Más allá del rechazo del papa Francisco a la donación de un millón de dólares del gobierno de Mauricio Macri para su proyecto de Scholas Occurrentes, la realidad es que el Estado argentino solventa buena parte del funcionamiento de la Iglesia Católica y lo viene haciendo desde hace décadas. Pago de sueldos y jubilaciones, beneficios impositivos y cesión de terrenos públicos, subsidios a escuelas católicas, una sumatoria que representa una erogación de miles de millones del presupuesto nacional, año tras año.
Este financiamiento tiene su origen en el artículo 2º de la Constitución Nacional, que indica que "El Gobierno Federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano", otorgándole así un estatus jurídico privilegiado al catolicismo frente a las demás religiones, pese a que Argentina es, en teoría, un país laico. Esta situación va a contramano de lo que sucede en la mayoría de los países occidentales, inclusive en los vecinos Brasil, Chile o Uruguay, en donde el Estado no financia -al menos no directamente- a ningún tipo de culto.
Si bien la Santa Sede y los diferentes gobiernos argentinos firmaron distintos concordatos a través de su historia, estableciendo los estatutos de su relación (entre ellos el rubricado durante la dictadura de Onganía en 1966), el más importante fue el aprobado por el general Jorge Rafael Videla en 1979, que decretó por ley que el Estado se haría cargo de las asignaciones mensuales, jubilaciones y demás beneficios a arzobispos y obispos, normativa que todavía sigue vigente.
Según consigna en su página web la propia Conferencia Episcopal Argentina -que maneja los fondos que recibe a través de la Secretaría de Culto- los aportes directos que recibe la Iglesia Católica son los siguientes:
-Asignación para los Obispos: La Ley 21.950 dispone para los arzobispos y obispos residenciales una asignación equivalente al 80% de la remuneración de un Juez de primera instancia (70% en caso de los obispos auxiliares). En la actualidad, el sueldo básico de un juez es de alrededor de 40 mil pesos (aunque suele ascender a $80 mil si se suman adicionales), por lo cual el sueldo de un obispo quedaría en 32 mil pesos.
-Asignación para obispos eméritos: La Ley 21540 dispone para los obispos eméritos el pago de una suma equivalente al 70% de la remuneración de un Juez de primera instancia (60% para los auxiliares).
-Asignación para parroquias de frontera: La Ley 22.162 impone el pago de una asignación para las parroquias de frontera o ubicadas en zonas desfavorables.
-Asignación para seminaristas mayores: Según la Ley 22.950, se debe pagar a las diócesis y a cinco institutos de vida consagrada (Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Jesuitas y Salesianos), una asignación mensual por seminarista mayor, lo que constituye el mayor aporte cuantitativo directo del Estado a la Iglesia.
-Jubilaciones para sacerdotes: La Ley 22.430 instituye estas jubilaciones graciables (sin ningún aporte previo) para los sacerdotes carentes de otro beneficio previsional.
Vale aclarar además que también existen los llamados "aportes indirectos", es decir, las exenciones impositivas que la Iglesia recibe y que exime a las parroquias, así como a los arzobispos y obispos, de pagar distintos tributos (ingresos brutos, ganancias, exenciones aduaneras, etc.).
En total, según lo dispuesto en el Presupuesto 2016, el aporte del Estado para la Iglesia Católica asciende a $133.998.031, un 21% más de lo recibido en 2015, que fue de $105.971.790. Sin embargo, es necesario aclarar que esta millonaria cifra significa apenas un pequeño porcentaje del dinero estatal del que se beneficia la Iglesia Católica.
En los presupuestos provinciales y municipales, así como también en las partidas de varios ministerios, se asignan cuantiosas contribuciones para los proyectos de asistencia social y caridad de la Iglesia Católica y las instituciones educativas de dicha religión, que multiplican en 10 o hasta 20 los millones que recibe directamente de la Secretaría de Culto. Algunos de los aportes están destinados a:
-Cáritas
-Comedores
-Jardines maternales
-Becas de formación
–Manutención de templos
–Subsidios a la educación privada católica
El caso de los aportes a los colegios privados católicos es el más oneroso. La cartera de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y los ministerios y secretarías de las 23 provincias destinan anualmente varios miles de millones de pesos a establecimientos educativos privados (alrededor del 20% del presupuesto educativo total en CABA, Santa Fe y Córdoba).
En 2016, el presupuesto del Ministerio de Educación porteño para los colegios privados está fijado en 4 mil millones de pesos, y alrededor del 60% de esa cifra está destinado a instituciones confesionales católicas, un estimado de 2.500 millones de pesos. Según los últimos números oficiales, pertenecientes al 2014, teniendo en cuenta todos los niveles educativos, 459 colegios privados religiosos en CABA reciben subsidios, destinados al pago de los sueldos de los docentes de las materias curriculares.
