
El Gobierno peruano oficializó el otorgamiento de un subsidio económico de hasta S/0,50 por kilómetro recorrido para las empresas de transporte público urbano de Lima y Callao, tras firmar un acta de entendimiento que permitió levantar el paro previsto para el martes 2 de junio.
Según el Decreto de Urgencia Nº 006-2026, publicado en El Peruano, la medida busca “garantizar la continuidad operativa del servicio” y responde al aumento sostenido de los combustibles, uno de los principales reclamos de los gremios transportistas.
Subsidio, rescate financiero y diálogo sectorial
El acuerdo fue anunciado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, tras una negociación con los líderes gremiales Héctor Vargas, de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, y Manuel Astorga, de la Coordinadora de Consorcios.
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El acta contempla tres compromisos: la entrega del subsidio por kilómetro, el inicio de un proceso de rescate económico-financiero y la garantía de que el Ejecutivo emitiría el decreto de urgencia.
“El día de mañana, al finalizar el día, debe haberse emitido el decreto de urgencia”, advirtió el dirigente Vargas. El Gobierno, finalmente, cumplió su oferta.
El rescate financiero entra en agenda tras la presión sectorial
El eje central del acuerdo es el subsidio temporal y focalizado, que se aplicará según el tipo de vehículo: S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibuses y S/0,30 para microbuses.

El financiamiento proviene de una transferencia de S/ 44 millones 177.798 del Ministerio de Economía y Finanzas a la ATU, con fondos exclusivos para este fin. Los operadores deberán contar con autorización vigente, RUC activo y vehículos habilitados con GPS, seguro y certificado de inspección técnica.
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El cálculo del subsidio se realizará en dos periodos de 30 días, y la ATU publicará mensualmente la lista de beneficiarios.
El segundo compromiso recogido en el acta es la creación de una mesa técnica (“Mesa 2”) para diseñar un plan de rescate económico-financiero que atienda la crisis estructural del sector.

“Algunas empresas ya han quebrado, otras están en camino”, señaló Vargas, quien subrayó que el subsidio no genera utilidades sino que busca evitar el colapso del sistema.
El tercer punto establece la continuidad del diálogo en una nueva mesa de trabajo (“Mesa 3”), dedicada a analizar posibles beneficios tributarios para el sector.
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Condiciones y vigilancia del cumplimiento
La publicación del decreto de urgencia fue la condición clave para suspender el paro. El ministro Prieto ratificó el compromiso de emitir la norma antes del cierre del martes, mientras los gremios advirtieron que vigilarán el cumplimiento del plazo.

“La comunicación y el diálogo tienen que ser constantes y permanentes para evitar situaciones que conlleven medidas que no suman a la ciudad”, declaró Astorga.
El Decreto de Urgencia establece que los recursos depositados a los operadores “tienen el carácter de intangible, no pudiendo ser objeto de embargo ni retención”.
La vigencia de la medida se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 y la ATU deberá presentar al Congreso un informe sobre el impacto de la medida tras el último pago del subsidio.
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