Paro agrario: Gobierno destina S/170 millones, pero gremios arroceros consideran que será insuficiente

Crisis del arroz. Los precios internacionales de los fertilizantes nitrogenados, fosfatados y potásicos se han incrementado significativamente como consecuencia de la crisis energética global —esto se ha agravado durante el 2026 por el conflicto en Medio Oriente y el consiguiente incremento del precio internacional de la urea—, y esto ha impactado en la agricultura peruana.

Así, los productores arroceros, afectados por los bajos precios a que deben vender el producto, vienen realizando manifestaciones y paros para pedir que se atienda a esta crisis del arroz, una que, en palabras del presidente José María Balcázar, se debe a una sobreproducción del arroz y porque “el Estado ha permitido que entre arroz de contrabando” y se importe el productos procedente de Ecuador y Asia.

Ahora, la forma en que el Gobierno ha decidido actuar con respecto a esta crisis es destinar S/170 millones para compra de arroz y mantenimiento de riego ante crisis del sector. Esto lo usarán para limpiar los canales de riego en zonas afectadas por lluvia, financiará el transporte y la logística para la entrega de este alimento, y par que el Estado compre directamente a los productores de arroz y entregue gratis bolsas de este alimento a pobres y pobres extremos. Pero gremios del arroz consideran que el monto no tendrá impacto.

Gremios piden S/300 millones

El Gobierno se mueve para atender los pedidos del paro agrario. El presidente José María Balcázar aprobó hoy el Decreto de Urgencia N.º 005-2026, que dicta medidas económicas extraordinarias ante la crisis de la cadena productiva del arroz y autoriza recursos por S/120 millones para la adquisición excepcional de este producto a productores de la agricultura familiar.

Sin embargo, ya anteriormente, gremios como la Confederación Nacional de Productores Agrarios Arroceros del Perú (Conarroz), consideraron que este monto era insuficiente. Aclararon que de esos S/100 millones, que ya había anunciado el Ejecutivo, para la compra de arroz no tendrían un impacto suficiente en el mercado.

“En realidad nosotros hemos hecho un análisis de mercado. Y para que pueda tener un impacto dentro del mercado nacional, se necesita una compra de 180 mil toneladas, que para eso se necesita S/300 millones. Y lo que hemos pedido es que ese producto, es decir, el arroz, se distribuya a las zonas de extrema pobreza, en atención a los últimos informes del INEI, donde se señala que hay millones de peruanos que están con pobreza monetaria”, manifestó en entrevista con Canal N. Wilder Vásquez Huanca, dirigente de Conarroz.

“La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, busca atender de manera inmediata la situación que atraviesa el sector arrocero, asegurar la colocación de la producción nacional y brindar apoyo directo a pequeños agricultores afectados por las distorsiones del mercado, el incremento de costos y la presión de los intermediarios en la cadena de comercialización”, señala el Gobierno.

¿En qué se usarán los S/170 millones?

El Poder Ejecutivo aprobó un Decreto de Urgencia que transfiere S/170 millones al sector agrario. Esta medida busca mitigar el impacto del alza internacional de precios en la cadena del arroz y proteger la infraestructura de riego en los distritos declarados en emergencia por factores climáticos. ¿Pero de qué se tratan estas medidas?

A través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se autorizó la transferencia de S/120 millones a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Así se ordenarían cada monto destinado:

• S/100 millones serán para la compra de arroz a productores locales que serán distribuidos de manera gratuita a familias en situación de pobreza y pobreza extrema
• S/20 millones se usará para financiar el transporte y la logística para la entrega de este alimento
• S/50 millones irán para financiar acciones de limpieza, descolmatación y mantenimiento de canales de riego, con el objetivo de mejorar las condiciones productivas de los agricultores y reducir riesgos en zonas agrícolas vulnerables.