumberío", dice el ex sargento. Los presos de Caseros, su primer destino, solían reírse de él cuando le salía pus por el oído al estornudar en una suerte de reflejo. De todas las lesiones, la que más perduró es la del oído derecho, primero con hemorragia, luego daño en su tímpano. El tímpano fue finalmente reparado con una cirugía en el Hospital de Clínicas en 1995.
"Fue después de asistir a distintos nosocomios; el Ramos Mejía, el Santojanni, un año entero en el Penna. Iba a los hospitales encadenado. Lo bueno que tenía ir al Hospital de Clínicas es que me quitaban las esposas para sacarme la campera. Cuando me ponía la campera de vuelta, tenía los bolsillos cargados de caramelos que me ponían las enfermeras", dice.
-¿Escucha bien?
-Sí, escucho bien, muy bien.
En cierta forma, el tímpano derecho fue la prueba que perduró, más allá de los presuntos golpes de puño y las aplicaciones de picana; en la causa del Juzgado N°13, las sucesivas revisiones médicas a Bayarri siempre fueron un eje de disputa.
A lo largo de los años, el juez Zelaya sobreseyó a Sablich y los demás policías implicados por una aparente falta de evidencia médica que apoyase los reclamos del ex sargento, entre otros motivos. Zelaya incluso invocó entre otros chequeos una revisación hecha por un especialista del hospital Santojanni, que indicaba que no había lesión a simple vista y que el daño en el oído derecho podría haber sido generado por una lesión menor que "despertó" una herida ya preexistente.
La Corte Interamericana hizo otras apreciaciones en la sentencia con la que favoreció al ex policía. Citó, por ejemplo, al acta firmada por el médico José Cohen, a cargo de la guardia en la alcaidía de Tribunales, que revisó a Bayarri el 24 de noviembre: Cohen vio lesiones en la cara del ex sargento y en su oído a simple vista. Sobre Bonifati, la CIDH apuntó en referencia a lo constatado por Cohen que "a pesar de que al momento de rendir su declaración indagatoria la víctima presentaba lesiones en el rostro y oído, apreciables a simple vista, el Juez de Instrucción No. 25 no dejó constancia de ello en aquella actuación".
La CIDH también consideró el examen practicado por el médico Primitivo Burgo, con otra aparente orden expresa del juzgado de Bonifati: "Por el contrario, está probado que por orden expresa de dicho juzgador, la revisión practicada por el doctor Primitivo Burgo, del Cuerpo Médico Forense, el 28 de noviembre de 1991, se limitó a la evaluación de lesiones en los oídos. El médico Primitivo Burgo declaró que la víctima. le manifestó que se le había aplicado corriente eléctrica, y que había sufrido otros maltratos. Cuando consultó telefónicamente al Juzgado de Instrucción sobre el alcance del examen que había de practicar, el médico Burgo fue informado que debía circunscribirse a evaluar las lesiones de los oídos", afirmó la Corte en su sentencia de 2008. Burgo no solo ratificó el daño en el oído derecho; también atestiguó los golpes en la cara. Andrés Barriocanal, otro médico que revisó a Bayarri, también dio cuenta de las lesiones.
Incluso el comisario mayor Palo reconoció haber visto las heridas. "Por su parte, el Jefe de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, quien tuvo a la víctima bajo su custodia los primeros seis días de su detención, declaró ante las instancias judiciales nacionales que si bien el señor Juan Carlos Bayarri mostraba huellas de haber recibido golpes, 'nada le preguntó [al respecto] pues en ese momento estaba más interesado en la investigación'", apuntó la CIDH en alusión a la declaración de Palo hecha ante el Juzgado N°13 en junio de 1992. El cruce de versiones sobre los golpes recibidos, por otra parte, no fue el único eje de polémica.
Los puntos mas oscuros
Juan José Bayarri, el padre del ex sargento, fue liberado treinta horas después de ser capturado. Lo dejaron con los ojos vendados por la zona de Parque Chacabuco y comenzó a correr, segun relato su hijo en su libro. Bayarri padre radicó una denuncia que recayó en el entonces Juzgado Criminal N°4 de Lomas de Zamora. Aquí reside otra polémica clave en la trama: qué dijeron los policías que el ex sargento acusaría de ser sus captores sobre el momento y lugar en que se lo llevaron.
Efectivamente, Bayarri padre reconoció en ese expediente que no solo que fue raptado en Villa Domínico; también aseguró que podría señalar a quienes se llevaron a él y a su hijo, aunque jamás se le tomó declaración testimonial en la causa de Zelaya y cuando se dispuso una rueda de reconocimiento, ya había muerto.
