Boleta electrónica, cambios en el sistema de votación de las primarias, mayor control en los "ilícitos electorales", eliminación de listas colectoras, debate presidencial obligatorio y regulación de las transiciones entre las administraciones. Mañana, antes de la operación de su rodilla derecha, el Presidente anunciará el envío a la Cámara baja del proyecto de Reforma Electoral mediante el cual el Gobierno buscará ordenar el calendario electivo del año que viene, clave para la suerte de Mauricio Macri de cara a su segunda etapa de mandato.
El objetivo de la Casa Rosada es encarar las legislativas del 2017 sin las tradicionales boletas de papel, reemplazadas con la boleta electrónica en todo el país, un sistema similar al ejecutado el año pasado en la ciudad de Buenos Aires y en Salta. Para eso, y si es que el proyecto obtiene el visto bueno del Parlamento, el Gobierno deberá poner en marcha un complejo proceso de licitaciones para la adquisición de las máquinas y de capacitación de los electores. En los últimos meses, la implementación de la boleta electrónica, una orden directa de Macri, generó roces y resistencia en los sectores más políticos de Cambiemos. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el distrito más importante a nivel electoral, esos sectores aseguran por lo bajo que la no utilización del voto en papel favorece a los candidatos con menos aparato político, menor cantidad de recursos y alta aceptación social. Festeja Sergio Massa, que se perfila como uno de los postulantes más competitivo el año entrante.
Uno de los puntos de mayor conflicto hasta las últimas semanas de debate entre los apoderados de los partidos políticos y el Gobierno -encabezado por Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional, y por Ezequiel Fernández Langan, subsecretario de Asuntos Electorales- fue el de las PASO. Según el borrador del proyecto que se presentará mañana en el Centro Cultural Kirchner (CCK), y al que accedió Infobae, el voto en las primarias será por agrupación. Es decir que cada elector deberá optar primero en qué agrupación participar y luego elegir entre los candidatos de dicho espacio. En esa línea, para el año que viene en la ciudad de Buenos Aires, un porteño no podrá elegir por ejemplo a la lista de diputados del Frente Para la Victoria y a la de legisladores de otro espacio político, como Cambiemos. Deberá hacerlo por uno u otro partido en todas las opciones.
El proyecto contempla además una modificación en la legislación electoral destinada a crear "una seria de herramientas para que la legislación sea efectivamente cumplida, en especial en relación a la sanción de ilícitos". En ese sentido, el texto propone un cuerpo de auditores integrado para dotar a la Justicia electoral y controlar el financiamiento político.
Esta etapa de la reforma -será para la segunda fase, hacia el 2019, aseguran- no se detiene sin embargo en un debate de fondo sobre la capitalización de los partidos y las campañas proselitistas, en momentos en que la financiación de la política está sospechada no solo en nuestro país. En España, por ejemplo, hay una profunda discusión sobre la duración de las campañas y el costo de las mismas. En Brasil, el empresario Marcelo Odebrecht, arrepentido y condenado a 19 años de prisión por el escándalo en torno a Petrobras, reconocerá haber contribuido ilegalmente a las campañas del PT del 2010 y 2014 que consagraron a Dilma Rousseff, según publicó el diario Folha de San Pablo.
Nuestro país no rankea mucho mejor. Por estas horas, el juez federal Ariel Lijo le pondrá la firma al procesamiento por supuesto lavado de dinero de los ex recaudadores del Frente Para la Victoria en la campaña del 2007 y a un grupo de empresarios que no pudieron justificar sus aportes a la misma, según confiaron fuentes judiciales.
El proyecto establece además la aparición de un fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral, hoy en manos del Ministerio Público Fiscal -menos poder para la procuradora Alejandra Gils Carbó- y la modificación de la Junta Electoral de la ciudad de Buenos Aires. E incorpora otros dos proyectos en paralelo: el de la obligatoriedad del debate presidencial y el de la regulación de la transición entre los gobiernos saliente y el electo.