Roberto Sanchez responde por subir a camioneta con antecedentes de carga de droga: “Vamos a corregir eso”

El candidato de Juntos por el Perú afirmó que el vehículo le fue ofrecido por una persona no identificada durante un evento de campaña

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Vehículos empleados por Roberto Sánchez en campaña están vinculados a intervenido por droga y a presunto líder de organización criminal. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/Canal N/FB: @
Real TV Huamachuco)
Vehículos empleados por Roberto Sánchez en campaña están vinculados a intervenido por droga y a presunto líder de organización criminal. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video/Canal N/FB: @ Real TV Huamachuco)

El candidato presidencial Roberto Sánchez enfrenta cuestionamientos a pocos días de la segunda vuelta electoral debido al uso de que hizo de vehículos vinculados a personas investigadas o condenadas, una de ellas relacionada con el transporte de droga hace más de 15 años.

Según el diario El Comercio, el pasado 28 de mayo, durante actividades proselitistas en Huánuco, Sánchez se movilizó en una camioneta perteneciente a Miller Kelvin Claudio Martel, quien fue detenido en 2010 por transportar 14 kilos de pasta básica de cocaína de Pucallpa con destino a Lima.

Sánchez intentó explicar el motivo por el que fue visto en el vehículo y argumentó que este fue ofrecido a su campaña pues el candidato tenía trasladarse. “Para irnos de un tramo a otro, de tanto caminar, pues un compañero dijo: ‘Vamos, aquí hay una camioneta’. Hemos subido”, afirmó el representante de Juntos por el Perú a Canal N.

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Al ser consultado por quién fue la persona que le hizo el ofrecimiento del vehículo, Sánchez afirmó no conocerla ni recordar quién era. “No recuerdo, en medio de tantos. Descartamos cero trato. Nosotros no conocemos ni tenemos nada que ver ni con el narcotráfico ni la criminalidad. Vamos a corregir eso”, indicó al medio televisivo.

Uno de los propietarios confirmó haber facilitado su vehículo a pedido de un familiar para el traslado del candidato, mientras que el otro ha sido sindicado por la Fiscalía como presunto líder de una organización criminal.

Sobre una eventual reacción fiscal, el abogado penalista James Rodríguez explicó a Canal N que “el Ministerio Público podría abrir una investigación por el presunto delito de lavado de activos, pero tendría que demostrar de que el candidato presidencial tenía conocimiento de que este vehículo había sido utilizado por una persona en temas de narcotráfico”.

Otros traslados observados

Además del vehículo vinculado al traslado de droga, el 25 de enero y el 5 de abril Sánchez se movilizó en Piura en una camioneta a nombre de la inmobiliaria y constructora El Ángel, cuyo propietario es José Feria Madrid, candidato al senado por Juntos por el Perú.

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Feria Madrid fue investigado por el Ministerio Público y que, de acuerdo con la publicación, fue sindicado por la Fiscalía como presunto líder de una organización criminal vinculada al tráfico de terrenos.

Sin embargo, el abogado penalista James Rodríguez afirmó en Canal N que el hecho no vincula al candidato a ninguna actividad criminal, pues esto puede considerarse como “una falta administrativa” y que el aporte “debe ser inscrito y poner en conocimiento a la autoridad electoral”. Agregó que “al no hacerlo estaría infringiendo la norma electoral”.

Camioneta usada por Roberto Sánchez en Piura pertenece a José Feria Madrid, investigado por tráfico de terrenos. (Foto: FB/@Pepe Feria)
Camioneta usada por Roberto Sánchez en Piura pertenece a José Feria Madrid, investigado por tráfico de terrenos. (Foto: FB/@Pepe Feria)

Roberto Sánchez firmó compromiso social

Durante su campaña presidencial, Roberto Sánchez firmó el documento “Compromiso por el Perú: Construyamos juntos el cambio que el país exige” junto a representantes de organizaciones sindicales, sociales, pueblos indígenas, colectivos ciudadanos y partidos políticos.

El acuerdo establece un “voto vigilante” y respaldo a la candidatura de Sánchez, con el objetivo de conformar un gobierno de recuperación nacional y revertir lo que consideran un deterioro de la democracia y el control de instituciones autónomas por parte del Congreso actual.

El manifiesto detalla 10 compromisos prioritarios que incluyen la restitución del equilibrio de poderes, la derogación de leyes que, según los firmantes, favorecen la criminalidad, justicia y reparación para víctimas de conflictos y abusos, impulso de una política económica inclusiva, generación de empleo digno y formalización laboral.

También plantea la defensa de la educación pública de calidad, el fortalecimiento de la salud pública, la garantía de una vida libre de violencia y discriminación, el desarrollo sostenible y la modernización de la gestión pública mediante el uso de herramientas digitales y la descentralización.

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