
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) emitió un comunicado en respuesta a las medidas de fuerza adoptadas por gremios arroceros en distintas regiones del país. El documento, firmado en Lima, detalla tres líneas de acción que el Poder Ejecutivo viene ejecutando de forma multisectorial bajo la coordinación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y reitera que los canales de diálogo con las dirigencias agrarias se mantienen abiertos al más alto nivel.
El paro arrocero, que motivó el pronunciamiento oficial, responde a una crisis de precios y competencia desleal que afecta a los productores nacionales de arroz, quienes exigen al Estado medidas concretas para proteger su actividad frente a la importación ilegal y la falta de acceso a financiamiento y mercados.

Compra pública de arroz nacional: 410 toneladas y S/ 1,4 millones
La primera acción detallada en el comunicado es el cumplimiento normativo y de mercado. Bajo la coordinación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los gobiernos subnacionales, el Ejecutivo exige la aplicación estricta de la Ley N° 31071, que obliga a todas las entidades públicas del Estado a priorizar la compra de alimentos provenientes de la agricultura familiar.
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Como resultado concreto de esta medida, el comunicado indica que ya se concretó la venta de 410 toneladas de arroz nacional por un monto superior a S/ 1,4 millones. El dato representa un avance tangible en la política de compras públicas orientadas al agro nacional, aunque los gremios arroceros han señalado que el volumen adquirido es insuficiente frente a la sobreproducción y la caída de precios que enfrentan.
84.915 kilos de arroz ilegal incautados en Tumbes
La segunda línea de acción apunta al control de fronteras y el combate al comercio desleal. El gobierno desplegó un frente unificado entre el Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).
Este operativo contempla 180 intervenciones anuales en puntos críticos de ingreso de arroz ilegal al país. A la fecha de emisión del comunicado, el resultado más significativo fue la incautación de 84.915 kilos de arroz ilegal en la frontera de Tumbes, uno de los principales puntos de entrada del producto de contrabando proveniente de Ecuador. El comercio desleal de arroz es señalado por los productores nacionales como uno de los factores que más presiona a la baja los precios en chacra.
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Comisiones en cinco regiones para destrabar créditos
La tercera acción es la intervención territorial y el soporte técnico. Comisiones gubernamentales mantienen presencia activa en Ucayali, Huánuco, San Martín, Lambayeque y Piura con dos objetivos concretos: acelerar el Registro de Productores y viabilizar la infraestructura de riego, dos requisitos indispensables para que los agricultores puedan acceder a créditos y financiamiento del Estado.
La ausencia de registro formal y la precariedad de la infraestructura hídrica son obstáculos estructurales que impiden a miles de pequeños productores arroceros acceder al sistema financiero público, lo que los obliga a recurrir a intermediarios o a operar sin respaldo crediticio. Las comisiones buscan reducir esa brecha administrativa en las regiones con mayor concentración de producción arrocera del país.
El gobierno llama al diálogo institucional
El comunicado cierra con un mensaje directo a las dirigencias agrarias. El Midagri reitera que “los canales de diálogo técnico y político del Gobierno Central se mantienen permanentemente abiertos al más alto nivel”, y convoca a los representantes del sector a viabilizar sus demandas “de manera formal y legal dentro del marco institucional”.
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El pronunciamiento llega en un contexto de alta tensión en el sector agrario, que también fue mencionado durante el debate de equipos técnicos del Jurado Nacional de Elecciones del mismo día, donde el representante de Juntos por el Perú, César Guarniz, aludió a los arroceros que ese mismo día realizaban una “justa protesta” en distintas partes del país. El comunicado del Midagri no hace referencia explícita a las demandas específicas de los gremios movilizados ni establece plazos para la resolución del conflicto.
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