Ante Zelaya, según surge de documentación judicial a la que accedió Infobae, el comisario mayor Palo, el comisario Gutiérrez y otro imputado más dijeron algo completamente distinto: afirmaron que detuvieron a Juan Carlos Bayarri el día 19 de noviembre en vez del 18, no en Avellaneda sino en La Boca, sobre la calle Ministro Brin y que Bayarri se resistió al arresto. Larrea, el secretario de Bonifati, envió un informe que fue anexado a la causa de Zelaya y que afirmó que a las 12:10 horas del día 19 una persona que se identificó como "el ciudadano" señaló que Bayarri estaba en un bar sobre Ministro Brin, la supuesta pista que habría llevado a su arresto, y que su detención ya estaba ordenada desde el día anterior por Bonifati, que le informó esta versión al juzgado de Lomas de Zamora.
La Sala VII, en una de sus revocaciones a Zelaya, notó la contradicción evidente. El juez Bonifati hasta había comunicado que Bayarri estaba a su disposición en la Unidad N°16 del Servicio Penitenciario desde el 18. Sin embargo, el libro de detenciones de Defraudaciones y Estafas que fue incautado señaló al 19 como fecha. Zelaya consideró que todo esto fue un simple error de registros, que no había mala intención.
"No tienen testigos que apoyen la supuesta detención en La Boca", dice hoy Bayarri. Pero para la detención en Avellaneda sí los hubo; tres personas describieron el hecho con distintos grados de certeza pero coincidiendo en su estructura. Uno de ellos hasta reconoció a Bayarri en una fotografía como "al gordo que detuvieron". Hoy, Zelaya enfrenta una causa por incumplimiento de deberes de funcionario público tras una denuncia de Bayarri: habrá una audiencia en Casación al respecto a comienzos del mes que viene.
Hay en la trama un punto sumamente oscuro con respecto al padre de Bayarri: una presunta entrega de 200 mil dólares, que, según cuenta el ex sargento en su libro, fue una presunta extorsión, o un robo lisa y llanamente. En su cautiverio, Bayarri padre oyó que su hijo "estaba muy comprometido por una causa de violación de menores" y que, si quería volver a ver a Juan Carlos con vida, debía juntar 300 mil dólares. El ex sargento relata en su libro: "Mi padre visitó amigos y parientes para juntar todo el dinero posible, cerca de 200 mil dólares, con los que se dirigió a la sede del juzgado actuante. El juez Nerio Bonifati lo atendió en su despacho después de una larga espera. Mi padre entregó el dinero, firmó un acta… Fue a través de la televisión que supo la 'noticia': un integrante de la familia Bayarri había devuelto parte del botín del secuestro de Macri".
Bayarri se sorprende al respecto todavía: si su padre entregó a un juez de instrucción dinero fruto de un rapto extorsivo, entonces debería haber quedado detenido. Supuestamente, los billetes del rescate habrían sido microfilmado antes de ser entregado en Dock Sud. El incidente también está reflejado en el reciente libro "El Secuestro", de la periodista Natasha Niebieskikwiat. En tono potencial, se desliza que el dinero "pertenecería", a los fajos del rescate del futuro presidente. Lo curioso es que efectivamente se encontraron casi un millón y medio de dólares en la casa de José "El Turco Ahmed" dentro de bolsas de consorcio: el origen de ese dinero nunca fue explicado del todo.
Hoy, 25 años después, Bayarri se encuentra con la paradoja de que el hombre que fue el eje de la causa que lo llevó por trece años a la cárcel es el presidente de la Nación. El ex policía, por su parte, no entretiene en su cabeza la idea de verlo, de conversar con él en su despacho en Balcarce 50, encontrar una suerte de cierre.
-¿Nunca intentó hablar con Macri?
-Mi papá se cansó de ir a verlo y que no lo reciban. Le dirigí una carta desde la prisión. No la puse en el buzón del pabellón; mi mamá las sacaba a escondidas. La sacó de la misma forma que en mi carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez libre, ya no quise ir a verlo. Macri siempre defendía a Sablich en televisión. Dijo que tenía buen concepto de los policías que actuaron en el secuestro.
Hoy, Bayarri piensa en Sablich y Gutiérrez: el viernes 12, horas antes de encontrarse con Infobae, el ex sargento pidió su detención mediante un escrito al Tribunal Oral Criminal N°19.