Juan José Santiváñez no podrá salir del Perú por 18 meses: PJ dicta impedimento de salida del país contra exministro

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el censurado exministro del Interior Juan José Santiváñez en la investigación que se le sigue por presunto tráfico de influencias agravado.

Infobae accedió a la resolución que revoca la decisión del juez Juan Carlos Checkley y, en su lugar, declara fundado el pedido de la Fiscalía de la Nación contra el extitular del Interior, que viene siendo investigado por presuntamente interferir ante el Tribunal Constitucional, INPE y Ministerio de Justicia para favorecer a uno de sus exclientes.

De acuerdo con el tribunal supremo, sí existe el riesgo de que Santiváñez huya de la justicia. Se llega a esta conclusión debido a que su actual puesto, de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, no garantiza su arraigo laboral porque es un cargo de confianza. Es decir, podría ser retirado en cualquier momento.

Sumado a ello, los jueces supremos consideran el hecho de que la pena prevista contra el exministro en esta investigación es de 12 años de prisión y que no se conoce con exactitud donde queda el estudio de abogados porque los contratos de alquiler vencieron entre 20223 y 2024.

De igual modo, se toma en cuenta para dictar la medida que el estudio de Santiváñez tendría sedes en Perú, Chile, México, Colombia, Costa Rica y Honduras, lo que se relacionaría con su movimiento migratorio.

“Sí existe peligro procesal de que el investigado Santiváñez Antúnez pueda rehuir a la acción de la justicia. Tanto más, que la medida solicitada por la Fiscalía de la Nación resulta ser la menos gravosa, la más idónea de acuerdo a la fase preliminar en la que se encuentra la investigación y proporcional a los fines para los que es requerida”, se lee en la resolución.

Con esta decisión, dice la Sala Suprema, se podrá asegurar el desarrollo de los “actos de investigación indispensables” como la pericia fonética y acústica forense a las grabaciones que testigos protegidos habrían entregado a la Fiscalía.

Estos son los tres hechos por los que la Fiscalía investiga al exministro del Interior Juan José Santiváñez por presunto tráfico de influencias agravado:

• Gestiones indebidas ante el Tribunal Constitucional: Santiváñez, como abogado de Miguel Joel Marcelo Salirosas, habría solicitado y recibido pagos por USD 20,000 entre enero y febrero de 2024, bajo el pretexto de influir en magistrados del Tribunal Constitucional para obtener una resolución favorable. Según chats de WhatsApp y testimonios de testigos protegidos, el investigado afirmó tener contactos en el Tribunal, incluyendo al magistrado Helder Domínguez e incluso compartió supuestas conversaciones con una asistente del Tribunal. A pesar de sus gestiones, la resolución fue desfavorable, y Santiváñez ofreció presentar un recurso de aclaración, insistiendo en que “mientras no esté publicado, todo puede pasar”. La Fiscalía señala que estos pagos no correspondían a honorarios profesionales, sino a intentos de soborno.
• Intervención con el presidente del INPE: Santiváñez, ya como viceministro y luego ministro del Interior, habría realizado gestiones ante el presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para mantener a Marcelo Salirosas en aislamiento en el penal “El Milagro” de Trujillo, evitando su traslado a un pabellón de régimen cerrado. En comunicaciones de junio y julio de 2024, el investigado aseguró haber hablado con el presidente del INPE, afirmando: “Yo ya hablé, pero no puedo hacer más, incluso me puedo ganar mil problemas por este tema”. La Fiscalía destaca que estas gestiones lograron que Salirosas permaneciera en aislamiento, evidenciando un uso indebido de su influencia.
• Coordinaciones con el Ministro de Justicia: Como ministro del Interior, Santiváñez habría contactado al ministro de Justicia para gestionar el traslado de Marcelo Salirosas a un pabellón de régimen abierto y mejorar su situación carcelaria. En agosto y septiembre de 2024, el investigado informó a allegados de Salirosas que había hablado con el ministro durante Consejos de Ministros, asegurando que el traslado estaba en proceso. En una reunión grabada el 9 de septiembre de 2024 en el despacho ministerial, Santiváñez afirmó tener contactos en el Tribunal Constitucional y mencionó favores previos, como una “escolta”, para reforzar su influencia. La Fiscalía interpreta estas acciones como un intento de manipular decisiones administrativas a cambio de beneficios.