Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han solicitado al Gobierno de Perú la derogación de la Ley 32330, que establece la imputabilidad penal para adolescentes de 16 y 17 años en casos de delitos graves como sicariato, extorsión y homicidio calificado.
De acuerdo con el comunicado conjunto emitido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Oficina contra las Drogas y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), esta normativa contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional que el país ha ratificado y que obliga a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De esta manera, instan a los poderes del Estado peruano a reconsiderar esta normativa y a priorizar, por el contrario, la asignación de recursos técnicos y económicos al sistema de justicia penal juvenil.
Según las organizaciones que se han pronunciado, esta sería una medida más efectiva para abordar los problemas de violencia y criminalidad, al tiempo que se garantizaría la prevención y la reinserción social de los adolescentes involucrados en actos delictivos.
Además, las agencias subrayaron que el 98 % de los delitos registrados en el país son cometidos por adultos, lo que, según sus análisis, evidencia que la reducción de la edad de responsabilidad penal no tendrá un impacto significativo en la disminución de la inseguridad ciudadana.
También advirtieron sobre los riesgos asociados a la implementación de esta ley. Señalaron que podría aumentar la posibilidad de que los adolescentes cumplan sus penas en centros penitenciarios junto a adultos, lo que, lejos de fomentar su rehabilitación, podría exponerlos a influencias negativas que perpetúen su involucramiento en actividades delictivas.
Asimismo, expresaron su solidaridad con las familias afectadas por la violencia en el país, reconociendo la preocupación generalizada por el deterioro de la seguridad ciudadana.
La Ley 32330, promulgada el pasado sábado por el Ejecutivo peruano tras su aprobación en el Congreso, modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
Reacción de autoridades
La norma ha sido calificada como “inconstitucional” por el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Ambas instituciones han expresado su rechazo, señalando que la medida vulnera derechos fundamentales de los adolescentes.
Pero, a pesar de estas críticas, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, defendió la medida, a pesar de ser ampliamente criticada, dado que “la mayoría de sicarios son menores de edad”.
El miembro de la bancada de Alianza por el Progreso, insistió en que la ley responde a un problema de seguridad pública, citando casos recientes en los que menores de edad habrían estado involucrados en actos delictivos graves, como el lanzamiento de granadas y asesinatos desde motocicletas.
Incluso mencionó incidentes ocurridos en la región de La Libertad, donde, según él, adolescentes entre 16 y 17 años habrían perpetrado ataques contra oficinas del Ministerio Público y la residencia de una jueza. Sin embargo, no presentó evidencia que sustente estas afirmaciones, limitándose a generalizaciones basadas en hechos recientes.
Defensoría del Pueblo presenta demanda
La Defensoría del Pueblo interpondrá una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, contra la ley que permite juzgar a adolescentes de 16 y 17 años como adultos en el sistema penal ordinario.
En un comunicado oficial, la institución explicó que esta acción legal se enmarca en su facultad establecida en el artículo 9° de la Ley N.º 29882, que le permite defender el Estado Constitucional de Derecho.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de mayo solicitó formalmente a la mandataria que observara la autógrafa de la ley antes de su promulgación, advirtiendo sobre los posibles impactos negativos que esta tendría en los derechos de los adolescentes.
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