Monumentos que son Patrimonio de la Humanidad en Perú sufren daños por minería ilegal, invasiones y abandono ante la falta de protección efectiva

La lista de monumentos arqueológicos peruanos reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad no ha dejado de crecer en las últimas décadas. Pero mientras ese reconocimiento internacional continúa, también se expande otro fenómeno: el avance silencioso y sistemático de amenazas como la minería ilegal, el tráfico de terrenos y el abandono por parte del Estado. Diversos sitios emblemáticos enfrentan ataques que no solo comprometen su integridad física, sino también la posibilidad de preservar para el futuro evidencias fundamentales del pasado prehispánico.

En varios casos, las agresiones ocurren a plena luz del día, con maquinaria pesada y cercos improvisados. En otros, se ocultan detrás de informes burocráticos, omisiones institucionales o decisiones que despiertan controversias. En el medio, arqueólogos, autoridades regionales y expertos en patrimonio cultural alertan sobre el daño constante que se inflige a estructuras milenarias, mientras las respuestas estatales siguen siendo dispersas.

La situación adquiere mayor gravedad si se toma en cuenta que muchos de estos monumentos ocupan territorios áridos o despoblados, donde la vigilancia estatal es limitada o inexistente. La falta de presencia en el terreno, sumada a la falta de articulación entre los ministerios y las autoridades locales, crea condiciones propicias para la intervención de intereses privados o criminales.

Los casos recientes registrados en distintas regiones del país reflejan una realidad compartida: los monumentos históricos más importantes del Perú no están a salvo, pese al estatus que los reconoce como patrimonio de la humanidad.

Uno de los ejemplos más sensibles es el de las Líneas de Nazca, en Ica. A pesar de ser uno de los patrimonios más conocidos a nivel mundial, las actividades de minería ilegal se acercan cada vez más a su entorno. En septiembre de 2024, el Ministerio de Cultura advirtió que esta zona es “la más afectada por la minería ilegal” en todo el país, según un informe enviado al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, reconoció públicamente que existe minería informal en el área. “El tema de la minería informal es una actividad que está presente en esta zona”, afirmó en entrevista con RPP. A pesar de ello, defendió la reciente decisión del Gobierno de reducir la extensión de la Reserva Arqueológica de Nasca de 5.600 a 3.200 kilómetros cuadrados, lo que generó suspicacias entre arqueólogos y defensores del patrimonio. Admitió que no tenía “la información exacta de qué tipo de mineral hay ahí”.

El documento ministerial presentado en el 2024 sostiene que, aunque existen regulaciones destinadas a proteger el patrimonio cultural, estas no son respetadas por los operadores ilegales, quienes actúan sin tener en cuenta “la fragilidad del bien arqueológico prehispánico”.

En el norte del país, la situación no es menos preocupante. El Complejo Arqueológico Chan Chan, ubicado en el distrito de Huanchaco, Trujillo, también sufrió daños recientes. Según información difundida por la agencia Andina, un grupo de personas ingresó con maquinaria pesada al sector conocido como Pampas de Alejandro y destruyó aproximadamente 600 metros cuadrados de zona intangible.

Las autoridades señalaron que estas invasiones suelen darse los fines de semana o durante feriados, cuando hay menor presencia de vigilancia. En esos momentos, los invasores aprovechan para remover tierras, destinarlas a cultivos o incluso lotizarlas para su posterior venta. El director del sitio arqueológico, Jorge Calderón, explicó que estas acciones no solo son ilegales, sino que comprometen directamente la preservación del sitio. “Representan una amenaza directa para la preservación de un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco”, sostuvo.

En la zona central del país, la situación de la Ciudad Sagrada de Caral también es alarmante. Su directora, la arqueóloga Ruth Shady, denunció amenazas reiteradas por parte de traficantes de terrenos. “Las amenazas continúan porque lamentablemente no tenemos todavía las defensas que estamos esperando que nos dé el Estado”, indicó en una entrevista con Canal N.

En el mismo diálogo, Shady recordó que antes contaban con cinco policías asignados, un vehículo oficial y una vivienda construida especialmente para los agentes. Actualmente, no hay personal policial en el lugar. “No tenemos ni siquiera uno. La casa del policía ahora está vacía”, señaló.

El valor de la tierra en la zona, según Shady, se disparó en los últimos años. “Si antes una hectárea podía costar 6 mil dólares, ahora no baja de 38 mil”, afirmó. El incremento del precio del suelo ha hecho que el lugar se convierta en un objetivo para grupos que buscan apropiarse ilegalmente de áreas adyacentes al sitio arqueológico.

En la región Áncash, el observatorio solar Chankillo, también reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco en 2024, enfrenta una ocupación ilegal que permanece sin solución desde 2019. En ese año, una familia se instaló en 4.500 metros cuadrados de la zona intangible. Pese a las denuncias ante el Ministerio de Cultura, no se ha concretado el desalojo.

En el 2021, con dron muestraban un pozo, un tanque de agua, una zona de cultivos y cercos de mallas dentro del área invadida. Erlis del Castillo Cañari, quien se presenta como el posesionario, asegura haber adquirido el terreno en 2009. Una carta enviada al arqueólogo Iván Ghezzi, director del proyecto Chankillo, detalla que solicitó un levantamiento topográfico para delimitar el espacio. La documentación existe, pero la ocupación continúa, sin presencia policial ni sanción administrativa.

En el norte, las Tumbas del Señor de Sipán, descubiertas por el arqueólogo Walter Alva, también están en la mira de intereses privados. El propio Alva explicó hace unos años que la escasa vigilancia durante los primeros meses de la pandemia permitió el ingreso de invasores. “Se debe delimitar las zonas arqueológicas y establecer un acuerdo con las comunidades que tienen tierras [allí], para que no puedan cederlas a terceros”, declaró.

Además, advirtió que las obras públicas muchas veces se ejecutan sin consulta al Ministerio de Cultura, lo que agrava la situación. El director del Museo Tumbas Reales de Sipán, Edgar Bracamonte Lévano, alertó que detrás de estas invasiones operan mafias de tráfico de terrenos. “Son capaces de desplegar maquinaria pesada para aplanar los sitios arqueológicos y efectuar un cambio de uso a las tierras”, aseguró.