El mensaje de Keiko Fujimori en 1.826 días: ¿alcanzará el tiempo para cumplir lo prometido?

El primer mensaje a la Nación de Keiko Fujimori rompe de manera sustantiva con la tradición maratónica y fatigosa de cada 28 de julio. Un documento de 14 páginas, donde la mandataria propone una hoja de ruta caracterizada por la síntesis política. El punto de partida no fue el habitual inventario ministerial, sino una cifra reveladora que busca marcar la línea de su gestión: le quedan exactamente 1,826 días de gobierno. Con este denominado “cronómetro en marcha” el Ejecutivo intenta reemplazar la retórica por un compromiso de trabajo sujeto a metas cuantitativas concretas, disciplina operativa y rendición de cuentas.

El mensaje anunció siete objetivos nacionales diseñados para restaurar el orden e impactar en la economía familiar. En seguridad ciudadana, busca dar un golpe de autoridad al disponer que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno en zonas de emergencia. Esta medida se plantea como un despliegue táctico contra las mafias de extorsión y el crimen organizado que asfixian al pequeño comerciante, apoyado por inteligencia artificial para el mapeo del delito y Unidades de Flagrancia. Ante la amenaza del Fenómeno El Niño, el plan busca pasar de la respuesta tardía a la prevención inmediata, priorizando la descolmatación masiva de ríos, el despliegue de maquinaria pesada y la asistencia técnica y financiera directa a los agricultores. Vamos contra el reloj.

En el ámbito social, el discurso estructuró sus compromisos en tres políticas de estado centradas en el ciclo de vida. Destacan el incremento de la Remuneración Mínima Vital a 1.300 soles con un bono compensatorio para las MYPEs, la duplicación de Pensión 65 a 700 soles bimestrales, el relanzamiento del PRONAA y la meta de reducir a la mitad la anemia infantil. Asimismo, incluye la masificación de la Identidad Digital para simplificar la burocracia.

Un aspecto fundamental del mensaje fue la articulación estratégica con los gobiernos regionales y locales. Para superar la histórica desconexión entre el Ejecutivo central y las regiones, la propuesta plantea un trabajo conjunto entre ministerios, gobernadores y alcaldes. Una propuesta indispensable no solo para destrabar obras paralizadas en provincias por deficiencias técnicas o trabas administrativas, sino también para garantizar que las acciones de prevención frente al clima, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la atención social lleguen de manera oportuna a cada municipio del país.

En conectividad, la presidenta planteó cerrar la brecha del 72% de carreteras departamentales no pavimentadas, impulsando la Nueva Carretera Central, la Longitudinal de la Sierra, metros regionales y trenes de cercanías. Sin embargo, la gran interrogante es si cinco años serán suficientes. La respuesta se mueve a dos velocidades. Por un lado, subir el sueldo mínimo, entregar bonos, implementar la identidad digital y emitir decretos contra la delincuencia son decisiones que dependen del impulso directo del Ejecutivo, cuidando la caja fiscal.

Por otro lado, el gran cuello de botella estará en la infraestructura pesada. Elaborar expedientes técnicos, liberar interferencias, expropiar terrenos y licitar megaobras viales o ferroviarias toma habitualmente entre ocho y doce años. Es probable que 1,826 días queden cortos. Muchos proyectos apenas llegarán a firmarse o iniciar obras, siendo imposible verlos concluidos antes del 2031.

A la jefa de Estado, efectivamente, le corresponde fijar la visión estratégica y el tono político. No obstante, la viabilidad presupuestal-financiera y la letra chica operativa le corresponderán al primer ministro cuando acuda al Congreso a exponer la Política General del Gobierno y solicitar el Voto de Confianza. Estemos atentos.