Denuncian penalmente a Keiko Fujimori por no vacar a la procuradora general del Estado

Un ciudadano presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra la presidenta Keiko Fujimori por omitir declarar la vacancia de la procuradora general del Estado, María Caruajulca, pese a que la funcionaria habría ocultado durante casi dos años que enfrentaba un proceso penal por delito doloso en agravio del propio Estado.

La denuncia también alcanza al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, así como a los exmandatarios Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar y sus extitulares del Minjus.

Todos los denunciados, dice la denuncia, omitieron sus funciones al no declarar la vacancia de Caruajulca debido a que, cuando fue repuesta en el cargo por orden del Poder Judicial en 2023, se encontraba impedida, según lo establecido en el Decreto Legislativo que regula el funcionamiento de la Procuraduría General del Estado.

El artículo 15 del referido decreto legislativo estipula que para ser designado procurador general o miembro del Consejo Directivo se requiere “no tener procesos pendientes con el Estado, salvo procesos por derecho propio”.

Como se recuerda, entre 2023 y 2026, María Caruajulca enfrentó un proceso penal por el delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, originado en su gestión previa como procuradora de la Municipalidad de Comas, cuando se demoró cinco meses en entregar a un ciudadano información sobre carpetas fiscales pese a dos órdenes del Tribunal de Transparencia.

En enero de 2026 fue sentenciada con reserva de fallo y se le impuso reglas de conducta y reparación civil. Apeló y en mayo pasado la Sala de Apelaciones la absolvió de los cargos penales, aunque reconoció el retardo injustificado y lo calificó como una falta administrativa que no ameritaba sanción penal.

Silencio

De acuerdo con la denuncia contra Fujimori y sus predecesores, María Caruajulca no informó del proceso penal que afrontaba al momento de volver a la PGE, aunque la prensa ya había informado públicamente del referido caso.

Por ello, en julio de este año,  el fiscal supremo Juan Carlos Villena solicitó autorización para procesar a Caruajulca por los delitos de aceptación ilegal del cargo y ocultamiento del proceso judicial. La denuncia cita ese documento como prueba de que el propio Ministerio Público ya había identificado el fraude en la permanencia de la procuradora general del Estado.

“El impedimento legal sobreviniente estuvo activo desde el primer día de su retorno al pliego”, señala el escrito, que atribuye a Fujimori y a Álvarez Miranda la responsabilidad de haber mantenido esa omisión.

Diligencias

En la denuncia se solicita a la Fiscalía de la Nación recabar copias certificadas del expediente judicial de María Caruajulca, así como el informe del fiscal supremo Juan Carlos Villena.

También se requiere que se cite a declaración indagatoria a Fujimori, Álvarez Miranda, Balcázar Zelada, Jerí Oré y Boluarte Zegarra.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, deberá evaluar si admite o no la denuncia penal. En el caso de Fujimori, si se inician diligencias preliminares en su contra, los actos de investigación quedarán reducidos a unos pocos a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso de Dina Boluarte.