Ucayali: Atacan con arma de fuego a líder indígena mientras trabajaba en su chacra

José Hugo Briones Taricuarima, comunero y exagente municipal de la Comunidad Nativa Flor de Ucayali, fue víctima de un ataque armado esta mañana, cuando realizaba labores en su chacra en los límites de su territorio, en la región de Ucayali. El ataque, que ocurrió el sábado 26 de abril, dejó a Briones con tres impactos de perdigones: uno en el estómago, otro en el brazo y un tercero en la clavícula. El incidente tuvo lugar a dos horas a pie del centro de la comunidad, en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo.

Briones relató que su supervivencia se debió en parte a un golpe de suerte: varios de los perdigones rebotaron en dos árboles cercanos, lo que desvió algunos de los disparos. A pesar de las graves heridas, logró regresar caminando hasta la comunidad, donde recibió los primeros auxilios de otros comuneros. Posteriormente, fue evacuado en una embarcación fluvial hacia el Hospital Regional de Pucallpa para recibir atención médica especializada.

Este ataque ocurre en un contexto de alta tensión en la comunidad. Desde hace tres días, un helicóptero del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (CORAH) ha estado sobrevolando el territorio comunal. Clever Guimaraes, subjefe comunal de Flor de Ucayali, informó que el incremento de cultivos ilegales de hoja de coca en la zona ha generado conflictos entre los miembros de la comunidad y grupos dedicados al narcotráfico. Además, en las últimas semanas, se ha advertido sobre la presencia de personas extrañas en el territorio comunal.

Comunidad replegada por constantes amenazas

La comunidad Flor de Ucayali ha enfrentado amenazas constantes por parte de traficantes de tierras y cocaleros ilegales que intentan apoderarse de sus tierras. Este ataque armado se considera una represalia por las actividades del CORAH, que ha estado llevando a cabo operativos de erradicación de cultivos ilícitos en la zona. El ataque también ocurre pocos días antes de que el Comité de Vigilancia y Control Forestal Comunitario de la comunidad retome sus actividades, lo que genera preocupación por el incremento de los riesgos para la seguridad de los miembros de la comunidad.

FECONAU (Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes), con el respaldo de organizaciones como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Proética, ha enviado un oficio de emergencia al Gobierno del Perú, solicitando la presencia urgente de autoridades para garantizar la vida e integridad de la comunidad. Además, piden que se investigue el ataque y se sancione a los responsables, y que se refuercen las medidas de protección que la comunidad recibe a través del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Narcotráfico y deforestación en territorio shipibo-konibo

La Comunidad Nativa Flor de Ucayali, ubicada en la provincia de Coronel Portillo, en la región de Ucayali, ha enfrentado una creciente presión derivada del narcotráfico y las actividades ilícitas que han invadido sus territorios. A pesar de contar con un territorio titulado de casi 21.000 hectáreas, la comunidad, habitada por alrededor de 70 familias de la etnia shipibo-konibo, ha sido blanco constante de amenazas, ataques y violencia.

Desde el 2021, los comuneros han sido intimidados por grupos armados vinculados al narcotráfico, quienes han llegado a invadir su territorio para proteger los cultivos ilegales de coca y los laboratorios de procesamiento de droga. Esta situación ha generado una serie de incidentes violentos, incluyendo incursiones armadas en el pueblo, como la ocurrida en noviembre de 2021, cuando un grupo de sujetos irrumpió en la comunidad disparando a los pobladores.

Además de los enfrentamientos directos con grupos armados, la comunidad también enfrenta una creciente deforestación derivada de la expansión de los cultivos de coca. Según informes, más de 2.000 hectáreas de su territorio han sido destruidas para dar paso a los sembríos ilícitos. La tala ilegal ha reducido considerablemente los recursos naturales clave para la subsistencia de las familias, como los árboles de tornillo, cachimbo y huairuro.

En respuesta, la comunidad ha implementado iniciativas para proteger sus bosques, como el uso de tecnología de monitoreo (drones y cámaras). Asimismo, en 2025 implementó un Sistema de Alerta Temprana (SAT), en colaboración con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), con el fin de mejorar la respuesta ante las amenazas. Sin embargo, la falta de presencia efectiva del Estado sigue siendo uno de los mayores obstáculos para la protección de los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente en la región.