El 20 de mayo de 2025, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) perdió contacto con la alférez Ashley Vargas Mendoza durante un vuelo de instrucción sobre la Reserva Nacional de Paracas, en Ica. Vargas, de 24 años, piloteaba un KT-1P en lo que debía ser la prueba de graduación que la acreditaría como piloto militar. Las alarmas se encendieron seis minutos después del despegue desde la Base Aérea de Pisco, cuando la torre de control dejó de recibir señales de la aeronave y el geolocalizador manual, dispositivo de seguridad obligatorio para estos vuelos, tampoco activó señal de emergencia.
Fueron necesarias más de dos semanas de extensas operaciones de búsqueda y rescate para que la Marina de Guerra, utilizando un robot submarino del buque oceanográfico BAP Carrasco, lograra ubicar parte del avión sumergido frente a la playa Mendieta, en la Reserva Nacional de Paracas. En el interior del fuselaje, atrapada en la cabina, hallaron el cuerpo de la joven piloto aún sujeto al cinturón de seguridad y al asiento eyectable. La noticia sacudió al país y reabrió preguntas sobre la seguridad de los sistemas de eyección en la flota de la FAP.
Dudas y sospechas de la familia
Mientras el país acompañaba el dolor de la familia, el abogado y tío de la alférez, José Ocampo, encargado de la defensa legal de los padres de Ashley, señaló que resulta “bastante extraño” que su sobrina hubiera sido encontrada en la cabina, aún sujeta al asiento eyectable. En la familia sospechan que el sistema de eyección no funcionó. El propio letrado reconoció que, si bien aún no es el momento para profundizar en la investigación, esta presunta irregularidad será decisiva en eventuales acciones legales contra la institución castrense.

La familia ha insistido, incluso antes del hallazgo, en que se indague no solo el estado de mantenimiento del avión, sino también el funcionamiento de los dispositivos de localización, el tema del asiento, los cartuchos e incluso la cadena de responsabilidad interna. Para los Vargas Mendoza, la permanencia del cuerpo en la cabina apunta a una posible negligencia o fallo técnico mayúsculo. De confirmarse, podría convertirse en base de una denuncia penal contra la FAP por presunto homicidio simple.
“Ya habrá momento para hablar de eso… ahora nos centramos en la despedida de Ashley, pero no vamos a parar”, declaró Ocampo a medios nacionales, adelantando que la familia se prepara para demandar garantías respecto a la transparencia de las pericias técnicas y la independencia de la investigación de la FAP.

La versión oficial de la FAP
La postura de la Fuerza Aérea del Perú fue expuesta en una conferencia de prensa ofrecida en la Base Aérea de Pisco. El comandante general de la FAP, general del Aire Carlos Enrique Chávez Cateriano, sostuvo que todos los sistemas de la aeronave siniestrada, incluido el asiento eyectable, estaban dentro del período de mantenimiento indicado por los fabricantes. “El asiento eyectable requiere una acción voluntaria del piloto… no funciona solo”, fue una de las frases que buscó poner paños fríos a las especulaciones sobre supuestas fallas técnicas.

Chávez Cateriano añadió que el asiento contaba con los cartuchos explosivos, elementos cuya vigencia llegaba hasta diciembre de 2025, mucho después del accidente. En tanto, instó a no reemplazar los resultados preliminares de la investigación oficial con teorías no verificadas, y pidió “paciencia y respeto” para que las indagaciones técnicas y judiciales avancen bajo los protocolos habituales frente a un siniestro militar.
La FAP defendió la transparencia de sus procesos internos y recordó que el Ministerio Público acompañará la necropsia y las pericias sobre los restos y la nave hundida. Mientras tanto, se ofició un homenaje póstumo en la base aérea de Las Palmas y se garantizó la colaboración institucional con el esclarecimiento de los hechos.
Por suparte, este viernes, el semanario Hildebrandt en sus trece consultó a especialista y señaló que los aviones de la FAP poseen asientos eyectables activados manualmente. El proceso, que demora cerca de cuatro segundos, depende de cartuchos explosivos. Según el medio, expertos señalan que, por baja altura y posible falla en los pirocartuchos —que vencen tras tres años instalados—, el sistema podría no haber funcionado con la alférez Ashley. El semanario añade que la estructura de los asientos tiene una vida útil de hasta 20 años, pero otros componentes requieren revisiones periódicas.
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