Desde 1994, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) elabora un relevamiento de la situación de derechos humanos en el país, con recomendaciones de política pública para mejorar esa situación. Esta vez, la vigésima edición incluye el año 2015 pero a la vez se demoró para incluir los primeros meses de 2016, en los que el nuevo gobierno tomó sus primeras medidas. En diálogo con Infobae, Gastón Chiller, director ejecutivo del CELS, explicó que teniendo en cuenta el cambio de gobierno luego de 12 años de administración kirchnerista, "tenía sentido tratar de analizar las primeras medidas del gobierno del presidente Macri a partir del 10 de diciembre".
—Durante la dictadura había violaciones sistemáticas y planificadas, hoy en día eso ya no es así pero sí hay focos donde hay violaciones a los derechos humanos importantes. ¿Cuáles son las 3 o 4 problemas más importantes que existen hoy en día?
—Nosotros venimos viendo desde hace muchos años, desde la transición hasta este momento, que ya no hay violaciones como política de Estado; sin embargo, sí las hay en lo que tiene que ver con la actuación de las fuerzas de seguridad o las políticas de seguridad, el sistema penitenciario y, en particular -y el año pasado se vio a partir de la aparición del cuerpo sin vida del ex fiscal Nisman- de lo que tiene que ver con el sistema de inteligencia, la comunidad de inteligencia. Pero en relación con fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario hay un patrón bastante sistemático de torturas, de malos tratos, en el caso de cárceles de condiciones de detención inhumanas y de hacinamiento. En el caso de la provincia de Buenos Aires, que nosotros venimos relevando desde hace muchos años a partir de leyes de endurecimiento o distintas declaraciones de emergencia del ex gobernador Scioli que criticamos desde entonces porque producían un aumento en la tasa de encarcelamiento, no generaban eficacia en términos de prevención, de mejorar la situación de seguridad. Yo creo que ahí está el núcleo duro en la Argentina de las violaciones sistemáticas, producidas por un sistema que es empujado por la demanda legítima de seguridad de la sociedad y las respuestas irresponsables de la clase política. Y eso se puede ver, por ejemplo, en toda la campaña política alrededor de un tema puntual que nos preocupa y que es el uso irresponsable del narcotráfico, sin un diagnóstico serio que respalde que la situación esté casi a las alturas de lo que es México o Colombia en las décadas de los 80 y 90, con el objetivo de dar una respuesta y endurecimiento de las respuestas. Y en ese sentido, por ejemplo en este año, marcamos como una gran preocupación la declaración de emergencia nacional de seguridad del gobierno de Macri.
—Las cárceles y las fuerzas de seguridad tienen un problema estructural desde el regreso de la democracia hasta ahora. Tenemos un nuevo gobierno. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Hay planes serios de reestructuración, de reformas?
—Yo dividiría, en el plano nacional, a nivel del gobierno nacional, vemos una continuidad y un aumento de esa lógica de respuesta sin diagnóstico serio, donde no se ve una política atrás, y vuelvo a la declaración de emergencia nacional de seguridad del gobierno a través de un decreto que autoriza por ejemplo el derribo de aviones. O sea, llega a un nivel que más allá de que es grave porque legitima la pena de muerte de una forma indirecta -porque se derriban aviones que se presumen están cometiendo actos de narcotráfico, lo que sea-, pero no se ve atrás una política que diagnostique, no se ve atrás una reforma de las fuerzas de seguridad que es la gran deuda de la democracia. El CELS lo viene diciendo desde principios de los 90. Así como las fuerzas armadas fueron parte de la transición, y se democratizaron finalmente en un largo del proceso, las fuerzas de seguridad, por ejemplo la Policía Federal, sigue actuando con las normas de distintas dictaduras, la ley de personal. Y en ese sentido ahí marcamos que una cosa que está pasando bajo el radar de todo el debate político es la transferencia de la Policía Federal a la Policía Metropolitana, que yo diría que es la reforma que no se llama como tal, más grande del país de los últimos tiempos de fuerzas de seguridad y nadie sabe qué está pasando, cuando la Policía Federal si la comparas con la bonaerense tiene mejor marketing y mejor prensa y es más prolija, pero tiene un largo récord… Por ejemplo, la intervención de la Policía Federal en la causa del desalojo violento del Indoamericano, donde murieron dos personas, donde mataron a dos personas la Policía Federal y la Policía Metropolitana. Tiene un largo récord de una visión de su rol donde el ciudadano pobre, el inmigrante, de piel oscura, es más visto como un enemigo, como un sospechoso, que como un sujeto de derecho.
