
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó este jueves que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori podría conceder un salvoconducto a la expremier Betssy Chávez para que viaje a México, luego de que ese país le otorgara asilo político.
En una entrevista con Exitosa, el integrante del Gabinete, uno de los más cercanos a la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), fue consultado sobre la posibilidad de que el Ejecutivo autorice la salida del país de Chávez, condenada por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
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“Yo creo que sí, porque además creo que está amparado en la legislación internacional”, respondió de manera escueta, al respaldar las declaraciones del canciller Carlos Espá.
La decisión de México de conceder asilo a la expremier, después de hacer lo mismo con la esposa e hijos del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), llevó a Perú a romper relaciones diplomáticas con ese país, vínculos que Fujimori busca restablecer y que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, considera posible.

Chávez permanece en la residencia diplomática de México en Lima desde que fue condenada a 11 años y cinco meses de prisión a raíz de su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Castillo, quien recibió la misma sentencia y permanece recluido en el penal de Barbadillo.
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Solo hace unos días, el nuevo canciller de Fujimori había declarado que su administración cree “en el Estado de derecho” y “en el imperio de la ley”, por lo que, “más allá de las simpatías o antipatías”, actuará conforme al marco legal.
“Más allá de las simpatías o las antipatías personales, más allá de nuestra creencia de que las personas deben responder por sus actos y deben asumir la responsabilidad de sus actos, creemos en el imperio de la ley tanto a nivel nacional como a nivel internacional”, señaló.
“En función de esos principios internacionales que nosotros respetamos vamos a tomar una decisión en el Consejo de Ministros. Estoy seguro que eso se va a dar a conocer prontamente”, añadió.
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Mientras Castillo fue detenido minutos después de su intentona, Chávez fue arrestada en 2023 e internada en un penal de mujeres de Lima, donde denunció supuestos abusos y realizó varias huelgas de hambre hasta que el Tribunal Constitucional reconoció que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no pidió en el plazo debido la extensión de la prisión preventiva.
Tras recuperar su libertad, acudía tres veces por semana a las audiencias del juicio, en las que siempre defendió su inocencia. Posteriormente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria le impuso diez meses de impedimento de salida del país al considerar que existía “sospecha suficiente” para restringir su salida.
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Entonces, su abogado Raúl Noblecilla aseguró que Chávez no pensaba “irse afuera” del país y sostuvo que incluso evaluaba postular a las elecciones generales de este año. Sin embargo, dejó de asistir a las audiencias del proceso, lo que despertó sospechas sobre una posible fuga. Días después se confirmó que se encontraba asilada.
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