
El pasado viernes 22 de mayo, la Gerencia de Recursos Humanos de Petroperú, encabezada por Luis A. Del Águila García, convocó a los 12 sindicatos de la empresa a una reunión informativa.
En el encuentro estuvieron presentes el presidente del directorio, Edmundo Lizarzaburu, el gerente general Gustavo Villa, y los principales gerentes de área, junto a los secretarios generales de cada sindicato.
Durante la reunión, Lizarzaburu reafirmó que ProInversión es “la mano derecha” y “aliado” de Petroperú, y expresó su apoyo a que esta entidad gestione aspectos fundamentales de la empresa, según fuentes que participaron en la cita.
Esta postura fue recibida con rechazo por parte de los sindicatos, quienes desde la promulgación de los decretos de urgencia 010-2025 y 03-2026 han manifestado su oposición a la intervención de ProInversión en la compañía.
Utilidades de los trabajadores usadas para comprar combustibles
Uno de los puntos más sensibles fue la utilización del fondo destinado al pago de utilidades tributarias (S/53,2 millones en el ejercicio 2025) para los trabajadores.
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El presidente del directorio reconoció que ese dinero fue empleado para la compra de combustibles, sin poder ofrecer una fecha concreta para el pago de este beneficio laboral, lo que generó malestar y desconfianza entre los empleados.

Otro aspecto crítico abordado fue la suspensión del Programa de Asistencia Médica Familiar (PAMF), seguro privado ganado por convenio colectivo y financiado parcialmente con descuentos salariales.
Petroperú dejó de pagar las cuotas correspondientes a las clínicas por falta de fondos, lo que resultó en la inactividad del seguro y dejó a los trabajadores sin cobertura médica, a pesar de tratarse de un sector considerado de alto riesgo.
Negociación colectiva y recorte de derechos: 5 años de retrocesos
Durante el álgido careo, se informó también sobre la situación de la asignación familiar, un derecho laboral que la empresa no ha pagado en cinco décadas.
Tras demandas presentadas por los sindicatos ante Sunafil, la administración se comprometió a incorporar este beneficio en las boletas de pago a partir de junio.
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No obstante, los trabajadores de la primera empresa del país consideran que el monto es insignificante en comparación con la pérdida de otros derechos laborales.
Los sindicatos recordaron que, en un esfuerzo por priorizar la estabilidad de la empresa, suspendieron la negociación colectiva durante los últimos cinco años.
Pese a ello, no solo no se registraron mejoras, sino que se produjeron recortes de beneficios promovidos desde múltiples directorios de la estatal.
Petroperú: sospechas sobre pagos dirigidos a proveedores
Al cierre de la reunión, el presidente Lizarzaburu anunció que todo lo acordado y discutido sería elevado en un acta para su aprobación en el directorio de Petroperú.
Los sindicatos advirtieron que este procedimiento podría interpretarse como un consenso que en realidad no existe, ya que rechazan de manera explícita las medidas planteadas por la gerencia.

Finalmente, los representantes sindicales exigieron transparencia en la priorización de pagos a proveedores, ante sospechas de favoritismo hacia grupos cercanos a la actual administración.
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Además, advirtieron que el deterioro del clima laboral y la reducción de derechos podrían desembocar en ceses colectivos, afectando principalmente a los trabajadores sindicalizados.
Como se recuerda, ya en febrero se aprobó un plan de salida escalonada para 954 trabajadores, principalmente con contratos temporales, suplencias y jubilados -acompañado de indemnizaciones-, con el objetivo de reducir la dotación total de empleados a unos 1.700.
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