Nosotros vemos en los primeros meses de este gobierno, la declaración de emergencia en seguridad o las primeras respuestas del gobierno frente a la protesta social. La protesta social ha sido en los últimos, desde fines de los 90, con la trágica historia argentina en la represión del 19 y 20 de dicembre del 2001, y en todo el mundo, desde Turquía, la Primavera Árabe, Brasil y Chile, ha sido una herramienta de reclamo de derechos de las sociedades en democracia o en dictadura. Y la primera respuesta del gobierno de Macri fue la detención de Milagros Sala, por protestar. Nuestra posición es: se tienen que investigar todas las causas y todas las denuncias sobre Milagros Sala. Por ahora y hasta ahora después de 100 días de su detención no encontramos una decisión de mérito que justifique que Milagros Sala sea detenida y esté detenida durante esa investigación. Y eso ha generado una presentación nuestra ante la Comisión Interamericana con Amnistía Internacional.
—En Jujuy el año pasado murió un militante radical en circunstancias por lo menos sospechosas. La presidenta salió a decir por cadena nacional que no era militante radical, pero después aparecieron las fotos que probaban que lo era… Creo que la situación en Jujuy desde acá a veces se ve muy parcialmente, de ambos lados. No tengo la cercanía con la causa de Milagros Sala que seguramente ustedes tienen, pero sí he podido ver sus manejos patoteros, y no me sorprendería que hubiese motivos para encarcelarla por esos manejos. Pero sí me sorprende eso: hay una persona muerta en Jujuy de la que poco se habla.
—Yo creo que hay que separar en el caso de Milagros Sala, como en el caso de cualquier judicialización de un líder social con pertenencia partidaria. Separar lo que puede generar molestia, indignación, en términos de prácticas sociales, de liderazgos si querés antidemocráticos, etcétera, etcétera, que generan escándalo en la opinión pública y debates sobre esas prácticas, que yo diría a nivel provincial el caudillismo no es que es solo de Milagros Sala. Los hay de todos los colores. Y uno puede discutir inclusive por qué casi hay un acuerdo bipartidario en Jujuy en contra de Milagros Sala porque de alguna manera le visibilizó -con todas esas prácticas que vos contás, y me parece que es un buen debate-, visibilizó y de alguna manera tercerizó las políticas sociales para generar respuestas a un sector de la población que el bipartidismo jujeño no había visibilizado. Hay que separar eso de las causas judiciales y las investigaciones judiciales. En este caso, nosotros tenemos, y es lo que hemos informado a la Comisión Interamericana, un análisis de todas las causas: en el caso de la muerte de este militante radical, no hay ninguna investigación ni ninguna resolución de mérito que involucre directamente a Milagros Sala. Las otras causas de defraudación… El tema ahí es evitar que el Poder Judicial termine siendo una herramienta del poder político. Lo mismo dijimos hace 2 o 3 años cuando un juez federal, de San Martín creo, detuvo al Pollo Sobrero, dirigente ferroviario.
—Por la quema de coches del Sarmiento.
—Y ahí el CELS automáticamente investigó, hicimos llamados y claramente no había ningún fundamento para esa detención, era una orden porque el "Pollo" Sobrero en aquel momento era un crítico y era un problema para la administración de gobierno, y dijimos: esto es un uso bastardo del Poder Judicial para perseguir líderes sociales, sindicales.
