Un verdadero conflicto se ha desatado entre la Asociación Okinawense del Perú (AOP) y la Municipalidad de Ate, después de que las autoridades municipales clausuraran la sede principal de la comunidad okinawense e impidieran el ingreso de sus representantes al predio de la avenida Asturias.
La medida, que la colectividad califica como arbitraria, llega tras una serie de acciones municipales que la AOP interpreta como represalia política, luego de la anulación de un proyecto vial sobre su terreno.
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Un conflicto sin precedentes sacude a la comunidad japonesa en Perú
Todo comenzó el 26 de marzo, cuando personal municipal demolió el cerco perimetral del predio de la asociación y ocupó parte del terreno. Ese cerco tenía murales pintados por niños y jóvenes, con motivos culturales de la comunidad.
Poco después, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desactivó oficialmente el proyecto de inversión sobre la avenida Asturias, argumentando que la obra buscaba ejecutarse sobre propiedad privada y que no cumplía los requisitos legales ni técnicos.
La tensión aumentó el 11 de julio, cuando el alcalde Franco Vidal Morales intentó realizar una ceremonia de “primera piedra” en el terreno, pese a la notificación previa del MEF que declaraba inviable la obra. La directiva de la AOP detuvo el acto mostrando la documentación oficial.
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Días después, el 16 de julio, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) retiró a Ate la competencia sobre la avenida Asturias y le atribuyó responsabilidad exclusiva por cualquier actuación en la vía, según la Resolución de Gerencia N° D000037-2026-MML-GMM.
Lima retira la competencia y responsabiliza a Ate: la resolución clave
Todo escaló el 24 de julio, cuando la Municipalidad de Ate clausuró provisionalmente la sede de la AOP tras una inspección. Según la asociación, las observaciones levantadas eran menores y fácilmente subsanables, por lo que consideran injustificada la medida.
El 1 de agosto, personal de Serenazgo municipal prohibió el ingreso de los representantes de la asociación a sus propias instalaciones, lo que la directiva califica como una vulneración del derecho de propiedad, el libre tránsito y el debido proceso.
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La Asociación Okinawense denuncia hostigamiento y arbitrariedad
La AOP, que agrupa a cerca del 70% de los descendientes japoneses en el país y tiene 116 años de historia, sostiene que la clausura y el bloqueo buscan responsabilizar a la comunidad de supuestas faltas, desplazando la atención del fracaso del proyecto vial y afectando actividades culturales y educativas para niños y jóvenes.
En su comunicado, la asociación rechaza lo que describe como hostigamiento sistemático y anuncia acciones legales contra los funcionarios responsables por abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Exige el cese inmediato de las medidas municipales y solicita garantías para el respeto de la propiedad privada y de los derechos fundamentales de la colectividad nikkei.
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El caso llega al Congreso: buscan una salida técnica y política
La controversia ha despertado el interés de autoridades nacionales. La senadora Patricia Juárez, de Fuerza Popular (2026–2031), propuso la instalación de una mesa técnica para abordar el caso y facilitar el diálogo entre las partes.
Finalmente, la Asociación Okinawense del Perú dijo reafirmar su compromiso con el desarrollo cultural y social de Ate, y adviertió que continuará defendiendo sus derechos frente a lo que considera una medida arbitraria y sin sustento legal.
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