Tras haber dictado la medida que suspendió el aumento de las tarifas de las cuatro empresas distribuidoras de energía eléctrica que prestan el servicio en la provincia de Buenos Aires, el juez Luis Federico Arias sugirió a los usuarios no pagar aquellas facturas afectadas por los incrementos dictados por el Gobierno.
Con la resolución, el juez hizo lugar a una demanda del colectivo Acción en la Subalternidad contra una resolución del gobierno de María Eugenia Vidal, que aumentó las tarifas eléctricas entre un 100 y un 215 por ciento. La ONG había sostenido que ese incremento tarifario "nunca fue debatido en audiencias públicas".
El magistrado explicó que, de acuerdo con lo dispuesto, si el usuario ya recibió las boletas que contemplan la suba, éstas "quedan suspendidas sin que eso implique corte del servicio o le puedan disminuir la calidad del mismo". En ese marco, enfatizó: "Las personas que tienen sus facturas y se les vencen próximamente, lo que deben hacer es no pagar y esperar la nueva facturación".
Por otra parte, Arias consideró que "las empresas difícilmente devuelvan lo que uno ya pagó de más", por lo que agregó que aquel que desee recibir una compensación "debería judicializar el asunto y si no es un monto elevando no conviene".
La medida involucra las empresas Edelap (Empresa Distribuidora de Energía La Plata S.A.), Edesa (Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A.), Edeasa (Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.) y Eden S.A. (Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.) y excluye a las del área metropolitana Edenor y Edesur, que prestan servicio a los partidos del Gran Buenos Aires. Las prestadoras deberán ahora emitir nuevas facturas "conforme a lo que venían cobrando antes", precisó.
En diálogo con Radio Plus, el magistrado reconoció que este tipo de medidas "normalmente generan confusión", por lo que dijo haber fijado un claro procedimiento, que describió de la siguiente manera: "Hay un plazo de 24 horas, que ya se venció, para que notifiquen a las empresas de la medida cautelar. Si no lo hicieran, los funcionarios tienen una multa de $30.000 diarios. A partir de ahí, hay un plazo de 5 días para que las empresas emitan la nueva facturación. Si no lo hacen, las empresas no cobran. Entonces deben emitirla cuanto antes para poder percibir el importe de la facturación anterior".
Por su parte, tras el duro revés judicial, desde el gobierno bonaerense indicaron que buscarán impugnar el fallo. "Se hace la apelación por un lado, eso ya está en marcha y, por otro lado, el juez entiende que faltaba la audiencia pública. Otra interpretación nos hace pensar que no era necesaria. De todas maneras, se está preparando la audiencia pública y la apelación", dijo este domingo el vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador.
Distintas medidas judiciales vienen frenando desde hace días en todo el país las subas en las tarifas de los servicios públicos. Este lunes la Justicia frenó los aumentos de luz, gas y agua en La Matanza, tras un recurso de amparo presentado por la intendente kirchnerista Verónica Magario.