Si bien el dinero va directamente a los establecimiento privados y no lo maneja la Iglesia Católica (ni ninguna de las iglesias de las otras religiones que reciben aportes), el favoritismo por las instituciones católicas es notorio. De las 167 escuelas primarias privadas laicas en CABA, apenas 32 reciben aportes por entre el 80 y 100% de sus presupuesto docentes, es decir 1 de cada 5, mientras que entre las 215 escuelas primarias privadas católicas, son 167 las que reciben entre el 80 y 100% del total, es decir casi 4 de cada 5.
En Provincia de Buenos Aires, la que destina la mayor cantidad de millones a los colegios católicos de todo el país- la situación no es diferente: el presupuesto para los colegios privados bonaerenses (el 70% de los cuales son religiosos) alcanza este año los $10.800 millones, y se reparte entre 3.649 instituciones que reciben aportes de un total de casi 6 mil. Es decir, los establecimientos educativos católicos recibirán un estimado de 7.500 millones de pesos en subsidios este año y, en su mayoría, cubrirán entre el 80% y 100% de los sueldos de los docentes.
Lo curioso es que los establecimientos educativos católicos mantienen -y aumentan- sus privilegios pese a que cada vez más los padres prefieren enviar a sus hijos a colegios laicos: desde 1990 en Capital Federal hay apenas 7 colegios católicos nuevos, mientras que el número de establecimientos educativos no religiosos que se inauguraron en ese período llega a los 88.
El agujero negro patrimonial
Si bien no existen cifras oficiales sobre el patrimonio de la Iglesia Católica en Argentina, se estima en decenas de miles los inmuebles que le pertenecen, entre terrenos, edificios, colegios, locales comerciales, hospitales y asilos, una acumulación material alentada por el Código de Derecho Canónico (indica que la Iglesia Católica "puede adquirir, retener, administrar y enajenar bienes temporales para alcanzar sus propios fines") y que se replica en todos los países del mundo, especialmente en Europa.
Una reciente investigación de la prensa italiana calculó que el 20% del patrimonio inmobiliario de ese país estaba en manos del Vaticano. Y pese a que, impulsado por Francisco, este año el Vaticano firmó un acuerdo con el gobierno italiano comprometiéndose a compartir toda la información financiera que se le fuera requerida sobre sus operaciones económicas, la Santa Sede logró un triunfo al evitar que se incluyera en el pacto la modificación que la izquierda y organizaciones sociales italianas reclamaban: que la Iglesia Católica empezara a pagar impuestos por sus propiedades, algo de lo que están exentos desde 1929, por disposición del entonces primer ministro Benito Mussolini.
"Nadie va a poder contestar cuántas propiedades tiene la Iglesia Católica en Argentina, porque no existe 'la propiedad' de la Iglesia, sino propiedades de muy diferentes instituciones que a veces es difícil determinar hasta qué punto están relacionadas con 'la Iglesia' orgánicamente. Yo traté de calcular a cuánto ascendían las erogaciones del Estado a favor de instituciones eclesiásticas y me di cuenta de que era imposible", le dijo a Infobae Roberto Di Stéfano, uno de los expertos en historia eclesiástica más importantes del país y autor, junto al historiador italiano Loris Zanatta, del fundamental "Historia de la Iglesia Católica en Argentina" (Editorial Sudamericana).
Esta riqueza patrimonial aumenta año a año gracias a la cesión de terrenos públicos a la Iglesia Católica por parte de autoridades nacionales, una costosa asimilación de la doctrina que exige "el despojo de todo lo mundano", pero en beneficio de quienes la pregonan. Un polémico y reciente ejemplo de esta generosidad ocurrió a fines del año 2015, cuando la Legislatura porteña, gracias al voto unánime del PRO y buena parte de la oposición, le cedió de forma gratuita y permanente 15 terrenos, y entregó otros 3 por un plazo de 20 años. En total, unos 30.000 metros cuadrados.
También es común que la Iglesia Católica aparezca como la beneficiaria principal en los testamentos de quienes fueran sus devotos -y ricos- fieles. Uno de los casos más resonantes sucedió en el 2013, cuando Ernestina de Lectoure, viuda sin descendencia del mítico "Tito" Lectoure, legó el 95% del Luna Park a la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y a Cáritas, es decir, al Arzobispado de Buenos Aires.
Además del emblemático estadio, la Iglesia recibió de De Lectoure obras de arte valuadas en millones, un lujoso departamento, locales comerciales, más de diez cuentas bancarias y una caja fuerte.
Como bien lo señaló Di Stéfano, la atomización de las contribuciones y la ausencia de registros públicos convierten en tarea imposible cuantificar la cantidad exacta de millones que dispone la Iglesia Católica, amén de que las auditorías y rendiciones de cuentas no son frecuentes entre las jerarquías del culto católico. Un conocedor de los manejos financieros de la curia lo graficó de una manera brutal -e irónica: "El presupuesto que maneja la Iglesia Católica es un agujero negro, y resulta tan inescrutable como los caminos del Señor".