Qué harán con los millones de dólares que tenía José López

Los casi nueve millones de dólares con los que el ex secretario de Obras Públicas José López fue detenido ayer comenzarán a recorrer un camino que estará atado a la causa penal en la que será investigado el ex funcionario K.

Solo en caso que López sea condenado, el dinero quedará en las arcas del Estado pero no tendrán un fin social ni reparador de la conducta delictiva del ex funcionario: irá a las arcas del Poder Judicial de la Nación, según establece la ley y ya tiene dicho la Corte Suprema de Justicia.

Primero, el dinero quedará bajo la custodia del juez que investigue a López (podría ser Daniel Rafecas que mañana lo indagará por enriquecimiento ilícito y ya le solicitó a su par de Moreno que se inhiba de acusar al ex funcionario por ese delito).

Ese juez tendrá a cargo la administración de los fondos que quedarán depositados en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, según fija el artículo dos de la ley 20.785 sobre la custodia y disposición de los bienes secuestrados en una causa penal. "Los depósitos de dinero dispuestos en el art. 2º,….devengarán los intereses al tipo bancario correspondiente", agrega la norma.

Allí estarán los millones de dólares mientras se tramita la causa penal. En la Argentina, un expediente por corrupción dura un promedio de entre 12 y 14 años.

En caso de que López sea condenado y esa resolución esté firme, el dinero podrá ser decomisado, lo que implica que ya no le pertenecerá al acusado. Si eso ocurre, la plata pasará a integrar los fondos del Poder Judicial de la Nación.

La ley 23.853 sobre el presupuesto del Poder Judicial establece que parte de los recursos para sus gastos son los "efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños" y los "objetos comisados".

Cuando fue rematado el petit hotel de la ex funcionaria menemista María Julía Alsogaray para decomisar los tres millones de pesos de su condena por enriquecimiento ilítico, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) pidió que el dinero se entregue al hospital Garrahan.

La ONG realizó ese planteo, así el dinero robado al estado volvía de manera directa a un fin social.

Si bien el Tribunal Oral Federal 4, que había condenado a Alsogaray aceptó el pedido, en agosto de 2013 la Corte Suprema lo revocó y dispuso que el dinero forme parte del presupuesto del Poder Judicial.

El máximo tribunal sostuvo que una "transferencia sin cargo de fondos públicos a terceros iría en contra de las normas que garantizan el financiamiento del Poder Judicial" y que la ley no contempla otorgar el dinero a un organismo público.