Entonces nuestra posición sobre Milagros Sala, y creo que es el rol de una organización de derechos humanos, es despojarse de todo el debate social o de toda la indignación y decir si acá hay un hecho legítimo o ilegítimo y denunciarlo. Porque en definitiva lo que queda claro, lo que hay que defender ahí es la legitimidad de las instituciones. Y ahí hay un análisis en el caso de Milagros Sala de todo el Poder Judicial de Jujuy, la manipulación; por ejemplo, hoy por hoy dos miembros del Tribunal Superior de Jujuy son radicales que votaron la ampliación un día antes de ser nombrados. La designación de un fiscal especial para perseguir a Milagros Sala. Hay una serie de arbitrariedades en esa detención que la tiñen de sospecha y yo creo que en ese sentido es un mal comienzo. Yo viajo afuera a distintos lugares y preguntan por la detención de un líder social, y me parece que no le hace bien al gobierno arrancar con una detención arbitraria de una líder social.
—El CELS mantuvo una afinidad con el gobierno anterior pero marcando las diferencias. Cambio de gobierno, ¿se ven en un rol más activo, más duro?
—Yo creo que es una gran pregunta esto del rol de una organización como el CELS. Yo diría que no estoy tan de acuerdo en esa muletilla que durante los años del kirchnerismo el CELS era cercano al gobierno. A ver, el CELS, desde que asumió Néstor Kirchner en adelante, apoyó y claramente es nuestra obligación y responsabilidad, si vos promovés durante muchos años una política en particular, por ejemplo la del juzgamiento de las violaciones graves de los derechos humanos por el terrorismo de Estado, y viene un gobierno que le da un espaldarazo final -no que la crea porque la lucha contra la impunidad empezó el mismo día de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la primera declaración de nulidad judicial es del 2001; y siempre nosotros dijimos que en todo caso Néstor Kirchner se apropió de esa bandera en buena hora-, es lo que reclamamos. Pero yo diría que desde ahí en adelante, y este informe sobre todos los demás para mí es el mejor récord sobre lo que vos planteas.
Nosotros criticamos al kirchnerismo sobre la protesta social, impugnamos a Milani que acaba de ser llamado -el tiempo nos dio la razón- a una declaración indagatoria por la desaparición del soldado Ledo. Criticamos la reforma de la justicia, litigamos el asesinato de Mariano Ferreyra. Y al mismo tiempo celebramos y apoyamos las políticas que nosotros consideramos positivas: la Ley de Migraciones, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, etcétera. Para nosotros ese es el rol de una organización como el CELS.
En relación con este gobierno, recién empieza y la verdad que el comienzo de este gobierno en relación con nuestros temas prende señales de alarma: arrancó nombrando en comisión a dos jueces de la Corte Suprema, retrocediendo pero muchos metros de lo que se había logrado en términos de institucionalidad sobre la Corte Suprema; finalmente se rectificó, enbuenahora. Arrancó deteniendo arbitrariamente un aliado del presidente Macri a una dirigente social. Arrancó declarando la emergencia en seguridad. Al mismo tiempo, podemos decir, y celebramos, y participamos, de una medida largamente demorada como está siendo, por ejemplo, la discusión sobre acceso a la información púbica, donde hay una discusión sobre el órgano que la tiene que implementar y su independencia: estamos a favor, y no hay ningún problema, es parte de nuestra agenda y lo venimos diciendo. Otro déficit de estos meses en nuestros temas y que es inexplicable, preocupante para todo el sistema político, es el decreto 656 del presidente Macri sobre la AFI, que deroga todo el decreto reglamentario de una ley por 10 años demorada por el kirchnerismo, que finalmente reformó todo el sistema de inteligencia tarde pero enbuenahora se hizo, porque es una amenaza al sistema político, y esta reforma termina volviendo al sistema de la vieja SIDE, de la reserva del uso de los fondos que están en el medio de todos los grandes escándalos como es la investigación de la AMIA, las coimas del Senado y tantos otros. Vuelve al sistema de la opacidad del sistema de inteligencia y todos sus miembros, evita el control parlamentario y en ese sistema a nosotros nos parece que es grave y que hay que poner un llamado atención. El futuro dirá, y ese es nuestro rol: nosotros apoyaremos cualquier medida a favor y seguiremos criticando cualquier medida en contra de los derechos humanos en la Argentina.